La AFIP, en su nota al entonces ministro de Economía, le señaló que el pedido de facilidades "excede la competencia de esta Administración Federal, por lo que resulta necesaria su intervención". El texto indica: "En ese sentido se requiere de esa instancia que ponga en conocimiento de esta Administración Federal cuál debe ser el temperamento a seguir acerca de la petición formulada y los montos propuestos, sin perjuicio de las competencias respectivas y las formas ulteriores de instrumentación que podrían resultar adecuadas para la cuestión [...] Dicho temperamento será determinante", según informó hoy el diario La Nación.

En el área jurídica del Ministerio de Economía entendieron que no correspondía darle instrucciones a la AFIP. Pero Boudou terminó suscribiendo una nota en la que señalaba la conveniencia de otorgar el plan de pagos porque entendía que de ese modo se iban a conservar las fuentes de trabajo en la firma.

Michel, quien es oriundo de Gualeguaychú, cercano al senador nacional Pedro Guillermo Guastavino (PJ-Entre Ríos), explicó estos pasos. Destacó que no se le otorgó a Ciccone una moratoria porque la AFIP no puede quitar impuestos y relató las etapas por las que pasó el reclamo de la deuda de la AFIP. La empresa -tras el levantamiento de la quiebra- había presentado un pedido para pagar en 20 cuotas, una por año, el capital de la deuda, por 62 millones de pesos, con quita de todos los intereses, honorarios y multas acumulados por otros 180 millones de pesos. Tras un largo proceso Ricardo Echegaray aprobó ese pedido, pero luego lo rectificó, y escribió a mano, en una sola línea, que el pago se hiciera en función de una resolución de la AFIP (la 970) y que se hiciera en 96 cuotas.

Todo ese proceso quedó en la nada y Vandenbroele pidió otro plan de pagos excepcional. Le concedieron 148 cuotas. Cuando estalló el escándalo, se detectó que por error se habían omitido intereses por 140 millones de pesos. Hubo entonces que hacer dos nuevos planes de pago para incorporarlos.

Por otro lado, el fiscal del caso Jorge Di Lello se opuso a que el Estado les pague a los nuevos dueños de la ex Ciccone hasta que no se identifique a las personas físicas titulares de las acreencias. La idea es que no se oculten detrás de una cadena de sociedades, como hasta ahora..