N.B. de ANÁLISIS

Los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro contestaron los planteos de las defensas en la remisión a juicio de la causa coimas. Fue en el marco de una audiencia que se llevó a cabo este martes ante el juez de Garantías Julián Vergara. La etapa comenzó en febrero, llevó todo el año, y se acerca al momento conclusivo.

La última instancia oral que se había desarrollado fue el 13 de septiembre, cuando la defensa del exgobernador Sergio Urribarri terminó su alegato. Desde entonces, la remisión a juicio no se había reanudado.

Miguel Cullen, codefensor de Sergio Urribarri en la causa coimas. (Foto: Archivo de ANÁLISIS)

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“Tenemos elementos para mandar la causa a juicio”, dijo el fiscal Gonzalo Badano, que se ocupó de contestar planteos de las defensas en cuanto a la prueba, los plazos razonables, la intervención de organismos de control, el encuadre penal, entre otros puntos.

Cabe recordar que se trata de una de las investigaciones penales más importantes que involucran al exgobernador Sergio Urribarri. El exmandatario ya fue condenado a 8 años en lo que se conoció como “megajuicio”. También está imputado en un proceso por presunto enriquecimiento ilícito. Y en este, que investiga contrataciones ocurridas entre 2008 y 2017, en las que hubo supuestas dádivas o coimas que habrían beneficiado a funcionarios políticos de la provincia de Entre Ríos, al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, y empleados ejecutivos de sus firmas.

Sergio Urribarri fue gobernador dos veces. En esta causa lo investigan por recibir supuestas dádivas del empresario Cardona Herreros.

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A la audiencia de este martes asistieron los abogados defensores Leopoldo Lambruschini en representación del funcionario Humberto Flores; Ignacio Díaz en defensa del empresario Cardona Herreros; Franco Azziani Cánepa en representación de Luis Erbes; Candelario Pérez y Juan Antonio Méndez en representación del exfuncionario Carlos Haidar; Miguel Ángel Cullen en defensa del exgobernador; y Gaspar Reca, defensor de Miguel Ulrich. Se ausentó el exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, que en la audiencia actúa en defensa propia.

A poco de iniciar la investigación fiscal, en 2017, se imputó además a empleados ejecutivos de las empresas contratistas de Cardona Herreros. En efecto, estuvieron investigados Miriam Fessia, Alfonso Campitelli, Guillermo Linares y Jorge Zanabone. Todos ellos consiguieron suspensiones de juicio a prueba, antes de que se pida la remisión a juicio de la causa. Otro de los hechos relevantes de la investigación ocurrió a mediados de 2022, cuando se dictó el sobreseimiento de Urribarri, Haidar y Ulrich. Los abogados de los tres habían fundado el pedido en el “fallo Cozzi” dictado por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), una coartada para dilatar las causas por corrupción que terminará de resolverse el día que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) tome una decisión al respecto.

Durante la audiencia de este martes, los fiscales realizaron las réplicas a los planteos defensivos. Quedan pendientes las dúplicas de los abogados, es decir una nueva intervención de los defensores, para lo cual deberá fijar una fecha la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA).

“Quieren re-dilación”

La réplica a todos los planteos defensivos, que fueron ocurriendo desde febrero-marzo de este año en adelante, insumió una jornada de más de dos horas. El fiscal Badano volvió sobre el cuestionamiento por los plazos procesales que llevó la investigación. La causa se abrió en 2017, en 2018 se detectó y secuestró gran cantidad de datos, durante los primeros meses de 2019 se entregaron los primeros informes sobre el análisis de esos datos. Posteriormente se tomaron indagatorias y se realizaron imputaciones. En 2022 se pidieron tres sobreseimientos en base al “fallo Cozzi” (dictado en diciembre de 2021, en ese momento la discusión ya estaba en la Corte Suprema), casi en simultáneo se presentó el requerimiento de elevación a juicio, después se dictaron los sobreseimientos y la discusión debió escalar hasta la Sala Penal, que determinó que se continúe con el trámite de la causa.

“Insisten con el antecedente Cozzi, una cuestión que está en trámite ante la Corte, quieren una re-dilación. Mayer (Mauricio, juez titular de Garantías N°4 que está subrogando en el Tribunal de Juicios y Apelaciones, por eso está Julián Vergara como subrogante al frente del proceso),
sobreseyó en mayo de 2022 a Urribarri, Haidar y Ulrich. El resto de los imputados pidió después el sobreseimiento. En abril de 2023, el STJ rechazó la queja de las defensas. Volvieron a pedir sobreseimiento cuando comenzó la remisión. Son argumentos que ya se contestaron, es algo que ya resolvió hasta el STJ”, contestó.

El fiscal dijo que siendo gobernador, Urribarri interesó la contratación de las empresas de “su amigo”. “Lo vinculó con los funcionarios más relevantes, autorizó los pagos con dádivas”. “Tenemos elementos para abrir la causa y mandarla a juicio. El escrito tiene más de 500 páginas. Se investigaron hechos complejos. La producción de prueba es difícil, porque se trata del pago de una dádiva donde está el empresario y el funcionario, y ninguno de ellos quiere dar a conocer el hecho. Cuando existen estas estructuras que perduran en el tiempo, es necesario llevar un registro del dinero porque no son sumas menores sino millonarias. Por eso quedó asentado en mensajes y planillas Excel”, señaló. Se refirió de ese modo a los montos asignados en registros contables de las empresas de Cardona Herreros y correos electrónicos, asentados con la sigla PLM.  

