La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina por su responsabilidad en el caso del atentado a la AMIA. Por unanimidad, declaró al Estado Argentino responsable de no haber adoptado medidas razonables para prevenir el ataque -ocurrido el 18 de julio de 1994-, de no haber cumplido con su deber de investigarlo y de haber participado de su encubrimiento.

El fallo fue emitido esta mañana y dado a conocer en una audiencia que duró solo diez minutos.

En los 20 puntos que incluye la sentencia, el tribunal internacional sostuvo que el Estado es responsable de la violación a los derechos a la vida y a la integridad personal, al principio de igualdad y no discriminación, y al derecho a la integridad psíquica y moral de las víctimas. También, a los derechos de acceso a la justicia, a las garantías judiciales y de acceso a la información.

Uno de los puntos más importantes de la sentencia es que le ordenó a la Argentina abrir los archivos y la información de inteligencia relacionada con el atentado y tomar medidas normativas con el fin de regular las condiciones de ingreso de información de inteligencia a las causas judiciales, en alusión a uno de los hechos que desvió la investigación judicial que debía dilucidar lo ocurrido.

La causa internacional fue iniciada por la asociación civil Memoria Activa contra el Estado Argentino por privación de Justicia en la investigación del ataque terrorista. La demanda se presentó hace 25 años, en julio de 1999. En octubre de 2022, la Argentina reconoció su responsabilidad internacional por la impunidad del caso y admitió encubrimientos. El Ministerio de Justicia dijo entonces que el Estado violó derechos, encubrió, sometió la justicia a los servicios de inteligencia y protegió a acusados.

“El juez, sus empleados, los fiscales, la SIDE, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y la policía concretaron la peor bajeza institucional desde el retorno de la democracia”, había dicho ante los jueces de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Natalia D’Alessandro, entonces coordinadora de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia.

La denuncia presentada por Memoria Activa, entidad que nuclea a un grupo de familiares de víctimas del atentado terrorista, estuvo patrocinada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

En 2019, la Comisión se expresó en contra del Estado Argentino y determinó su responsabilidad internacional porque no pudo evitar el atentado teniendo la información para hacerlo En septiembre de 2020, notificó a través de un informe presentado en este expediente que “el Estado Argentino es responsable por la violación del derecho a la vida de los 85 muertos, por haber negado el derecho a la justicia y por haber impedido y continuar impidiendo saber qué pasó aquel 18 de julio de 1994”. La Corte Interamericana comenzó su intervención en este caso en 2021.

La Corte Interamericana, órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), está integrada por siete jueces y juezas de los Estados miembros de la OEA. Son Nancy Hernández López, como presidenta; Rodrigo Mudrovitsch, como vicepresidente; Humberto Antonio Sierra Porto, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Ricard Pérez Manrique, Verónica Gómez y Patricia Pérez Goldberg.

(La Nación)