Consultado al respecto, el jefe de la bancada del Frente para la Victoria (FpV) en la Cámara Alta aclaró ante la prensa que “ninguna nota periodística puede ser considerada como una acción terrorista".

“Lo único que genera el Gobierno es concentrar poder para perseguir a quienes piensan distinto”, opinó Stolbizer, quien aseguró: “La norma considera como acto de terrorismo que se busque que el gobierno tome alguna decisión, lo cual es el objetivo de todos los reclamos sociales, que podrían quedar encuadrados en esta ley y recibir el doble de pena por cualquier daño menor que pudiera suceder durante la manifestación”.

La diputada del interbloque del Frente Amplio Progresista (FAP) se permitió ironizar al respecto: “Venden espejitos de colores. Esto es una falta de respeto que no se debería permitir. Por supuesto que lo que dice es el pensamiento de Cristina (Fernández de Kirchner). Esto termina siendo una cuestión penal ambigua. Mañana me pongo una careta de Halloween y tengo el doble de pena. La intención es de genera terror en la población”, dijo en declaraciones reproducidas por Parlamentario.

“Apenas transcurrieron unas pocas horas desde la aprobación de la norma que no parece una ley de la democracia sino todo lo contrario, el señor Sbatella acaba de realizar declaraciones que nos provocan una profunda preocupación sobre los verdaderos objetivos del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo. Lo que si es seguro, es que la norma excede las exigencias del Grupo de Acción Financiera (GAFI)”, expresó el interbloque Federal, compuesto por peronistas disidentes, mediante un comunicado.

Gil Lavedra fue aún más lejos con sus apreciaciones: “Con esta ley cualquier noticia que el Gobierno entienda que alarma a la sociedad puede ser considerada terrorista”, alertó.

“La vaguedad de su formulación viola todos los criterios del derecho penal liberal, ya que deja en manos de los jueces federales (muchos de ellos fundadamente sospechados de subordinación al poder político) una extrema discrecionalidad, que hará que en la práctica no juzguen según la ley general, sino creen en cada caso una ley particular. El principio de legalidad, verdadero pilar del Estado de Derecho, quedará así sacrificado en el altar de las conveniencias políticas. ¿Decir que la inflación es mucho más alta que la que dibuja el INDEC será un acto terrorista? ¿Lo será manifestar que el tipo de cambio se ha ido erosionando en los últimos años merced a esa inflación y que, por lo tanto, a falta de seguridad jurídica y protección adecuada del derecho de propiedad, es natural que las personas adquieran dólares?”, insistió.

Para Gil Lavedra, "la ley antiterrorista no es un dato aislado, sino un engranaje más en el cerco a quienes que no se adaptan al relato hegemónico del Poder Ejecutivo Nacional, al que se le impuso inusitada velocidad desde el inicio de un nuevo mandato del partido gobernante, demostrando en los hechos que las bellas palabras conciliatorias pronunciadas ocasionalmente desde el vértice del poder no son sinceras”.