Los camaristas Rubén Darío Jukic, Daniel Acosta y Alfredo Ivaldi Artacho consideraron que para suspender la matrícula de Amelong, no hubo intervención o pronunciamiento del Tribunal de Ética en pleno del Colegio de Abogados como, tal como lo exige la Ley Orgánica del Poder Judicial de Santa Fe.

De acuerdo a lo informado por La mañana rosarina de La Tres, la Sala Cuarta del Tribunal de alzada, consideró que no se le puede retirar la matrícula a Amelong hasta tanto se resuelvan los recursos presentados luego de la condena, reprodujo La Capital.

En tanto, Del Vecchio, consideró este lunes que “la Cámara hizo una lectura demasiado estricta del artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

Además, justificó la decisión del Colegio de suspender la matrícula del condenado al señalar que la entidad “debe garantizar a la población que quien ejerza la profesión sea una persona ética”.

Condenado por sus actuaciones en el Batallón de Inteligencia 121

El Tribunal Oral Federal que investigó el funcionamiento de una maternidad clandestina en el Hospital Militar de Paraná durante la última dictadura, declaró culpables a cinco de los seis imputados de los delitos de sustracción de un menor y de adulteración de identidad, imponiendo penas de entre 5 y 14 años de prisión.

Los jueces Roberto López Arango, Lilia Carnero y Juan Carlos Vallejos, condenaron a los miembros del Batallón de Inteligencia 121 de Rosario, Pascual Oscar Guerrieri (14 años de prisión), Jorge Alberto Fariña (13 años), Juan Daniel Amelong (13 años) y Walter Pagano (11 años), mientras que el médico del nosocomio, Juan Zaccaría recibió una pena de 5 años. A la vez, el tribunal resolvió absolver de los delitos investigados en la causa al ex militar Marino González, también ex integrante del batallón rosarino.

El juicio comenzó el 24 de agosto y durante la etapa de producción de prueba declararon 40 testigos, entre los cuales se encontraron periodistas, ex detenidos políticos, médicos, militantes de derechos humanos, ex agentes de la represión y familiares de Raquel Negro. Éste fue el primer juicio por crímenes de lesa humanidad sustanciado en Entre Ríos, en este caso por el robo de bebés nacidos en cautiverio en el Hospital Militar de Paraná en marzo de 1978.