Tres imputados fueron condenados a dos años de prisión como responsables de la producción, distribución y comercialización de barbijos truchos con el logo del Conicet Atom Protect, informó hoy el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad de Buenos Aires.

Mediante un juicio abreviado, en el que los imputados aceptaron la responsabilidad y reconocieron los hechos, se establecieron las penas de dos años de prisión en suspenso por los delitos de estafa, fraude a la administración pública y violación a las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de la epidemia de coronavirus.

La causa se había iniciado de oficio cuando el fiscal Carlos Rolero Santurián, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental, tomó conocimiento de la venta de barbijos truchos Atom Protect y llamó a declaración testimonial a la gerenta de la empresa fabricante del Conicet, que se constituyó como denunciante en la causa y aportó información sobre los procedimientos de elaboración y distribución de las mascarillas originales.

La investigación, que estuvo a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y la División Delitos Informáticos Complejos y Operaciones Especiales de la Policía porteña, determinó la existencia de una red dedicada a la fabricación, almacenamiento, distribución y venta de barbijos apócrifos de características visuales similares a los de la firma Atom Protect, pero que no contaban con las propiedades protectoras del original ni las medidas de seguridad exigidas por la Anmat, ni la autorización de dicho organismo.

En este contexto, el 3 de junio se realizaron 11 allanamientos simultáneos en Ciudad y la provincia de Buenos Aires en los que se logró secuestrar más de 50.000 barbijos apócrifos, maquinaria y materia prima para su producción.

Además de los dos años de prisión en suspenso, los imputados deberán cumplir normas de conducta y responder a los requerimientos judiciales. La sentencia condenatoria fue dictada por el juez Carlos Aostri, titular del Juzgado PCyF 19.

El comunicado del MPF detalló que “la decisión judicial representa un precedente jurisprudencial novedoso porque afirma la competencia penal de la CABA en plenitud y además, un avance contra aquellas maniobras ilícitas que afectan en forma directa a la salud pública y el medio ambiente, potenciadas por la actual situación de crisis sanitaria”.