El titular de la Oficina Anticorrupción y Ética Pública, Luis Pedemonte, indicó que “por el momento esa área no intervendrá directamente” en las irregularidades detectadas en la Secretaría de Salud de la provincia por el cobro de subsidios del organismo. De todas formas, destacó que de iniciarse una investigación judicial “sería conveniente” que la Fiscalía de Estado se presente “como querellante representando al Estado”, cosa que el organismo que dirige aconsejará a la Fiscal de Estado, Claudia Mizawak, en “el momento procesal oportuno”.

Cabe recordar que el secretario de Salud, Juan Abolafia, radicó la semana pasada una denuncia ante el Juzgado de Instrucción N° 3, a cargo de Marcela Badano, debido a la existencia de cinco expedientes apócrifos mediante los cuales falsos beneficiarios intentaron cobrar subsidios otorgados por el organismo. Según explicó el funcionario, la totalidad de los expedientes corresponden a pacientes oncológicos, y fueron pedidos por montos de entre 2000 y 2500 pesos.

Al respecto, Pedemonte aseguró que “por el momento no se tomará intervención” en el tema dado que “la propia Secretaría de Salud ya dispuso una investigación administrativa, que se llevará a cabo en el ámbito de la Dirección de Sumarios”, que forma parte de la órbita de la Fiscalía de Estado. De todas formas, indicó que la Oficina “seguirá de cerca el tema”.

Además, explicó que, en caso de que el fiscal de turno considere necesario el inicio de investigación penal, la Oficina Anticorrupción aconsejaría a la Fiscal de Estado “constituirse como querellante en la causa” y aclaró que “se está esperando el momento procesal oportuno para ello”. En tal sentido, en declaraciones realizadas a la Agencia Periodística Federal señaló que “la denuncia ya fue radicada en el Juzgado” por lo cual es necesario “esperar la conclusión que hará el agente fiscal de turno, respecto al inicio o no de la investigación penal”.

“Solicitaríamos el informe al Juzgado y en base a esos elementos informaríamos a la Fiscal de Estado el cuadro de situación, y le sugeriríamos constituirnos como querellantes, para impulsar y aportar todas las pruebas que puedan surgir de la investigación administrativa”, aseveró. En ese orden, agregó que “teniendo en cuenta las características del hecho, sería conveniente presentarse como querellante representando al Estado”.

Finalmente, en relación con los tiempos de la investigación judicial, entendió que “no será mucho tiempo el que pase hasta que el fiscal de turno se expida” y estimó que “seguramente los rastros quedaron, razón por la cual la prueba se va a poder obtener”.