Por Nahuel Maciel (*)

Ocurre en cada provincia del país y en cada país de América Latina: la Justicia Federal y las llamadas ordinarias (provinciales) son parte del problema y no de la solución en materia ambiental. Y lo son porque son incapaces siquiera de hacer cumplir la ley. Ya no se pide una mirada propia del paradigma del Siglo XXI que sería la de la prevención; ni siquiera pueden aplicar lógicas propias del Siglo XIX: el que rompe, paga.

Por eso los conflictos ambientales se suceden en cada rincón del país, ya sea por el extractivismo en todos sus modelos, la tala indiscriminada del monte nativo, la contaminación de las aguas dulces superficiales y las que están en las napas, las aplicaciones con agrotóxicos, la que genera una industria que produce y desecha sin controles adecuados.

El conflicto generado por la presencia contaminante de la pastera UPM (Botnia) en esta región es apenas uno de los ejemplos más visibles de por qué la Justicia es impotente para aplicar la ley. Hay que decirlo claramente: por la acción de los gobiernos (Poder Ejecutivo) y del Poder Judicial (Federal), los ciudadanos no tienen acceso al más básico servicio de justicia.

El juez Federal de Gualeguaychú e Islas el Ibicuy, Hernán Viri, es impotente siquiera para que los directivos de la pastera declaren en la causa iniciada en su momento (antes de la inauguración) por tentativa de contaminación. No se trata de la falta de compromiso individual de un magistrado, eso no está en tela de juicio ni de duda. Se trata de un sistema tan perverso que ni siquiera un magistrado puede tener la autoridad suficiente para que declare un directivo de una empresa como UPM ante un conflicto que se ha judicializado. Eso se llama impunidad.

Con la agricultura a escala industrial -y de carácter visiblemente de ecocidio- que implica millones de litros esparcidos de agrotóxicos, tampoco la Justicia provincial ha logrado siquiera que los aplicadores y productores respeten las mínimas y exiguas exigencias que le han impuestos a través de ese hipócrita concepto de “buenas prácticas”.

A diario se suceden las denuncias de las escuelas rurales y de vecinos que son rociados con veneno a plena luz del día.

No hay justicia. Es decir, no se pide una condena anticipada, sino el más elemental ejercicio del servicio de justicia. Sólo se atina a investigar –por cierto, de manera tibia y superficial- aquellos casos cuya mediatización les impide continuar cerrando los ojos a estos males que son cotidianos.

Es tan fuerte las presiones de los grupos de productores agropecuarios hacia el gobernador Gustavo Bordet y hacia el propio Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, que han impedido en Entre Ríos que haya una ley que mejore el sistema de las aplicaciones de agrotóxicos. Hay que decirlo claramente: el gobernador Bordet fracasó, no pudo, no quiso, sucumbió ante este colectivo de intereses rociadores de veneno que han logrado influir en la administración pública para promover acciones y omisiones de modo de evitar todo control fehaciente y eficiente.

En este contexto, las víctimas están a las buenas de Dios y dependen de algún sistema de salud que pueda paliar en algo sus enfermedades crónicas en el mejor de los casos y letales en la mayoría de las veces.

Otro ejemplo que refleja –expresa- el no hacer nada que caracteriza a la Justicia Federal en materia ambiental es lo que ocurre desde hace años con los incendios forestales, especialmente en la zona de humedales o del Delta entrerriano. No hay responsables ni culpables, apenas uno o dos peones señalados como iniciadores. Es una burla, mientras las llamas se devoran el rico patrimonio natural de los entrerrianos para beneficios de un puñado de productores agropecuarios.

Y a no confundirse: se saben quiénes son, qué parcelas ocupan, si son legítimos propietarios o usurpadores, qué producen, cuántas cabezas “vuelcan” en esas tierras y en qué momento mueven sus haciendas. Pero, nada: la Justicia Federal deja hacer, no se mete, no hace cumplir la ley. Es como si los jueces federales fueran -en el mejor de los casos- los empleados medievales de los señores feudales, los dueños del fuego.

Los ejemplos abundan porque el latrocinio y la depredación ambiental no tiene límites y frente a la anomia, no admite autoridad pública valedera. Esto ocurre con los llamados cotos de caza de especies de porte menor y mayor; con la introducción de especies exóticas y un mercado donde se trafica todo, incluidas las armas. El tráfico de influencia en este rubro es mucho más sórdido.

Hay más ejemplo. Lo ocurrido con el barrio fluvial Amarras a orillas del río Gualeguaychú es otro reflejo patético, porque aun cuando se deben aplicar sentencias condenatorias, todos miran para otro lado y nadie obedece –esta vez- a la Justicia. ¿Se entiende? La impunidad se expresa en todos los órdenes, no importa en qué escala de conflicto ambiental y social se esté viviendo. Para eso están los jueces supremos, las autoridades políticas, quienes deberían interpretar y luego aplicar la ley. Así, la impunidad es la seguridad de la arbitrariedad. Eso caracteriza –en materia ambiental- a la Justicia Federal, a la Justicia ordinaria y al Estado provincial.