Agregó después que “todas las defensas plantearon cuestiones con organismos de control, porque dicen que no hay delitos penales”. “La Constitución Provincial sostiene que ninguno de estos órganos tiene facultades para investigar delitos penales. El Tribunal de Cuentas (TdC) suele aprobar las cuentas, lo hace sobre aspectos legales y formales, no evalúa ilícitos penales. Ya lo dijo el tribunal de la causa ‘Megajuicio’, dijo que se ocupa de cuestiones administrativas. Una contratación puede ser válida desde el punto de vista formal y por atrás pagarse coimas”, puso como ejemplo.

Badano recordó también que de la información analizada para la investigación, se desprende que “se referían a Urribarri como el jefe”. “Se contaban las agendas que se llevaban, que Cardona era amigo personal de Urribarri y se reunían frecuentemente. De hecho, en otra causa Cardona está imputado como testaferro de Urribarri”, apuntó y aludió a la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Por su parte, la fiscal Patricia Yedro recordó los allanamientos en los domicilios del empresario paraguayo. “La causa por enriquecimiento ilícito en curso es residual a esta”, contextualizó, para responder a las críticas de los abogados en cuanto a que hay elementos de prueba que se comparten en los dos procesos independientes y que, los secuestros de material para la causa coimas fueron habilitados, en principio, para la investigación por supuesto enriquecimiento. “Estuvimos en las oficinas de Buenos Aires y trajimos sólo las evidencias vinculadas al señor Urribarri y su familia. Se secuestró información, documentación, agendas, equipos informáticos, electrónicos, de los que se extrajo la información. Esa medida se dispuso el 15 de agosto de 2018 y fue notificada de inmediato. Se pidió la extracción de la información, no el análisis”, respondió y agregó: “El 5 de abril de 2019 se presentó el primer informe. Para esa época terminábamos de analizar los datos. Al análisis lo hicimos nosotros. Los técnicos informáticos del Ministerio sólo extrajeron los datos, no los analizaron”.

“El 17 de mayo de 2019 se dispuso que esa información con actas de allanamiento y secuestro se incorpore como prueba. Eso fue un lapso breve, en un mes analizamos la información y dispusimos su incorporación a la causa. Eso rebate la acusación de mala fe de los defensores. Esa información fue obtenida de modo legítimo. Fueron procedimientos normales”, subrayó.

“No estamos acostumbrados a investigaciones de tamaña magnitud. Pero de la experiencia aprendemos. Así es que tengo anotadas todas las fechas, las rutas de acceso para un mejor uso tecnológico”, anunció y añadió: “Esta evidencia vino a confirmar las sospechas que teníamos. Entendemos que habiendo notificado a todas las partes de la evidencia que se incorporaba, que se encontró de manera casual, no anoticiaba un hecho nuevo, sino vinculado directamente a los hechos investigados. La defensa no objetó la incorporación de toda esta evidencia durante el trámite de la investigación, tampoco objetó los informes, los resultados o el contenido de los correos electrónicos. No se ventiló nada que afecte el derecho a la intimidad”.

Investigación

Esta causa que se discute en los tribunales locales desde febrero pasado, tiene como imputados al exgobernador Sergio Urribarri y al empresario paraguayo, Diego Cardona Herreros. En el banquillo están además los exfuncionarios de gobierno Luis Alfonso Erbes, como exsecretario de Presupuesto y Finanzas de la provincia; Guillermo Smaldone, como exministro de Trabajo; Miguel Ulrich, como exdirector General de Ajustes y Liquidaciones; Carlos Haidar, como exdirector de Informática; José Humberto Flores como exsecretario de Hacienda.

Durante el proceso también estuvieron investigados exempleados ejecutivos de las empresas contratistas que dirigió Cardona Herreros: Alfonso Campitelli, Miriam Fessia, Jorge Zanabone y Guillermo Linares. Todos ellos acordaron suspensiones de juicio a prueba y consiguieron cerrar su situación procesal antes del juicio oral. De modo que en la investigación penal, una de las más importantes por los delitos acusados, las maniobras probadas, el rango de los funcionarios políticos involucrados y la cantidad de prueba colectada, continuó sólo para el empresario señalado como testaferro de Urribarri y los funcionarios públicos.

Según la hipótesis de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, durante las dos gestiones urribarristas en Entre Ríos se formó una especie de “mesa de negocios” compuesta por los funcionarios públicos, el empresario paraguayo y varios de sus empleados ejecutivos. Desde la provincia se interesó y direccionó la contratación de servicios a cargo de la empresa Relevamientos Catastrales, propiedad del empresario. Los fiscales sostienen que, además de interesar contrataciones millonarias, los funcionarios públicos adelantaron información sensible para ajustar los pliegos de licitación y conceder el beneficio al empresario. Esas contrataciones, siempre siguiendo la hipótesis acusatoria, supusieron sobreprecios y el retorno de dinero, bienes y servicios tanto para los funcionarios políticos como para los empresarios.  

Cardona Herreros, además de ser el titular de las empresas adjudicatarias de varias licitaciones analizadas, resultó ser quien administraba el dinero de los funcionarios públicos, y ponía a disposición la estructura de sus empresas, a efectos de gestionar asuntos vinculados directamente a aspectos personales de cada uno de ellos.

Los fiscales se hicieron de evidencia que prueba la acusación. Sostienen que para la causa se analizaron miles de datos virtuales de computadoras y teléfonos celulares, además de secuestrar otros elementos en los allanamientos.

De la audiencia participan los abogados Cullen, Ignacio Díaz, Franco Azziani Cánepa, Gaspar Reca, Andrés Bacigalupo, Leopoldo Lambruschini, Julio Federik, Candelario Pérez, Juan Antonio Méndez, Fernando Burlando y Javier Baños.