(De ANÁLISIS)
El Colegio de Escribanos de Entre Ríos recibió una intimación por parte del Gobierno provincial para presentar un proyecto de reglamento para los sumarios que se realizan a los profesionales titulares de registros notariales. Es que, hasta ahora, todas las investigaciones internas y sanciones impuestas a escribanos de la provincia se han realizado mediante una norma interna que nunca había sido aprobada por el Poder Ejecutivo.
La novedad se conoció a partir de un posteo en las redes sociales del propio Colegio, en el cual se informaba en tono positivo que las autoridades mantuvieron una “reunión muy productiva” los integrantes del Consejo Directivo, la Comisión de Sumarios y el asesor Jorge Petric. El mensaje dice alegremente: “Analizamos detalladamente el ‘Reglamento de Trámites de Superintendencia Notarial ante el Colegio de Escribano de Entre Ríos’ y el Proyecto de Decreto” sobre el mismo para elevar al Poder Ejecutivo provincial. ¡“Seguimos avanzando juntos en el fortalecimiento de nuestra institución y profesión!”, exclama con un emoji.
De las averiguaciones realizadas, se supo que el Consejo Directivo había sido informado hace un largo tiempo sobre la irregularidad que se estaba cometiendo: se juzgaba y sentenciaba a escribanos mediante un procedimiento elaborado por el mismo Colegio que nunca fue visto ni aprobado por el Gobierno provincial. Cabe recordar que un escribano o escribana es titular de un registro público, es decir, es un funcionario que ejerce un rol que el Estado le delega.
Hasta que a inicios de mayo el secretario de Justicia de la provincia, Martín Acevedo Miño, instó al Colegio a elaborar un proyecto para regularizar esta situación que violaría la Ley 6.200 de organización del notariado. Y de este modo emplazó a la institución a elevar la propuesta en las próximas semanas.
Ante las consultas sobre qué sucedería con los escribanos que han sido investigados y sancionados mediante un procedimiento que sería nulo porque pasó por encima de las facultades del Poder Ejecutivo, se explicó que no habría consecuencias porque, de algún modo, lo hecho, hecho está. Hará que ver qué sucede con los casos que aún están en trámite.
Los socios conocerán los balances comprendidos entre el 1/2/2023 y el 31/1/2024, y entre el 1/2/2024 y el 31/1/2025.
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