“Escuchamos argumentos y posiciones de algunos gremios, se van a incorporar al cúmulo del debate que hemos venido sosteniendo en distintas reuniones para tratarlo en una reunión próxima de la comisión de salud y generar un despacho sobre el proyecto de ley. Ya para promover o no su aprobación o rechazo en la Cámara de Diputados”, señaló Juan José Albornoz (FpV-Gualeguay), autor de la iniciativa.

El debate se dio primero entre el autor de la iniciativa y la directora del IOSPER, representado al sector docente, Victoria Jáuregui y luego entre Albornoz y el presidente de la Cámara de Diputados y secretario General de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), José Allende. Allende indicó en la reunión que la obra social no es del Estado, si no “de los trabajadores” y planteó que para incluir a los jubilados bancarios habría que “hacer una ecuación” de carácter económica. También alertó que si se reciben a los bancarios, “atrás de ellos, vendrán otros a pedir lo mismo”, lo que significaría a grandes rasgos, el desfinanciamiento de la obra social. Albornoz rebatió esa postura asegurando que la obra social pertenece “al Estado” y con ello argumentó el principio solidario de incluir a los sectores excluidos y marginados del sistema.

Luego Albornoz apuntó a APF: “Ese no es el tema, nosotros estamos planteando la necesidad de proteger y garantizar el acceso a la salud por parte de una porción de la ciudadanía entrerriana que han tenido una relación con el Estado, son jubilados provinciales, pero que están aportando a una social nacional que está en quiebra y en una situación de crisis directa”.

Surgió además el tema de los aportes que el Estado provincial realiza a la obra social por los activos. En una ley de emergencia económica firmada por el entonces gobernador Jorge Busti en épocas del gobierno de Menem, ese porcentaje varió de un seis a un cuatro por ciento y nunca fue restituido desde la Caja de Jubilaciones al a obra social. Sobre este punto Albornoz manifestó: “Hemos escuchado distintos fundamentos que hacen a la necesidad de aumentar en dos puntos el aporte patronal que fue quitado en la etapa neoliberal de la Argentina, eso es un debate que no tiene que ver con lo que estamos tratando, que es traído a colación, así como también el debate si la obra social es de los trabajadores o del Estado, a mi criterio es del Estado”.

“El tema de los aportes puede decidirlo mañana el ministro o puede pedirlo la Legislatura”, explicó. “Lo que hacemos es recibir el planteo en primer lugar de los jubilados bancarios, hemos hablado con la dirección del IOSPER y hemos escuchado a los gremios. Finalmente elaboraremos un despacho, en 15 días vamos a estar tomando una resolución al respecto”, completó.

Por su parte, Victoria Jauregui, una de las directoras de la obra social provincial, confirmó que la posición del IOSPER es “no recibirlos” y argumentó que el problema es económico. “Ellos optaron por la Osba” (Obra Social Bancaria) que es la que no les presta servicios y a la que actualmente le están realizando aportes los jubilados bancarios. “La posición del IOSPER es que los compañeros optaron por la Osba, no es posible que el IOSPER se tenga que hacer cargo de gente que durante toda su vida activa aportó a otra obra social, porque esta obra social no funciona. La realidad es esa. Nos piden solidaridad, cuando no optaron por el IOSPER”, dijo.

En la reunión Jauregui expuso una contrapropuesta de la obra social, que fue refutada ahí mismo por inviable. La idea era proponer que todos los activos bancarios se pasen a la obra social, de manera de tener aportes, no solamente de estos jubilados, si no también de los activos. "Aparentemente no se puede por una ley nacional. Pero de todos modos yo creo que a la mayoría les gustaría tener el IOSPER. Pero habría que revisar la legislación nacional por lo que plantearon”, aclaró.

“No se trata de que seamos o no seamos solidarios, entiendo la situación de esta gente, pero les guste o no, el eje es un problema económico porque la solidaridad en salud tiene un precio”, agregó la directora representante de los docentes en el IOSPER. “Estamos dando medicamentos de costos altísimos y en eso necesitamos plata”, ejemplificó.

En cuanto a los aportes del Estado, Jauregui explicó: “El tema del 2 por ciento es decisión del Ejecutivo, estaríamos en mejores condiciones para re discutir la posibilidad de ingreso si la Caja de Jubilaciones nos devuelve el 2 por ciento que nos sacó Cavallo y que nos equiparen en la situación de injusticia que estamos con respecto a las obras sociales nacionales. El gobierno les aporta a las obras sociales nacionales, Ospla y Osdop el 6 por ciento de los activos y al IOSPER aporta el 4 por ciento”.

“Estas cuestiones hay que verlas pero mal que nos pese, en este caso la solidaridad tiene un precio”, finalizó.