N.B de ANÁLISIS

En jornadas anteriores, las testimoniales en el marco de la causa de las imprentas fueron patentizando la vinculación de Formato Urbano con las empresas Bustamente y Montañana Publicidad, y la Secretaría de Comunicación del Gobierno de Entre Ríos. Este jueves, la testimonial de Galarza abundó en otro aspecto saliente: el rol gerencial de Juan Pablo Aguilera y el testigo Raúl Galarza en las empresas que la defensa asegura, son de Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena.

El propio Galarza contó al inicio de la audiencia que, entre 2012 y 2013 se desempeñó como empleado de la Gobernación, colaboró también con la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, y con la empresa Formato Urbano, que Fiscalía adjudica a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri. Además, reconoció que tuvo un contrato en la Cámara de Diputados, bajo la órbita del exlegislador Hugo Berthet de San Salvador.

En un tramo de su testimonial que se extendió por más de una hora y media, la Fiscalía le mostró una planilla de sueldos de la empresa, de diciembre del año 2013. Le hicieron leer los nombres y el monto que cobraron. En ese sentido, la imputada Corina Cargnel, contadora de Formato Urbano, cobró en ese mes 6000 pesos, 500 pesos más que Emiliano Giacopuzzi, el supuesto dueño según sostienen los defensores.

–¿Sabe usted por qué la contadora de la empresa cobraba más que el dueño? –preguntó la fiscal Patricia Yedro.

–No. Acá me entero lo que cobraban –respondió.

Actualmente, Galarza se desempeña como administrativo en el Registro Civil de General Campos, de donde son oriundos varios imputados. También trabajó como auxiliar de educación y la Municipalidad de General Campos. Entre 2014 y 2015 estuvo en la Secretaría Privada de Gobernación, pero llegó a Paraná en 2011. Recibió personas, atendió el teléfono, hizo trámites administrativos, entre otras gestiones, según mencionó este jueves. En el marco de su vinculación con la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, dijo que viajaba “haciendo las veces de secretario del director”, es decir Juan Pablo Aguilera.  

“De modo informal colaboré con la empresa de Emiliano Giacopuzzi, por un año y medio o dos años entre 2012 y 2013. Hacía logística y coordinación de distintas áreas”, contestó a la fiscal Patricia Yedro. Por esas tareas le pagaba la contadora Cargnel “contado en mano”. “La empresa estaba bastante desorganizada cuando hice una distribución de campaña, después de eso Emiliano me pidió ayuda”. Reconoció a Luciana Almada, esposa de Juan Pablo Aguilera, como otra “dueña” de Formato Urbano.  

Galarza dijo que tenía contacto “seguido” con Giacopuzzi, Almada y trabajadores de la empresa: Carlos Ramírez y Julio Alegre. Ambos declararon en jornadas previas y admitieron contratos en la Legislatura de la provincia. Agregó que para Formato Urbano manejaba una furgón Sprinter.

Quedó plasmado que se desempeñaba en la Gerencia de Formato Urbano, junto a Aguilera, según la documentación que se le fue mostrando durante su testimonial. La Fiscalía le hizo leer varios correos electrónicos. “A la empresa vino un couch llamado Alejandro, participé de eso. La finalidad era mejorar el rendimiento”, contó. De inmediato tuvo que leer un mail de febrero de 2013, enviado por Cargnel a Juan Pablo Aguilera y Galarza. “Informe de gerencia número 4”, tenía estampado, entre otros detalles. Eso ocurrió luego de que Galarza le responda a la fiscal que no participaba de decisiones gerenciales de la empresa.

“En alguna oportunidad que su esposa no podía participar, él estuvo participando de esas reuniones”, contestó más tarde, de modo dubitativo, cuando le preguntaron por qué le copiaban mails gerenciales de Formato Urbano a Juan Pablo Aguilera si la supuesta dueña era Luciana Almada.

La situación se repitió con otra documental, como viene ocurriendo con varios testigos olvidadizos o confundidos. La mecánica es la siguiente: la fiscalía pregunta, el testigo contesta, si la respuesta se contradice con la prueba secuestrada, se muestran documentos y se hacen leer. A Galarza también le mostraron correos en los que se menciona la empresa Alfa.

