Antonio Tardelli
El campo ha encontrado un buen palenque en la Legislatura de Entre Ríos. En su momento, en una de las tantas paradas de su cambiante recorrido, el edificio de las leyes se convirtió en tribuna que amplificó su reclamo. Esta semana fue escenario de las quejas que desataron las proyectadas modificaciones en la composición del Impuesto Inmobiliario Rural. Siempre es una buena noticia que los espacios institucionales sean capaces de receptar pedidos. Pero salvo que haya ingresado en un terreno de absoluto pragmatismo, la Mesa de Enlace está obligada a examinar adecuadamente las razones por las cuales la Cámara de Diputados, territorio controlado por el ex gobernador Jorge Busti, se ha convertido últimamente en un amable libro de quejas. La dirigencia del campo, así, escoge una opción política de la que evidentemente deberá hacerse cargo. La trampa del maniqueísmo sigue dando réditos. Todo es mirado en términos de blanco o negro.
Se descarta la tarea, fatigosa pero imprescindible, de identificar con precisión a los ganadores y a los perdedores del actual cuadro de cosas, tanto en la esfera de la rentabilidad económica como por el lado de las utilidades políticas. Las tácticas no pueden elevarse por encima de los objetivos. El campo debería saberlo como nadie: el pan de hoy puede perfectamente ser el hambre de mañana.
En su momento de acuerdo con los fundamentos de la modificación impositiva, que según remarca el urribarrismo afecta a una pequeña minoría de contribuyentes y beneficia al resto, los diputados justicialistas escucharon los planteos de los ruralistas y se mostraron permeables a sus demandas. Tanto que, en el único instante en que asomó un intento por trazar alguna diferenciación hacia el interior de la cadena productiva, resucitó la idea de gravar a los pooles de siembra conforme lo establece una ley sancionada mas no reglamentada. Los diputados del peronismo, sin esconder un tono crítico hacia el Poder Ejecutivo, descubren la pólvora y se muestran dispuestos a avanzar en esa dirección, con fines recaudatorios, sin preguntarse mucho por los responsables de esa mora.
Como se advierte con absoluta claridad en el caso de los hipermercados, el aparato estatal tiene enormes dificultades para reglamentar las normas que imponen mayores tributos a sectores que ejercen un virtual poder de veto.
Mientras tanto, la actuación de los protagonistas se desvincula cada vez más de los ideales y se ata a los intereses, sean éstos políticos o económicos. Como un solo hombre, dándole la razón al kirchnerismo y sus panegiristas, las organizaciones agropecuarias reaccionaron en bloque ante la propuesta del gobierno entrerriano de modificar los avalúos del Inmobiliario Rural. Su respuesta fue: “No más impuestos”. La reacción omite distinciones pertinentes que permitirían asociar las reivindicaciones sectoriales con criterios de justicia que repare en las necesidades del conjunto.
La Federación Agraria Argentina, la organización que representa a los productores más necesitados y que a lo largo de la historia ha sostenido un discurso ligado a los intereses de las mayorías, se ha prestado al rechazo tajante. Sostiene que, en realidad, el alegado carácter progresivo del proyecto es una especie de señuelo plantado para confundir a incautos. Argumenta que son transitorias las ventajas que el proyecto establece para los productores más vulnerables. Los beneficios desaparecerán en 2011, alegan.
De seguro que la presión impositiva provincial no es el aspecto que más inquieta al bloque ruralista, que aguarda todavía una respuesta a su demanda mayor, la que se vincula con las alícuotas de los derechos de exportación de sus productos. En ese sentido, toda otra cuestión que se ponga sobre la mesa, llámese Ley de Arrendamiento o Impuesto Inmobiliario Rural, es inmediatamente relegada a un segundo plano. Y es vista como un intento oficial de debilitar la unidad que hasta ahora mostró la Mesa de Enlace.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
