Granja Tres Arroyos (GTA), la principal empresa avícola del país, solicitó implementar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de reducir salarios o reducir la planta laboral para hacer frente a las dificultades económicas.

La Secretaría accedió a aprobar el pedido realizado por la avícola a fines de la semana pasada. El PPC permite a las empresas despedir o suspender personal en caso de fuerza mayor o causas no imputables al empleador.

Llama la atención el pedido de la empresa a dos semanas de que su presidente, Joaquín de Grazia, elogiara el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei. “Veo un horizonte extraordinario si lo sabemos aprovechar”, afirmó el empresario en declaraciones periodísticas.

Granja Tres Arroyos buscaría descontar pago de adicionales, que equivalen al 21% del sueldo, o avanzaría en el despido de 700 empleados debido a los problemas de sostenibilidad económica que viene atravesando la compañía en el último tiempo.

La productora avícola ostenta ocho plantas de faena, entre Argentina y Uruguay, de las cuales cuatro se ubican en Buenos Aires, dos en Entre Ríos, una en Córdoba y otra en Montevideo. De dicho conjunto de establecimientos, hay dos ubicados en territorio bonaerense (Esteban Echeverría y Ezeiza), que fueron heredados al adquirir el negocio de la ex Cresta Roja.

A finales de octubre se instaló con fuerza el cierre de la planta de Ezeiza esgrimiendo la caída de la producción tras la gripe aviar y la pérdida del mercado de China. En ese entonces, se había anunciado que de las 270 personas de la planta, 55 pasarían a la de Echeverría, 15 quedarían en el lugar para mantenimiento y 200 serían desafectadas.

Fundada en 1965, Granja Tres Arroyos tiene 7.000 empleados en Argentina y Uruguay, produce 700.000 pollos por día —el 20% de la producción nacional— y exporta el 25% a 67 países, con una facturación de 1.300 millones de dólares. El grupo opera cuatro plantas en Buenos Aires (Ezeiza, Esteban Echeverría, Capitán Sarmiento), dos en Entre Ríos (Santa Elena y Concepción del Uruguay), una en Córdoba y otra en Uruguay.

El caso Vicentin

En noviembre, Vicentin realizó una solicitud de PPC ante la delegación Rosario de la Secretaría de Trabajo, planteando que la demora de la Justicia santafesina para homologar la propuesta de pago a los acreedores dejó a la empresa “con su caja exhausta”.

Para hacer frente a sus compromisos, pide implementar medidas de ajuste como el pago del aguinaldo en cuatro cuotas, la suspensión del premio anual y la implementación de un sistema de retiros voluntarios.