Lara es cuestionado por un viaje oficial a La Pampa: la actividad duraba dos días y se ausentó una semana.
(De ANÁLISIS)
El funcionario Pablo Palá, procesado por espionaje ilegal, terminó los seis meses de licencia sin goce de sueldo y volvió a trabajar al Tribunal de Cuentas, según se indicó a ANÁLISIS. Además, salieron a la luz otras irregularidades que estarían teniendo lugar en el seno del organismo que preside el ex diputado peronista y ex intendente de María Grande, Diego Lara. La información comenzó a trascender luego de que el programa Cuestión de fondo (Canal 9 Litoral) revelara gastos millonarios en refacciones de oficinas y en la compra de un vehículo de alta gama.
Palá y el director de Informática del gobierno de Gustavo Bordet, Alexis Lesa, están acusados de haber ingresado a la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones para determinar el paradero de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y del ex agente de la ex SIDE Antonio Stiuso horas antes de la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Al confirmarse el procesamiento de ambos, a Lesa se le pidió la renuncia y a Palá se le otorgó licencia sin goce de haberes por seis meses. Fue en septiembre del año pasado y, transcurrido el plazo, se reintegró a cumplir sus funciones en el organismo de control.
En otro orden, fuentes del organismo contaron a este medio que no disponen de fondos para comprar elementos básicos, como biromes, hojas o papel higiénico.
A la par, cuestionan gastos en viáticos no siempre justificados. Ponen como ejemplo un viaje realizado en el costoso Jeep Commander -adquirido en 53 mil dólares- para que Lara participara de una actividad institucional en la ciudad de La Pampa a fines de abril. “El problema es que el encuentro duraba dos días y Lara se ausentó durante una semana con el vehículo y con viáticos y gastos pagos por el TdC”, advirtieron las fuentes consultadas.
Otra situación tiene que ver con la caída de 13 contratos de pasantías, consecuencia de un error en el presupuesto que no los contempló. A la vez, se cuestiona que se continúan pagando contratos millonarios a dos personas que se ocupan de actualizar las redes sociales del organismo.
De un tiempo a esta parte, en las redes del TdC se reforzaron los contenidos, abundando en explicaciones sobre el trabajo que allí debe desempeñarse e incluso con videos de empleados que explican la función que cumplen.
Hay quienes consideran que un organismo como el Tribunal de Cuentas no tiene necesidad de brindar este tipo de comunicación, menos aún generando abultados contratos.
Para peor, aseguran desde el TdC que el funcionario a cargo de la comunicación del organismo que debería hacer esa tarea, percibiría un sueldo cercano a los 7 millones de pesos por mes. Se trata de Juan Russo, quien supo ser mano derecha del ex presidente del organismo, Guillermo Smaldone, hoy acusado de distintos delitos de corrupción.
Otra situación compleja que estaría teniendo lugar en el organismo se relaciona con el análisis de las rendiciones de cuentas del Ministerio de Producción y de la Dirección Provincial de Vialidad en el gobierno de Bordet. Se trata de informes de las gestiones de Álvaro Gabás y de Alicia Feltes respectivamente.
“Hay una grieta porque Lara y la cúpula el organismo quieren aprobar esas rendiciones y los fiscales consideran que hay elementos para iniciar un juicio de cuentas”, contó una fuente a este medio.