Hay más ejemplos. Lo que está ocurriendo con el desmonte nativo ya tiene rango de ser una de las prácticas ecocidas más expandidas del sector agrario y forestal. En Entre Ríos la tala es indiscriminada porque hay ausencia de controles y porque no hay antecedentes en la Justicia de sentencias condenatorias. De vez en cuando –en el sector forestal- se suele denunciar mano de obra esclava o en condiciones inhumanas. Aun así, los propietarios son ajenos y casi siempre la responsabilidad queda en el capataz. La hipocresía en el abordaje de algunas problemáticas ambientales, económicas, sociales y de Derechos Humanos tiene en este ejemplo a uno de sus mejores radiografías.

Se trata de conflictos ambientales, de situaciones donde el poderoso ha violentado la ley y donde el ciudadano no cuenta con el Estado como aliado y ni siquiera cuenta con el elemental servicio de Justicia. En torno a esta realidad, solo hay debates y denuncias que no tendrán destino de Justica por la inoperancia de un sistema o por la debilidad de quienes deben observar la ley. Por eso, en materia ambiental cada año se vive un retroceso.

No se trata de establecer una falsa dicotomía. Es falso el debate ambiente versus desarrollo. Es ambiente y desarrollo. No es producción o ambiente; sino producción y ambiente. Pero, para que ello ocurra hay que hacer cumplir la ley. Y para eso se necesitan jueces dispuestos a hacerlo.

Caso contrario, ahí seguirán impunes las UPM (ex Botnia), la contaminación de los cursos de agua dulce, los rociadores de agrotóxicos, el desmonte sin límites, la caza indiscriminada, los vertidos industriales sin controles, los incendios consumiendo lo poco que queda. Y la lista no se agota.

En materia ambiental se vive en toda Entre Ríos un holocausto, un ecocidio. Lamentablemente, el Estado con sus tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) no tienen o no expresan una clara vocación por la vida.

Por supuesto, cuando las denuncias de las víctimas logran por algún momento conmover a la “agenda política”, y algún funcionario se atreve a movilizar el andamiaje legal, entonces desde los sectores contaminantes no se duda: pagan campañas de descalificación y encuentran voceros vocacionales para decir “que no hay otra forma de hacer las cosas”, “que se está en contra del progreso” y otras necedades de similar elaboración; y casi siempre terminan insultando, descalificando y agrediendo a quienes se atrevieron a denunciar lo que está ocurriendo.

En Entre Ríos tanto las autoridades provinciales como la Justicia ordinaria y la Federal pareciera que no han tomado nota o no se han informado de las alertas y alarmas que se están emitiendo desde hace décadas a escala mundial, a través de los más altos niveles de las organizaciones de la sociedad como –por ejemplo-  las Naciones Unidas, u otras agencias internacionales, o las que expresó con dolor el propio Papa Francisco a través de la Encíclica “Laudato Sí” o las que emiten innumerables científicos y sociedades científicas.

Mientras tanto, ante esta anomia, las catástrofes ambientales se suceden todos los días, sin descanso. Los desastres ambientales encuentran en la ausencia de controles a uno de sus mejores aliados y quienes lo provocan se sienten impunes, porque saben que no hay juez que quiera profundizar de verdad en el análisis de esas conductas.

Para que haya degradación ambiental, antes se tuvo que dar la degradación en los organismos de control y especialmente en los Juzgados. A pesar de las afectaciones que esa degradación ambiental genera en la salud -con endemias y pandemias-, nada conmueve al actual sistema. Y cuando por milagro se llega a una sentencia condenatoria, su pena es tan irrisoria, que evaluando costos-beneficios, pareciera que fuera una clara invitación a continuar con el ecocidio.

¿Qué hace falta para que la Justicia señale a los responsables de estos desastres ambientales? ¿Qué puede hacer un Estado cuando es impotente –no digamos cómplice- que ni siquiera puede hacer que un directivo empresario venga a declarar a la Justicia? ¿Qué queda luego de eso?

De nuevo: no hay que confundirse con este sistema de anomia. Porque el mismo Estado que está lejos de ejercer su rol de policía; el mismo Estado que no acierta en controlar este modo de producción; el mismo Estado que no puede evaluar los daños ambientales que se están produciendo diariamente; es el mismo Estado que les da subsidios a los ecocidas, es el mismo Estado que establece exenciones impositivas para quienes dañan el ambiente, y es el mismo Estado que les garantiza impunidad.

Si el desarrollo ha de tener futuro, eso dependerá del concepto sustentable que se aplique para proteger a la biodiversidad. Mientras tanto, la depredación y el ecocidio seguirá prevaleciendo en una Entre Ríos que es tierra de nadie, porque nadie se atreve a aplicar la ley.

(*) Esta columna de Opinión fue publicada originalmente en el diario El Argentino de Gualeguaychú.