–¿Sabe si Aguilera tenía relación con la empresa Alfa? –consultó la fiscal.

–Tengo entendido que un familiar de su señora.

–¿Qué familiar?

–Creo que un hermano –dijo, dudando sobre Alejandro Almada, hermano de Luciana, imputado en la causa de las imprentas.

Después se le mostró otro documento. Su nombre aparecía al lado de la columna Gerencia. Se trataba de un documento relacionado a un encuentro con un couch. “Emiliano me llamaba así, GG. Me había solicitado una coordinación y como había estado en la logística...”.

–¿Sabe por qué el nombre de Juan Pablo figura también como Gerencia? –inquirió el fiscal Francisco Ramírez Montrull.

–En 2011 arrancamos con la campaña y pasábamos mucho tiempo. Hacíamos distribución de material, recibíamos candidatos. Nos apropiábamos del espacio –eludió responder, con un tono risueño.

“Podría ser”, contestó más tarde, cuando desde la Fiscalía se le preguntó si la documentación que le estaban mostrando contenía temas vinculados a una Gerencia.

Galarza la pasó mal durante su testimonial. “Mi tarea principalmente era logística, la comunicación particularmente, había falta de comunicación entre los distintos responsables, Emiliano, Cargnel, el taller. Yo hice una Tecnicatura en Administración de Empresas y venía con alguna noción”, aseguró.

El silencio en la sala fue contundente. Todos observaron y escucharon con atención lo que ocurría. Se le mostró un documento con nombre Juan Pablo donde había salidas de dinero de Formato Urbano y aparecía una entrega a Raúl Galarza para el Club Patronato. En otro apartado se mencionaba una entrega para dólares.

–Usted compraba dólares para la empresa?

–No.

Se le hizo leer otro documento donde aparecían pagos de carpintería, materiales y ladrillos con la aclaración “casa Juan”. Unos minutos más tarde, una planilla con columnas conteniendo nombres, cargos y sueldos. Aparecía su nombre, es decir Raúl Galarza como “Gerencia” sin ninguna denominación empresarial y “6000 pesos” de sueldo. Abajo aparecía mencionada Corina Cargnel en “Administración”, bajo la órbita de ninguna empresa y “6000 pesos” de sueldo. En un renglón inferior se leía Emiliano Giacopuzzi en “Diseño” bajo la órbita de Tep SRL y un sueldo de 5500 pesos.

Sobre el final de su relato, Galarza fue indagado por facturas a su nombre halladas en el domicilio de Juan Pablo Aguilera. Una serie de documentos secuestrados el 1 de agosto de 2016, en varios allanamientos simultáneos realizados en Paraná, apenas iniciada la investigación. Entre los documentos encontrados en la vivienda de Juan Pablo Aguilera y Luciana Almada, secuestraron factureros a nombre de distintas personas.  

–¿Sabe por qué estas facturas estaban en poder de Juan Pablo Aguilera? ­–preguntó Yedro. 

–Con certeza no sé.

El control que dio aval a la difusión de los spots

La fiscal del Tribunal de Cuentas, Nanci Vinagre, entró al organismo de control en 2007. Al último cargo, el actual, lo ganó por concurso en diciembre pasado. En 2014, el coordinador de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur, Hugo Céspedes –falleció apenas iniciado este debate- la consultó para difundir los cuatro spots publicitarios de políticas de gobierno en Entre Ríos, podía hacerse en el marco de la ley 10327, dictada para la realización de la Cumbre.     

La consulta de Céspedes fue en base a la propuesta del exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez, imputado en el juicio. “Es un asesoramiento previo, cuando no se había hecho la contratación, no podíamos evaluar el contenido. Es un asesoramiento distinto a las grandes contrataciones que es casi concomitante. El asesoramiento se preguntaba si esa difusión durante la Cumbre, era aplicable en el marco de la ley dela Cumbre. Que si esa norma alcanzaba a actos en el marco de la Cumbre. En mi opinión entendí que sí”, declaró.   

“Entendí que iban a ser difundidos durante la Cumbre, en Paraná. No me dijeron dónde iban a ser difundidos. Me imaginé que era en Paraná, que era la sede. Cuando vamos a capacitaciones de índole legal, detrás de panel van pasando imágenes del lugar donde es el panel, imaginé que era eso porque viene gente de diferentes lugares, es lo que he visto y eso entendí cuando dijeron que era durante la Cumbre”, agregó.  

