Hace más de tres años Uno Santa Fe reveló cómo los vecinos de Rincón y Arroyo Leyes viven rodeados de basurales a cielo abierto. En reiteradas oportunidades denunciaron a ambos municipios por utilizar estos lugares como "vertederos públicos", arrojando incluso residuos peligrosos sin tratamiento alguno. Ahora, con la crecida del río Paraná esta contaminación se expandió y terminó en la laguna Setúbal, por lo que toda la costa se ve "comprometida", incluso la toma de agua de la planta potabilizadora de la ciudad de Santa Fe.

Rafael Colombo, asesor legal de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, profesor, investigador universitario y asesor parlamentario, precisó: "Hace años que junto a vecinos, vecinas y organizaciones de la sociedad civil venimos denunciando a los municipios de Rincón y Arroyo Leyes por los basurales a cielo abierto que son gestionados por las autoridades locales, a modo de vertedero público. Ambos basurales están situados en el límite de la laguna Setúbal, uno de los bienes comunes más preciados que tenemos los habitantes del área metropolitana que corresponde el gran Santa Fe, proveedor de numerosos servicios ecosistémicos esenciales para una geografía fuertemente golpeada por el cambio climático, en particular, las temperaturas extremas", detalló el abogado y consultor especializado en ambiente, cambio climático y transición energética.

"Las imágenes son contundentes y poseen varios años de historia. Las autoridades recolectan y arrojan los residuos domiciliarios, sin agregar acciones de clasificación, tratamiento o disposición final de la basura. Es especialmente indignante ver como un camión ploteado con la leyenda «Yo separo», arroja basura sin discriminación alguna. Es decir, fallan todas las etapas de recolección pues la misma no es diferenciada; falla la transferencia pues no existen espacios de almacenamiento transitorio; falla el tratamiento y la disposición final, por estar directamente ausentes. Es un escándalo político y jurídico que gravísimas consecuencias sociales y ecológicas", manifestó.

El investigador señaló que "ambos predios constituyen una zona liberada para que cualquier persona o empresa arroje allí sus residuos sin ningún tipo de control. Es impresionante la cantidad de envases de agrotóxicos que allí se acumulan, siendo los mismos considerados legalmente como «residuos peligrosos». Por sí mismo, las dimensiones de los impactos de estos basurales sobre el suelo, el aire y las napas y la salud de vecinos y vecinas que literalmente conviven con esos «inmensos depósitos de porquería» como lo llama el papa Francisco en #LaudatoSi , son inconmensurables".

En 2019, Colombo registró en imágenes la magnitud de estos "depósitos de porquería" y en junio de 2020, con la bajante del Paraná, volvió a la zona en una investigación de UNO Santa Fe. Familias enteras viven en medio del "vertedero controlado" municipal, situado en Callejón Pintos, a 900 metros al oeste de la Ruta 1, a la altura del kilómetro 8. Hombres, mujeres y niños habitan construcciones entre montañas de basura. Algunos tratan de subsistir en ese lugar, clasificando y separando residuos sin ningún tipo de protección.

Tres años después, el escenario se agravó aún más: "Con motivo del repunte del caudal del río se ve con claridad la expansión masiva de la contaminación que producen estos basurales, por todo el ecosistema hídrico y el humedal, llegando incluso a comprometer la zona de la laguna donde se encuentra la toma de agua de la planta potabilizadora que abastece a toda la ciudad de Santa Fe".

El abogado y consultor especializado en ambiente, cambio climático y transición energética, remarcó: "En cuanto a responsabilidades, la ley es clara, los hechos contundentes y de público conocimiento. Se registran condiciones objetivas de responsabilidad civil e incluso penal, ambas con contenido patrimonial por los daños ya producidos y en cursos de ejecución. El artículo 14 de la ley provincial 13.055, conocida como ley de "basura cero", dice que «las municipalidades y comunas son responsables de la Gestión Integral de Residuos producidos en su jurisdicción». Adicionalmente tenemos una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios, Nº 25.196, que rige en todo el territorio de la República Argentina. También la Ley Nacional Nº 24.051, que regula los denominados residuos peligrosos, detallando un régimen especial y diferenciado, con principios de responsabilidad extendida e incluso un régimen penal.

Rafael Colombo señaló que esta situación está presente desde la gestión de Silvio González en Rincón (2017-2021). Desde entonces, ni ese municipio ni el de Arroyo Leyes respondió a las denuncias y pedidos de informe: "Jamás. Son un desastre".