Impulsados incluso por el kirchnerismo, en los últimos años se debatieron en el Congreso varios proyectos para regular las protestas sociales, aunque las iniciativas nunca lograron el consenso necesario para llegar al recinto.
En medio de la polémica por los cortes de calles de esta semana a cargo de trabajadores de las empresas Cresta Roja y Techint en el acceso al Aeropuerto de Ezeiza y en la Ciudad, el ministro coordinador resaltó en declaraciones a Radio Mitre que "las fuerzas de seguridad tienen que ser profesionales para que la situación (los cortes) se resuelvan de manera pacífica", reprodujo Infobae.
La preocupación por el nuevo gobierno no pasa solo por lo traumático que resulta el constante bloqueo de rutas y autopistas, sino también por la conflictividad social que suele ebullir en distintos puntos del país durante diciembre. Fuentes del gobierno explicaron al diario Tiempo Argentino que el nuevo "equipo" que preparan para controlar la protesta social estará a cargo de Marcos Peña, pero el control operativo del Consejo de Seguridad Interior quedará a cargo del ex diputado del GEN, Gerardo Milman, quien participó de la primera reunión de ese organismo junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En ese encuentro, según reveló uno de los asistentes, "fue mencionado un comité para afrontar las protestas y evitar los piquetes con alcance nacional".
Precisamente, el secretario del Consejo de Seguridad Interior, Gerardo Milman, puntualizó a Página/12 que el protocolo aportará “canales de diálogo más fluidos” entre los manifestantes y las autoridades que deben resolver los conflictos, y que se ofrecerán “lugares específicos para mediatizar” las protestas, lejos del tránsito. Para Milman hay “dos derechos en pugna” durante los piquetes y movilizaciones, el de quienes se manifiestan y “los ciudadanos que deben trasladarse”, por lo que el protocolo tratará de “garantizar ambas prioridades”.
Milman, que trabaja bajo la órbita del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, descartó que el gobierno esté trabajando bajo la hipótesis de saqueos para las fiestas, aunque admitió “preocupación, dado que es una historia repetida cerca de fin de año” y aseguró que el ministerio realiza “monitoreos cotidianamente” de manera preventiva sobre los territorios. El funcionario también negó que las medidas económicas despierten protestas, pese a los despidos que ya sucedieron y la escalada inflacionaria. Según Milman, “los trabajadores no perderán poder de compra” por lo que la conflictividad irá decreciendo y “se terminará la crispación con que los argentinos nos acostumbramos a vivir”.
Sin embargo, desde el FpV señalaron que “lo que buscan es disciplinar a la sociedad ante la creciente protesta social”, criticó el diputado nacional Leonardo Grosso (Buenos Aires), para quien “las últimas medidas generaron una enorme transferencia de recursos desde el pueblo hacia cinco familias y las corporaciones”, lo que generará “un contexto de adversidad” para los trabajadores. Grosso, que acompañará la movilización que la CTA, la CTEP y otras organizaciones realizarán hacia el Ministerio de Trabajo el próximo martes en reclamo de un bono navideño de 5 mil pesos, señaló que en lugar de diseñar un marco para las protestas, el gobierno “tiene la obligación de garantizar que los trabajadores tengan seguridad en el trabajo”. “Es preocupante que se declare la emergencia en seguridad y nadie sepa las atribuciones que tendrán las fuerzas represivas para encarar los conflictos”, señaló Grosso.
Foto: Infobae.
