Por Betiana Spadillero Gaioli
(de ANALISIS DIGITAL)

Este jueves se reanudó el debate en el Tribunal Oral de Paraná por el robo de bebés y sustitución de identidad durante la última dictadura cívico-militar.

Por otro lado, ayer se leyeron las requisitorias de la elevación a juicio. Los ex miembros del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, mantuvieron la mirada fija y distante, con la soberbia de un convencimiento atroz: que había que combatir -porque para ellos era una guerra- al pensamiento crítico. Afuera del Juzgado, militantes de derechos humanos y organizaciones de la capital provincial se manifestaban celebrando la llegada al banquillo de los genocidas y repudiando una vez más los delitos de lesa humanidad perpetrados en la última dictadura cívico-militar.

Exterminaron a toda una generación y diagramaron un plan sistemático para borrar las huellas de quienes ellos mismos se encargaron de hacer desaparecer. Sin embargo, gracias a una incasable búsqueda, Sabrina Gullino y Sebastián Álvarez pudieron este miércoles estar frente a los responsables de la desaparición de sus padres.

En la primera audiencia de la Causa Hospital Militar, las defensas solicitaron la unificación de las partes querellantes, basándose en el “principio de paridad de armas”, y reclamaron que se “mejore la situación” de los imputados detenidos en la Unidad Penal Nº 1 –Guerrieri y Zaccaría tienen prisión domiciliaria- o se los traslade a otra dependencia de las fuerzas de seguridad. No obstante, el Tribunal integrado por Roberto López Arango -presidente-, Lilia Carnero y Juan Carlos Vallejos -subrogante-, desestimó ambos planteos.

Además, se leyeron las requisitorias de elevación a juicio, durante las cuales Fariña pidió retirarse momentáneamente por “problemas de salud”, sirviéndose de una conocida excusa implementada por los militares.

El debate comenzó a sala llena. La jornada se tiñó de fuertes emociones, de quienes celebraron llegar a juicio tras una larga lucha, de quienes no dejan de indignarse por la atrocidad de la dictadura, y de quienes confían en la democracia. Con fuerza y esperanza, la sociedad abrazó a Sabrina y Sebastián y los acompañó en el difícil inicio de una jornada que representa un fragmento de la bandera "Verdad y Justicia".

En la audiencia de este miércoles, se dio lectura a las requisitorias de la elevación a juicio. “Sabrina Gullino es el capítulo local de un plan sistemático de tortura, desaparición de personas, saqueos y robo de bebés”, sintetizó la presentación de la parte querellante, que detalló los hechos que constan en la causa.

En el texto se precisaron además las acusaciones que se les atribuyen al teniente coronel retirado Guerrieri (segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército de Rosario), al mayor Fariña (jefe de Operaciones Especiales), al teniente Amelong (jefe de Sección y segundo jefe de Operaciones Especiales), al capitán González (jefe del GT), al agente Pagano y al capitán médico Zaccaría. De la misma manera, se mencionaron las pruebas recabadas durante la etapa instructoria, incluidos documentos y declaraciones testimóniales de víctimas y testigos de la represión.

La lectura se interrumpió por unos minutos frente al pedido de la defensa para que Fariña se retire de la sala por “su estado de salud”. El letrado anticipó que el imputado pedirá formalmente seguir el debate en una sala contingua, certificado médico mediante.

Una vez escuchadas las requisitorias de la Fiscalía y de la querella particular de los hijos de Raquel Negro, se pasó a un cuarto intermedio hasta las 14, tras el cual se lo vio nuevamente a Fariña en la sala, quien hacía gestos de supuesta descompostura. En la segunda parte de la jornada se retomó con las presentaciones de las restantes partes acusatorias, lo que se extendió hasta las 18. Luego, las defensas reclamaron que se “mejore la situación” de los imputados detenidos en la Unidad Penal Nº1 o que se los traslade a otra dependencia de las fuerzas de seguridad; lo que fue denegado.

Cabe señalar que a la audiencia lograron ingresar militantes de derechos humanos y allegados a Sabrina y Sebastián; mientras un número importante de personas –algunas de ellas integrantes de organizaciones- se manifestaban en la puerta del Tribunal Oral de calle 25 de Mayo de Paraná. También se vio a dirigentes del oficialismo como el ministro de Gobierno, Adán Bahl; la candidata a la Intendencia de Paraná y a su vez senadora nacional del PJ, Blanca Osuna y el diputado nacional Raúl Barrandeguy.

Pedido de la defensa

Como cuestión preliminar y basándose en el “principio de paridad de armas”, el defensor oficial Mario Franchi solicitó que se unifiquen las querellas “con un máximo de dos representantes”, para “llevar adelante un proceso ordenado”. Para justificar su pedido, remarcó que ese principio “ha tomado forma” a través de diferentes instancias judiciales.

