El proyecto apunta a que la Cámara de Diputados, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 116 de la Constitución Provincial, convoque al ministro Cettour a comparecer al recinto, se aclaró en un comunicado de prensa enviado a ANALISIS DIGITAL.

“Qué consideraciones tuvo en cuenta el ministro en relación con sus declaraciones públicas del 17 de enero de 2012, referidas a la situación de la niña entrerriana de 11 años embarazada, ante la solicitud de su madre de realizar una interrupción de la gestión -de acuerdo a la legislación vigente en el Código Penal-”; y “si al momento de realizar esas declaraciones ignoraba la existencia del Protocolo para la Atención Integral de Personas Víctimas de Violaciones Sexuales del Ministerio de Salud de la Presidencia de la Nación que establece disposiciones específicas en relación con la interrupción del embarazo producto de una violación”, son dos de las preguntas que motivaron a Viale a presentar el proyecto.

Asimismo, el legislador argumentó que cuando la situación de la niña cobró estado público, el ministro realizó una serie de declaraciones “poco felices”. Entre las que destaca como principales: “El equipo médico que revisó a la niña dijo que no corresponde el aborto en este caso”; que, “el caso no entra dentro de las pautas legales en las que debe permitirse interrumpir el embarazo”; que “una vez que la niña tuvo su primera ovulación, tiene las condiciones físicas para sostener un embarazo: la naturaleza es sabia, una vez que tiene su primera menstruación el cuerpo está preparado. Quizá habrá que tener cuidados al momento del parto y programar una cesárea”; y que “la Justicia tiene que actuar rápido y expedirse”.

“Cada una de estas frases se aleja del rol que, en nuestro criterio, debe sostener un funcionario público ante una situación de este tipo, que es el de neutralidad activa; es decir, sostener lo que definen las políticas públicas acorde a lo que la ley establece al respecto”, señaló el diputado.

Por último, Viale aclaró: “Queremos tener la certeza, en defensa de los derechos de las personas, de que el ministro recapacitó respecto de su actuación en este caso, y si en función de ello, impartió directivas en relación con la necesidad de que los efectores de salud asesoren adecuadamente a las personas que estén en una situación similar, así como a los equipos de todos los centros de salud y hospitales dependientes de la provincia, para que no se reitere jamás un episodio como éste. Con ello estaremos cumpliendo, como Estado provincial, con la defensa y promoción de los derechos humanos, el respeto a la Constitución Nacional y Provincial y la legislación vigente que garantiza el acceso al aborto en el caso de no punible”, finalizó.