La Corte consideró que “los recursos extraordinarios no se dirigen contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (artículo 15º ley 48º), por lo que “se los declara mal concedidos”, afirmó.

El fallo, fechado el 8 de junio y firmado por Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, desestima las pretensiones que tenían los hermanos Pacayut y los otros seis imputados que habían cuestionado la resolución que dispuso el auto de procesamiento.

Desde la Oficina Anticorrupción de la provincia, que actúa como querellante en la causa, el abogado Gustavo Acosta indicó que “se está tramitando otro recurso extraordinario que fue interpuesto, y se espera la auto elevación a juicio y citación que deberá resolver el Superior Tribunal de Justicia”.

En cuanto a la prescripción, el letrado indicó que “teniendo en cuenta que uno de los imputados fue funcionario público, y la condena de peculado sería de unos 10 años, creo que los plazos no se vencerían el año próximo”.

“El Tribunal ya garantizó la absoluta defensa, incluso creo que ha sido muy generoso en ese aspecto, prolongando esta situación”, sostuvo Acosta en declaraciones al programa A quien corresponda (Radio De la Plaza).

En cuanto a que la Oficina Anticorrupción está como querellante en la causa, el abogado señaló: “Vamos a cumplir en cuidar los intereses del Estado y seguimos a la espera de las resoluciones”.

El caso

En rigor, lo que los imputados cuestionaron a través de un recurso extraordinario ante la Corte –el que no fue concedido–, fue por el auto de procesamiento que dispuso el delito de peculado. Según el argumento de la defensa, a los imputados se les agravó la situación procesal, cuando se elevó la causa a juicio, adjudicándoles un delito más grave que por el cual habían sido procesados inicialmente y por ese motivo solicitaban a la CSJN que se declare nulo el auto de procesamiento.

A decir de la defensa –cuestionamiento que también hicieron en abril pasado ante la Sala Nº 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) cuando interpusieron un recurso de casación contra la resolución de elevación a juicio, del que tampoco obtuvieron un fallo favorable– con el cambio de la calificación legal, hubo una violación de los derechos de los imputados.

Así la cosa, la reciente resolución de la CSJN, lo que dispone es que el caso vuelva al juzgado de origen, es decir la Cámara del Crimen de Paraná, donde se deberá sustanciar el juicio oral y público para los hermanos Pacayut y otras seis personas, imputadas de delito de peculado.

La investigación contra el ex senador Abelardo Pacayut, la inició la ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). La denuncia se interpuso el 31 de marzo de 2001 y pese a los años transcurridos, todavía no se pudo fijar fecha para el juicio oral y público, situación que se espera que suceda ahora con la reciente resolución de la Corte Suprema.

Los procesados están acusados de peculado en perjuicio de la administración pública, a raíz de los millonarios Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que llegaron a la provincia durante la segunda gestión de Jorge Busti (1997), los cuáles debían destinarse para las obras del Puerto Ibicuy.

Sin embargo, por aquellos años, se constituyó un grupo que se autodenominó “Comisión de fomento pro desarrollo del Puerto de Ibicuy – Asociación Civil sin fines de lucro”, sin personería jurídica ni sede social.

Fue esa comisión, la que encaró la concreción de la obra “Ampliación Puerto Ibicuy”. La precaria asociación civil convocó a una licitación privada y adjudicó la ejecución de la obra a la firma “Perfomar SA”, con supuesto domicilio en la ciudad de Buenos Aires, por un monto de 29.855.057 pesos (en esa época había paridad uno a uno con el dólar) más IVA.

Luego de advertirse, sorpresivamente, las carencias y limitaciones de la asociación, así como la idoneidad en la materia del Instituto Portuario Provincial (IPP) y el Ente Autárquico Puerto Ibicuy (EAPI), la Comisión de Fomento ceden el contrato suscripto con Perfomar SA a las entidades públicas.

El convenio se formalizó en Ibicuy entre la asociación, Carlos y Abelardo Pacayut como presidentes respectivamente del EAPI y el IPP. Fue un instrumento privado, sin firmas certificadas ni fecha cierta, y sin ninguna mención a la previa conformidad de Perfomar SA.

“Los funcionarios admiten y hacen asumir al Estado el negocio que la asociación fantasma había concertado con Perfomar SA”, se afirmó en la denuncia. La historia continuó con una serie de modificaciones sustanciales a las cláusulas contractuales y una interminable lista de irregularidades en el manejo de recursos públicos.

Se acusa a los hermanos Pacayut de haber sustraído la suma de casi 14 millones de pesos que, entregados ó transferidos a Perfomar SA (adjudicataria de los trabajos de la ampliación del Puerto Ibicuy) en concepto de “anticipo”, que “nunca fueron restituidos ni rendidos, ni reconocen como contraprestación trabajos ejecutados por la misma”, se indica en la causa.

“Además, los trabajos encarados por la provincia (que demandaron una inversión de alrededor de 10 millones de pesos) habrían sido cobrados con un sobreprecio que asciende al 60 por ciento”, se denunció, tras lo cual se concluyó que “todo lo cual terminó en una obra que resultó inviable con un millonario perjuicio económico al erario público”.

Además de los hermanos Pacayut, en esta causa están procesados: Norberto Durrels, Rafael Alberto Morana, Alberto Víctor Gavio, Julio César Ivanovich y Carlos Alberto Lovera. Los dos primeros como autores principales, y el resto como partícipes necesarios del mencionado delito, considerados responsables de prestar una contribución fundamental en la gestión del ATN, publicó El Diario.