“El proceso debe darse con igualdad para las partes, que no es formal, sino que debe tener en cuenta las posiciones relativas de las partes. Aquí están en juego intereses más profundos, como es el derecho a la defensa”, abonó el letrado. A su vez, señaló que “debe seguirse lo resuelto por la Corte Suprema (de Justicia) en el fallo Acosta, Jorge del 8 de abril de 2009”.

En ese orden, requirió que sólo se constituyan como querellantes Sabrina Gullino y Sebastián Álvarez, ya que las “demás instituciones se presentaron con posterioridad”. Incluso indicó que tampoco puede constituirse la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación “porque el Estado ya está suficientemente representado”.

En sintonía, el abogado del médico Zaccaría, Humberto Franchi, compartió los términos utilizados por el representante de los ex militares imputados, e insistió en “la importancia de contrarrestar los argumentos acusatorios”.

A su turno, el fiscal José Ignacio Candioti subrayó que en el Código Procesal se establece que “cada ofendido tiene el derecho a constituirse como querellante”, y citó como precedente la Causa Santillán, además de los diferentes artículos vinculados del Código Penal Argentino. Igualmente, aseguró que “los argumentos de las acusaciones son sustanciosos”, por lo que demandó que se desestime la solicitud de las defensas.

“El debido proceso está perfectamente respetado”, certificó. No obstante, acordó con que no haya más de dos representantes por querella, lo que no implica necesariamente la unificación de las partes acusatorias.

La representante de Abuelas de Plaza de Mayo, Ana Oberlin, prosiguió con la tesis del Ministerio Público y llamó la atención a que “no haya una descripción concreta de cómo se ha violado esa paridad”, según lo advirtieron las defensas. También refirió al origen de la organización y sostuvo que se tratan de “intereses particulares” diferentes.

“Esta cuestión está ampliamente discutida. De hecho, hemos decidido dividir las querellas para, precisamente, agilizar el proceso y poder representar a las distintas partes”, sentenció la abogada.

En tanto, el representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, Lucas Ciarnelo, interpretó que la defensa “desconoce la normativa” vigente. “No puede haber superposición de intereses entre un organismo que responde al Ejecutivo y un órgano independiente como el Ministerio Público Fiscal”, diferenció. Asimismo, enfatizó que “el Estado argentino se comprometió a investigar los delitos de lesa humanidad, incluidos el robo de menores y la sustitución de su identidad”. En similar sentido se expresó Álvaro Piérola, representante de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) y de los hermanos Sabrina y Sebastián.

Tras un cuarto intermedio, el Tribunal resolvió no dar lugar al pedido puesto que “ha quedado” prescripta la etapa para hacer el planteo y que no se demostró “concretamente” cómo se violó esa paridad. Por su parte, las defensas guardaron la reserva casatoria.

Los hechos que se investigan en la causa

La causa tuvo su inicio en la denuncia realizada el 18 de mayo de 2005 por el entonces coordinador del Registro Único de la Verdad, Guillermo Germano. En la presentación hizo referencia a dos clases de hechos: la internación de mujeres en estado de gravidez en el Hospital Militar de Paraná, quienes se hallaban privadas ilegítimamente de su libertad; y el asesinato y entierro clandestinos de personas en el Escuadrón Comunicaciones

En ese contexto, se investiga la apropiación de los hijos de la desaparecida Raquel Negro, quien fue detenida ilegalmente al igual que su pareja Edgar Tulio Valenzuela y su hijo menor Sebastián Álvarez, el 2 de enero de 1978 en Mar del Plata. La mujer fue trasladada desde la Quinta de Funes en Rosario hasta el nosocomio castrense, donde dio a luz a los mellizos, uno de los cuales, Sabrina Gullino, recuperó su identidad en diciembre de 2008.

La joven fue abandonada el 27 de marzo de 1978 en la puerta del Hogar Huérfano de Rosario, desde donde fue dada en adopción por Raúl Gullino y Susana Scola. De su hermano mellizo no se ha logrado aún determinar su destino.

Quiénes prestarán testimonio durante el debate

En una resolución del 5 de julio pasado, el Tribunal admitió la prueba ofrecida, donde se incluyen 49 testimoniales a realizarse en el curso del juicio. Se trata de deponentes vinculados al Hospital Militar, al Instituto Privado de Pediatría y a otras circunstancias.

Por ejemplo, está previsto que declare la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, el periodista y diputado nacional Miguel Bonasso -autor del libro Recuerdo de la Muerte donde se relatan parte de los hechos investigados- y Jaime Dri, único sobreviviente del centro clandestino de detención Quinta de Funes, en las afueras de Rosario.

Foto: ANALISIS DIGITAL