Por Pablo Alejandro Álvarez Miorelli (*)

Entre sumarios, vaciamiento y silencio oficial, el gobierno entrerriano avanza sobre quienes defendemos y construimos la escuela pública con una política autoritaria que erosiona derechos y dignidad en el sistema educativo.

Formo parte de ese colectivo docente que eligió esta profesión no solo por vocación, sino por una profunda responsabilidad: la de educar a los hijos e hijas del pueblo con compromiso, formación permanente y la convicción de que la escuela pública debe ser un espacio vivo, digno, abierto y profundamente humano.

Quienes habitamos el sistema educativo llegamos a nuestros cargos por mérito real. No el de la retórica vacía de la “meritocracia” que hoy proclama el gobierno provincial, sino el mérito auténtico: el del estudio constante, el esfuerzo cotidiano y los concursos públicos transparentes que garantizan una carrera docente sólida, basada en derechos humanos y democracia.

Lo que está ocurriendo en Entre Ríos es grave: se persigue deliberadamente a quienes sostenemos con esfuerzo cotidiano la escuela pública. Se castiga a quienes más la construyen. Docentes, directivos y supervisores hemos sido sumariados, hostigados y condenados por ejercer nuestros derechos, por defenderlos, por sostener principios de justicia en el aula. Y mientras tanto, seguimos enseñando con pasión: desde el teatro y la geografía hasta el turismo educativo y los vínculos humanos que solo quienes habitan una escuela pública pueden comprender.

La política educativa provincial ha fracasado. Reciclaron un viejo programa y lo presentaron como novedad: el “Plan Provincial de Alfabetización” no es más que el viejo plan “A Leer”, con los mismos materiales, pero ahora financiado por el Banco Mundial. Improvisan, no gestionan.

La conducción actual del sistema educativo ignora —o elige ignorar— el verdadero sentido de la escuela pública. Son cómplices todos los funcionarios que callan ante el ajuste, los descuentos arbitrarios, la precarización, la manipulación perversa de licencias médicas, las reubicaciones forzadas y el vaciamiento institucional.

Este gobierno no solo ajusta: persigue. No les alcanza con desfinanciar la educación, también quieren silenciarla. Cambian la educación como derecho por un paradigma mercantil. Sueñan con una escuela para pocos y un pueblo sin pensamiento crítico.

Pero no podrán silenciar a quienes hacemos escuela en los barrios, en el campo, en las comunidades. A quienes creemos en la educación como inversión social y no como gasto. A quienes sostenemos que detrás de cada escuela debe haber un Estado presente y una sociedad que no se resigna.

Hoy nos toca resistir. No luchamos solo por salarios o cargos: luchamos por el derecho a educar y ser educados en libertad. Luchamos por nuestros estudiantes y por el futuro de nuestra patria. Luchamos por la escuela pública como espacio de justicia social y de igualdad real.

Frente a esta gestión autoritaria, respondemos con más docencia, más comunidad y más organización. Porque no nos rendimos. Porque no estamos solos. Porque la dignidad vencerá. Este gobierno y sus funcionarios pasarán. La historia les pedirá cuentas. Nosotros, quienes recibimos sumarios por educar con compromiso y no entregar a

colegas en lucha, podremos mirar a nuestros estudiantes y a nuestras familias con la frente en alto. ¡Toda mi solidaridad con los colegas sumariados! Seguiremos construyendo juntos el apasionante mundo de la Escuela y la Educación Pública.

(*) Pablo Alejandro Álvarez Miorelli es docente en el nivel secundario. Vicedirector de la Escuela Nina NEP “Marcelino Román”.