De ANÁLISIS

El miércoles 10 de junio se cumplirán seis meses desde que el gobernador Rogelio Frigerio dispuso la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper). La normativa vigente no contempla la posibilidad de instrumentar una prórroga. Si en los próximos 20 días no se logra sancionar la ley de creación de la nueva obra social de los empleados públicos, habrá que llamar a elecciones y elegir un nuevo directorio obrero.

El Iosper fue intervenido mediante el decreto 3.675 del 10 de diciembre de 2024, firmado por Frigerio y por los entonces ministros de Salud, Guillermo Grieve, que renunció al cargo dos meses más tarde, y de Gobierno, Manuel Troncoso.

En ese entonces, el objetivo que el gobernador expresó ante la prensa era “reorganizar y optimizar los recursos”. Nada se dijo de avanzar con una nueva obra social.

La ley de creación del Iosper, en su artículo 29, establece que la intervención de la obra social se puede disponer ante “graves irregularidades administrativas, técnicas y contables” y señala que “no podrá durar más de seis meses”. Cumplido ese plazo, “se procederá a la designación de nuevas autoridades”.

El plazo de seis meses se cumplirá dentro de 20 días: el martes 10 de junio.

Trámite legislativo

El proyecto de ley de disolución del Iosper y creación de la OSER fue presentado en el Senado por el Poder Ejecutivo el 28 de abril. En la sesión del día siguiente tomó estado parlamentario y fue girado a las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Salud. La urgencia que le imprime el gobierno al trámite impacta directamente en la parsimoniosa dinámica de la Legislatura.

Las tres comisiones comenzaron a abordar la iniciativa en reuniones conjuntas. En ese ámbito expusieron el 7 de mayo el interventor Mariano Gallegos y el sub interventor Ricardo García. Una semana más tarde fueron recibidos representantes de los distintos gremios de estatales.

No se conoce demasiado sobre el impacto que está produciendo en los legisladores el conjunto de posturas que les fueron presentando. No hubo pronunciamientos políticos desde los bloques y se desconoce si se habrá o hubo algún encuentro entre diputados y miembros del Senado, donde el peronismo tiene mayoría.

Para este martes está prevista la concurrencia a las comisiones de la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) y de una asociación civil que representa a los afiliados. El miércoles, en tanto, serán recibidos la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (ACLER), el Colegio de Farmacéuticos y la Asociación de Proveedores de Ortopedias, Cirugías e Insumos de Entre Ríos (APOCIER).

Según pudo saber este medio, el oficialismo trabaja por estas horas en la introducción de modificaciones al texto. El objetivo es alcanzar un dictamen y que el proyecto sea debatido en la próxima sesión ordinaria del Senado, prevista para la semana que viene. Esto si no aparece una sesión especial esta misma semana buscando apurar el trámite y que el proyecto pueda estar la semana que viene en la Cámara de Diputados.

En la Casa Gris hay seguridad respecto a la aprobación. “La ley sale sí o sí”, sostienen en distintos despachos. Circula la versión de que al menos dos legisladoras peronistas estarían dispuestas a levantar la mano en virtud de un acuerdo político que incluye recursos para sus respectivos departamentos.

Claro que, para llegar a esa instancia, primero debe alcanzarse el quórum necesario para sesionar y para ello hay que contar si o sí con la presencia de al menos un senador de la oposición, dado que el peronismo ocupa 9 de las 17 bancas que conforman el cuerpo.

Si el PJ decide no dar quórum, rechazando de ese modo la creación de la nueva obra social, al cabo de dos sesiones consecutivas fracasadas se puede abrir el debate con la tercera parte de los miembros, es decir con seis senadores, tal como lo establece el artículo 107 de la Constitución provincial.

Si el proyecto consigue aprobación en el Senado la semana que viene, como esperan en la Casa Gris, pasará a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo tiene mayoría y la votación está asegurada. Si no dan los tiempos, el 10 de junio concluirá la intervención y las autoridades interinas deberán convocar a elecciones para conformar un nuevo directorio que continúe gestionando el Iosper con la ley actual.