Por Juan Martin Garay (*)

Macri y su emergencia nacional social, alimentaria y laboral nos deja 5 millones de nuevos pobres creados solamente por su gobierno -que sumado a los que ya había cuando asumió- están sumidos en la desesperanza; la dignidad del estómago no está presente en todos ellos pues no comen donde quieren, no comen con quienes quieren, no comen como quieren, comen como pueden, comen lo que pueden y algunos casi no comen.

En una nota firmada por monseñor Jorge Lugones, obispo de Lomas de Zamora, la Comisión Episcopal de Pastoral Social (Cepas) -ante la necesidad que sea declarada la “emergencia alimentaria y nutricional”- sugiere como propuesta la conformación de “una canasta básica para la primera infancia, con productos esenciales que puedan distribuirse gratuitamente o a un costo convenido, para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, la salud y la atención de calidad para niñas y niños” que incluya “medicamentos, vitaminas, leche líquida y en polvo y otros productos lácteos, carne, pescado, frutas, verduras, huevos, legumbres, otros nutrientes y pañales, entre otros productos esenciales” y “aumentar el presupuesto para los comedores y las escuelas, las huertas comunitarias y familiares y las empresas agrícolas familiares y sociales, garantizando al mismo tiempo la equidad y la calidad federal de los servicios de atención alimentaria y nutricional”.

De aprobarse el próximo miércoles 18 de septiembre en el Senado Nacional el proyecto que ya tiene media sanción en Diputados, se prorrogará la emergencia alimentaria (dispuesta por el Decreto 108/2002 del presidente Duhalde) hasta el 31 de diciembre de 2022. Ese decreto creó el Programa de Nutrición y Alimentación Nacional destinado a cubrir los requisitos nutricionales de niños hasta los 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años en situación de pobreza.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso esta ley tendría un costo aproximado de 10.489 millones de pesos, cifra importante pero mínima si se la compara con los más de 133 mil millones de dólares que se fugaron hasta el momento, teniendo en cuenta además que restan desembolsar (para fugar) 5.400 millones de dólares por parte del FMI.

El deber del Estado Nacional de garantizar el derecho a la alimentación es indelegable, dice Juan Pablo II: “La privación de lo necesario para vivir humilla al hombre; es un drama ante el cual la conciencia de quién tiene la posibilidad de intervenir no puede permanecer indiferente”.

Porque gobernar es incluir, dejemos atrás la melancolía del pasado, la tristeza del presente y pensemos en la esperanza de lo que viene a partir del 10 de diciembre, en el futuro próximo, en “darle alma a la economía”, verla con “rostro humano”, que tenga en el centro a la persona, con valores y que alimente no sólo el alma de algunos sino el estómago de todos.

(*) Concejal del Partido Justicialista / Presidente del Bloque de Concejales (PJ/FPV) de Concepción del Uruguay

Fuentes: Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) / www.vaticannews.va / Comisión Episcopal de Pastoral Social (Cepas)