La militante de HIJOS, Florencia Amestoy, recordó que la campaña se lanzó en septiembre en el marco de los 37 años de La Noche de los Lápices, y cerrará el 19 de diciembre, fecha en que se cumplen los 10 años de la solicitud de reapertura de la causa conocida como Área Paraná por parte de familiares de víctimas del terrorismo de Estado y organismos de Derechos Humanos.

“Todavía seguimos con la campaña juntando firmas, y para ello, hay planillas en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, en Andrés Pazos 182”, precisó Amestoy.

Actualmente se encuentran procesados en esa causa diez represores por crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 52 personas durante la última dictadura cívico militar.

Los primeros procesamientos se dictaron en 2009, mientras que en abril de 2011 el expediente fue elevado a plenario (juicio por escrito).

Los imputados cumplen prisión preventiva de más de tres años, con la consecuente posibilidad de quedar libres antes de la sentencia, y ser una amenaza a las víctimas y querellantes, no sólo de su integridad física sino de la posibilidad de fugarse y enturbiar aún más la causa y su posibilidad de justicia.

“Como se puede advertir, el proceso se viene desarrollando con una pronunciada lentitud y el dictado de la sentencia no se vislumbra en lo inmediato. El paso del tiempo favorece a los imputados, que se mueren impunes como el genocida Juan Carlos Ricardo Trimarco –principal responsable de la ejecución del terrorismo de Estado en Entre Ríos– o son beneficiados por padecer problemas de salud que les impedirían comparecer ante los tribunales”, indicó la Agrupación.

“Mientras vemos que en otras jurisdicciones del país, causas tanto o más complejas han avanzado durante los últimos años y fueron llevadas a juicio oral, con el dictado de veredictos en algunos casos ejemplares, en Paraná los genocidas siguen sin condena y las víctimas y familiares continúan esperando justicia como hace 37 años.

En esta década que termina, que ha sido la década del Juicio y Castigo en Argentina, la Justicia Federal de esta ciudad no ha sabido hasta ahora cumplir con su parte y sigue en deuda con las víctimas, sus familiares, los organismos de derechos humanos y el pueblo en su conjunto”, se agrega en el comunicado que difundió APF.