Vinagre no supo decir cuándo iban a dejar de difundirse los spots publicitarios. Esos productos comunicacionales que se emitieron en el salón de audiencias días pasados, y por los cuales se contrató a las empresas Nelly Entretaiment de Jorge Corcho Rodríguez y Punto art Comunicación de Jorge Nigro.

El monto de dinero para difundir esos spots en diciembre de 2014, fue de 28 millones 400 mil pesos. Las piezas promocionaban la educación, la seguridad y un laboratorio provincial, con el exgobernador Sergio Urribarri como protagonista. Vinagre contestó que su intervención o control, no fue sobre el monto de dinero erogado en el marco de la ley para realizar la cumbre del Mercosur. Fue una opinión previa, subrayó.

Causas acumuladas

El megajuicio acumula cinco legajos por presunta corrupción en el gobierno de Entre Ríos, bajo los mandatos del exgobernador Sergio Urribarri -quien está exceptuado de participar de la audiencia para cumplir con sus tareas en las embajadas de Israel y Chipre, donde vive actualmente con su esposa Ana Lía Aguilera-.

El primero de los legajos investigados en el Ministerio Público Fiscal -representado en este debate por la fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche, y los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull- se conoce como “causa de la vaca” o “causa delas imprentas”. Tiene como imputados al exgobernador Urribarri; el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador y empleado del Senado; a Alejandro y Luciana Almada; a Maximiliano Sena; a Emiliano Giacopuzzi -los cuatro como directivos de las empresas Tep y Next-; a Gustavo Tamay como responsable de certificación de publicidad en la vía pública del exMinisterio de Cultura y Comunicación; y a Corina Cargnel, contadora de las empresas.

La hipótesis principal apunta al direccionamiento de publicidad estática en las calles y rutas, en favor de las empresas que adjudican a Juan Pablo Aguilera. En esta causa también está imputado el publicista de Concepción del Uruguay, Fernando Montañana, pero fue apartado del debate oral y se lo juzgará oportunamente porque atraviesa una situación de salud comprometida. También estuvo imputado en este proceso el publicista paranaense Jesús Bustamante quien, en febrero de 2018 arribó a un acuerdo de juicio abreviado con Fiscalía por el cual aceptó una pena condicional de 2 años y 8 meses. Estos dos publicistas, sostienen los fiscales, aceptaron aparecer como beneficiarios de diversas contrataciones con el Estado entrerriano siempre y cuando retornaran parte del dinero percibido a las empresas Tep y Next que, de ese modo, concentraron toda la publicidad en la calle. La investigación abarca un período que va de 2010 a 2015.

Se ventila también el legajo conocido como “sueño entrerriano” que acumula tres expedientes: la causa Cumbre del Mercosur; Parador Playero en Mar del Plata; y Solicitada. Los imputados son Urribarri; Báez; Gustavo Javier Tórtul; Aguilera; Cargnel; el exministro de Turismo; Hugo Marsó; y Gerardo Caruso. La hipótesis acusatoria sostiene que a través de gastos del Gobierno de Entre Ríos se financió la campaña presidencial del exgobernador Urribarri.

El último legajo del megajuicio es el conocido como “Global Means”, a partir del cual se investigó la adjudicación de publicidad en 18 medios gráficos del país a una empresa que, cuando recibió el beneficio, no estaba constituida como tal y tampoco aparecía en el registro de proveedores del Estado.

En el debate intervienen, además de los fiscales, los defensores Raúl Barrandeguy; Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende; Emilio Fouces; José Velázquez; Ignacio Díaz; Juan Méndez y Miguel Cullen.

El tribunal está compuesto por José María Chemez, carolina Castagno y Elvio Garzón. La audiencia comenzó el 27 de septiembre pasado y no se sabe bien cuándo concluirá, debido a la complejidad de los delitos investigados, a la profusa prueba documental que se va exponiendo en el debate y a la cantidad de testigos previstos.

Los delitos acusados son Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública. Los fiscales calculan un desfalco que supera los 7 millones de dólares.