El decreto de reducción de organismos públicos del agro y la industria afectará principalmente al INTA, al INTI y a otros entes vinculados con las economías regionales y la ciencia.
El Poder Ejecutivo ya tiene redactado y listo para publicar en las próximas horas el decreto por el cual elimina dependencias del área de agricultura (entre ellas, los institutos nacionales de agricultura familiar, campesina e indígena, y el de semillas), y vacía otros como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) o el Instituto Nacional de Vitivinicultura (VIT) para nombrar a algunos.
El desmantelamiento total o parcial de organismos vinculados a la producción y el desarrollo regional se da en el marco de la emergencia pública declarada con la Ley Bases y Punto de Partida. Dicha emergencia fue establecida por un año, que está próximo a cumplirse, y habilita ciertas modificaciones en la estructura del Estado que el Ejecutivo puede realizar en ese lapso. Para hacerlo más adelante, debería obtener un aval del Congreso.
Bajo el paraguas de dicha delegación de poderes al Ejecutivo, el Ministerio de Desregulación puso el ojo sobre organismos cuyas funciones, competencias y regulaciones estaban orientadas, hasta acá, a favorecer la integración económica para regiones, segmentos poblacionales o actividades específicas con algún grado de dificultades o vulnerabilidad. En otros casos, se trata de entidades destinadas a favorecer el acceso a insumos que, de otro modo, quedan monopolizados por grandes corporaciones.
Este último caso es el de las semillas, por ejemplo, insumo que cuenta con un instituto nacional de investigación específico, el INASE, que a través del decreto ya firmado y que está próximo a ver la luz, será eliminado; publicó el diario Página/12.
Igual suerte correrán, si el decreto avanza, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, campesina e indígena (INAF), y la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), dependiente de la Secretaría de Industria.
Fines de exterminio
Todas las responsabilidades de promoción, investigación y desarrollo que vienen realizando hace años esos organismos quedarán desmanteladas en nombre del combate al “sobredimensionamiento de la estructura estatal” y el logro de “una gestión pública eficaz”, que es como lo califica el texto del decreto en los considerandos.
La “población objetivo” de empleados públicos del aludido decreto asciende a 88.095 agentes que el Ministerio de Desregulación, de Federico Sturzenegger, identificó como prestadores de servicios en 111 organismos (40 “desconcentrados” y 71 “descentralizados”) sobre los que desplegó su búsqueda con fines de exterminio, consignó el portal de Página/12.
El decreto, en los considerandos, hace referencia a distintos regímenes creados a lo largo de los últimos para sostener a pequeños agricultores, pero sólo para denostarlos y descalificar su actuación. En algunos casos cuestionando su falta de operatividad, en otros su carácter “intervencionista”, y en todos los casos para terminar recomendando su disolución. Nunca sugiriendo su corrección para alcanzar sus objetivos.
Degradación de funciones
Con respecto al instituto nacional de vitivinicultura, el decreto afirma que “el contexto actual del sector vitivinícola argentino demuestra una tendencia contractiva sostenida en el tiempo, que pone en cuestión la eficacia de las políticas públicas de fomento que pudiera haber desempeñado el mentado Instituto”.
Y a través de responsabilizar a las políticas públicas por las crisis actuales, considera justificada la decisión de reducir la capacidad de gestión del INV; transformándolo de organismo autárquico a una simple “unidad organizativa” dependiente de la Secretaría de Agricultura.
El mismo procedimiento le aplica el decreto al Instituto Nacional de Tecnología industrial (INTI), que pasa a ser una unidad organizativa de la Secretaría de Industria. Se fundamenta la medida en la afirmación de que, “con el transcurso del tiempo, el mencionado organismo evidenció un crecimiento de su dotación de personal sin correspondencia con el aumento de los servicios prestados; además de que muchas de las actividades que desarrolla no responden a las actuales y prioritarias necesidades y demandas del sector”.
También se dispone la transformación del instituto nacional de la propiedad industrial (INPI) en “organismo desconcentrado” dependiente de la Secretaría de Industria.
Un INTA versión light
Finalmente, con respecto al INTA, tras descalificar la labor de sus profesionales y técnicos, así como su trabajo en el territorio, se afirma en el decreto que, “atento a que las funciones sustantivas del organismo pueden ser plenamente desarrolladas en el ámbito de la Administración Pública centralizada, corresponde transformar al INTA en un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Agricultura”, perdiendo así su carácter de organismo autárquico.
De esta forma, el INTA perderá autonomía administrativa y financiera. Otras modificaciones que se introducen a la ley de su creación, reducirán significativamente sus facultades. Queda eliminada la capacidad de “crear servicios de extensión, campos demostrativos o explotaciones piloto”, pilares fundamentales de su trabajo en campo para asistir técnicamente a productores regionales, señaló el portal de Página/12.
También se reformula el esquema de conducción, concentrando el poder en una sola persona: el presidente que será designado por el Ejecutivo -cuando actualmente la conducción se ejerce a través de un cuerpo colegiado de diez miembros-. En el directorio, además, se elimina la representación universitaria específica (Facultades de Agronomía y Veterinaria).
