Según explicaron en el comunicado enviado a ANALISIS DIGITAL, el citado decreto “crea un ámbito integrado por representantes del PEN, los gobiernos provinciales y representantes de las cámaras legislativas para elaborar una propuesta para eliminar progresivamente la detracción del 15 por ciento de la coparticipación que sufren las provincias para financiar el ANSES desde que entró en vigencia el Acuerdo entre el gobierno nacional y las provincias celebrado el 12 de agosto de 1992”.
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la prórroga de dicho pacto operada por ley 26.078 del gobierno nacional, pero sin la participación de las provincias. Esos fallos tienen efectos para las Provincias de Santa Fe y San Luis”, recordaron.
Los fiscales de Estado mantienen en este momento una reunión en la sede del Consejo Federal de Inversiones, en Buenos Aires.
Rodríguez Signes, que participa del Foro desde la vicepresidencia, dijo que “adherir al decreto 406 sin ninguna reserva implica admitir que los descuentos operados son legítimos. Además el decreto no establece la devolución progresiva sino la creación de una comisión para que elabore una propuesta para la eliminación, es decir, es solo una expresión de deseos, sin efectos jurídicos concretos”.
“Tucumán, San Juan, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Catamarca, Chaco y Formosa ya presentaron sus demandas; Entre Ríos, Santa Cruz, Santiago del Estero y Mendoza presentaron reclamos administrativos previos a la demanda judicial. Si adhirieran al decreto deberían desistir de las demandas y reclamos interpuestos. En el caso de Entre Ríos la adhesión debería ser aprobada por ley, porque fue la Legislatura la que dio por decaídos los pactos e instruyó a la Fiscalía de Estado a demandar”, detallaron.
En el caso particular de la provincia de Entre Ríos, se informó, “la detracción del 15 por ciento representan unos 3.400 millones de pesos para el año 2016. Esa cifra alcanzaría para resolver los problemas presupuestarios de la provincia. Incluso hasta representaría un superávit. De allí la importancia para resolver el problema y obtener el reconocimiento de los derechos de las provincias en el menor tiempo posible”.
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