De ANÁLISIS

El ex presidente de Enersa, Jorge González, era vigilado por Gendarmería desde los primeros días de abril. En horas previas a su detención, había llegado de pasar dos semanas en Río de Janeiro. Los efectivos lo siguieron hasta su casa desde el Aeropuerto de Rosario, según pudo saber ANÁLISIS. A primera hora del día siguiente, lo allanaron y detuvieron. 

La primera orden de allanamiento y detención contra González se libró en relación a una vivienda ubicada en calle Feliciano 166 en Paraná, donde residió hasta que fue nombrado en la.empresa de energía de Córdoba. Pero un comentario casual encontrado en el teléfono de Claudio Tórtul cambió el curso de los acontecimientos.

“Estoy saliendo de lo de González. Acá en el barrio hay un arroyo curado, le pusieron una membrana abajo. Era horrible me dijeron y quedó fantástico. Lo limpiaron y quedó genial eso che...”, le describió Claudio en un audio a su hermano Marcelo en julio de 2020.

Al chequear el domicilio para ir a allanar, los investigadores se percataron de que esos detalles no coincidían con la escena de calle Feliciano. Tampoco venían arrojando resultado positivo en esa dirección las geolocalizaciones de los celulares de González y su esposa.

El fiscal federal Fernando Domínguez no quería correr riesgos y solicitó una serie de medidas para constatar el domicilio antes de actuar. Fue la plataforma Mercado Libre la que dio la pista del barrio privado Puerto Barrancas: allí entregaban paquetes a nombre de González y de su esposa, Susana Marina Rodríguez. 

Con ese dato, la semana anterior a la detención, una comisión de gendarmes se acercó al barrio e hizo algunas preguntas, pero las respuestas fueron confusas y no conformaron al fiscal.

De Río a Gendarmería

El 30 de marzo se registró una salida del país de González. Llegó a los investigadores un dato que indicaba que el ingeniero abordó ese día en el Aeropuerto Internacional Rosario un vuelo de la empresa Gol rumbo a Brasil. Ante un pedido, la aerolínea informó que González y su esposa tenían pasajes de regreso para el 10 de abril.

El arribo del matrimonio estaba previsto para el viernes 11 a las 2.05 de la madrugada. Quince minutos antes llegó al lugar una comisión de Gendarmería y dispuso una vigilancia a la espera del vuelo procedente de Río de Janeiro.

A las 3.15 el matrimonio ingresó a la zona de arribos internacionales. Sin saber que eran vigilados por gendarmes, se dirigieron hasta el estacionamiento y se subieron a la camioneta Fiat Strada roja que habían dejado en el lugar. 

La pareja emprendió viaje a Paraná por la autopista Rosario-Santa Fe. Seguidos por los uniformados, a las 5.40 ingresaron al barrio privado.

Con esa constatación realizada, cinco efectivos del escuadrón de Gendarmería les golpearon la puerta a las 7.11 de la mañana del día siguiente, sábado 12 de abril.

Los gendarmes habían llegado al barrio quince minutos antes. Los recibió el guardia de ingreso y los guió hacia la vivienda. Tocaron el timbre y golpearon un buen rato sin obtener respuesta. Optaron por entrar por una puerta lateral que estaba sin llave.

González y su esposa estaban en el dormitorio del primer piso. Tras la lectura del acta correspondiente, se les preguntó si poseían objetos de valor en el domicilio. “De forma espontánea manifestaron que tenían ahorros resguardados en una caja fuerte en la planta baja”, informaron los gendarmes.

Los efectivos comenzaron el registro en el segundo piso, donde hay una habitación amplia y un baño. Luego, en el primer piso, revisaron dos habitaciones y el dormitorio principal. En el lavadero, en un contenedor de plástico escondido bajo una mesada, hallaron 263 mil dólares y 12 mil euros. 

Sobre una silla en el comedor, estaba la cartera de la esposa de González. Los gendarmes la revisaron y encontraron 617 mil pesos. En la caja fuerte había otros 7 mil dólares y 80 mil pesos en el cajón de un escritorio.

A las 12.57 los gendarmes se fueron del domicilio. Además del dinero, se llevaron dos computadoras, una tablet, varios teléfonos y más de 20 pendrives. 

La camioneta Fiat Strada roja modelo 2024 también fue requisada, pero no había en ella elementos de interés. Fue secuestrada junto con una lancha Eclipse 17 modelo Innovation.

Indagatoria y libertad

González fue trasladado incomunicado hasta el Escuadrón de Delitos Complejos en Buenos Aires, donde permaneció todo el fin de semana. El lunes 14 fue llevado al Juzgado Federal de San Isidro y allí fue indagado por Sandra Arroyo Salgado, asistido por su abogado Néstor Oroño, que participó por videollamada.

Al ingeniero se le informaron en detalle los delitos que se le atribuyen. Puntualmente, se lo acusó de recibir sobornos de parte de los hermanos Tórtul, con la coordinación de altos directivos de Securitas, para “aceitar” distintas gestiones.

Entre otras, se le mencionaron el contrato de Enersa con Securitas de 2017, su posterior prórroga, la renovación de ese contrato por otros dos años desde 2019 y una actualización del precio de los servicios a través de tres adendas. También haber iniciado gestiones para lograr la transferencia del contrato a la empresa Segar SA. 

A González se le reprochó, además, haber incurrido en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública “toda vez que se interesó en miras de obtener un beneficio propio o de un tercero, en razón de su cargo de Presidente del Directorio de Enersa”.

Tras afirmar que comprendía la imputación en su contra se le detallaron las evidencias existentes. Acto seguido, se le informó que las escalas penales “podrán reducirse a las de tentativa para quien brinde información o datos precisos, comprobables y verosímiles”, en virtud de un eventual acuerdo previo a la instancia de elevación a juicio y se le informó sobre el Programa de Protección a Testigos e Imputados.

“Por consejo de mi defensa, me abstengo de declarar y contestar preguntas”, fue la respuesta de González, que quedó en libertad bajo promesa de someterse al proceso, no obstaculizar la investigación, comunicar cambios de domicilio y no ausentarse por más de 48 horas sin aviso previo.

Desde entonces, corre un plazo de 10 días hábiles que vence el lunes 5 de mayo para que la jueza Arroyo Salgado defina si procesa o no al ex presidente de Enersa.