La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), incautó 82 toneladas de soja en manos de operadores de la cadena agroindustrial que no contaban con la documentación respaldatoria que compruebe el origen legítimo de la mercadería. Los procedimientos fueron realizados en una planta aceitera de la localidad bonaerense de Villa Lía y en el acceso al Túnel Subfluvial, por un valor total de 7 millones de pesos. En los operativos participaron miembros de las fuerzas de seguridad federales y provinciales.

En ambos casos, los inspectores de la DGI llevaron adelante una fiscalización presencial de la documentación de los granos, que resultaron tener un origen dudoso, por lo que se presume que había sido producida por operadores marginales.

En Villa Lía, provincia de Buenos Aires, agentes del organismo que conduce Carlos Castagneto, junto a la policía bonaerense, llevaron adelante tareas de cubicaje en una planta extrusora y aceitera de soja y detectaron existencias por 46 toneladas de porotos que no contaban con la documentación que respalde su titularidad legítima. Como resultado de estas tareas de fiscalización y control, la DGI procedió a interdictar la mercadería, cuyo valor asciende a 4.150.000 pesos.

Túnel

Por otro lado, en el ingreso al Túnel Subfluvial, el personal de la AFIP constató irregularidades en el transporte de mercadería que pretendía ser trasladada a Córdoba. Los granos resultaron tener un origen dudoso, dado que no contaban con sus cartas de porte correspondientes, por lo que se presume que había sido adquirida en el mercado marginal. La Carta de Porte Electrónica es el único medio que respalda el transporte de granos por vía terrestre.

A raíz de las inconsistencias detectadas, el personal del organismo procedió a interdictar la carga de 36 toneladas por un valor aproximado de 2.800.000 pesos. En el operativo también participaron miembros de Gendarmería Nacional, dependiente del Ministerio de Seguridad.

Las áreas de la AFIP especializadas en actividades agropecuarias focalizan sus esfuerzos para desarticular potenciales maniobras de evasión impositiva y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. De esta manera, el organismo busca evitar que los distintos actores de la cadena cometan irregularidades que redunden en competencia desleal para los productores legítimos.