El gobernador de la provincia, Jorge Busti (PJ), anunció que esta semana será presentado ante la Legislatura el borrador de un anteproyecto para que el Estado provincial se quede con el 51 por ciento de las acciones del Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima (BERSA). Según el mandatario, “el patrimonio neto del banco oscila entre 20 y 22 millones de pesos”, por lo que “dentro del proyecto pedimos que se nos autorice a abonar por las acciones del banco un precio equivalente al patrimonio neto de la entidad”. De todas maneras, las gestiones con el gobierno nacional comenzarían recién tras la aprobación del proyecto.

El gobernador reconoció que en los próximos días estaría lista la propuesta que, una vez aprobada en la Legislatura, será enviada al gobierno central para que el Estado entrerriano se quede con el 51 por ciento de las acciones del Nuevo BERSA. En la iniciativa se establece que el 39 por ciento de los títulos pertenecerán al capital privado, mientras que el diez por ciento restante será para los empleados, en un Programa de Propiedad Participada.

“El patrimonio neto del banco oscila entre 20 y 22 millones de pesos”, dijo Busti, para luego agregar que “dentro del proyecto que enviaríamos a la Legislatura, pedimos que se nos autorice a abonar por las acciones del Nuevo BERSA un precio equivalente al patrimonio neto de la entidad”, aunque aclaró que antes se realizarán auditorías públicas o privadas para la verificación de activos y pasivos incluidos en el balance del BERSA. La idea que estamos trabajando sería como volver a las fuentes”.

El proyecto, lo que establece es una autorización de la Legislatura al Poder Ejecutivo para realizar las gestiones necesarias ante el Banco de la Nación Argentina, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y cualquier otro organismo dependiente del Estado nacional para la cesión de la mayoría accionaria al Estado entrerriano.

Respecto de la integración del directorio, el gobernador Busti sostuvo que en caso de ser aceptada la propuesta, estaría compuesto por una integración mixta, con el sector privado para controlar la orientación del crédito. “Nuestra propuesta es que la propia ley diga que no se puede tomar empleados, que el directorio deberá ser absolutamente profesional y que los propios trabajadores intervendrían en la conducción con el Programa de Propiedad Participada, de modo que no se politice el banco ni termine siendo una agencia de empleo”.

Fuente: El Diario.