Por Juan Rossi*

La reciente sanción de la Ley de Emergencia Pública de nuevo muestra la incapacidad del gobierno provincial para resolver los problemas fundamentales que limitan el desarrollo de las y los entrerrianos. Esta falta de iniciativa y la difícil situación económica-financiera, agravada durante la pandemia, entre otras cuestiones importante, amenazan la cobertura de salud de miles de entrerrianos.

El desorden y la desidia, las corruptelas de los “kiosquitos” y la falta de voluntad política en décadas de parte de los gobiernos entrerrianos en materia de salud condujeron a una ineficiente y poco transparente política de provisión de medicamentos. Hoy día en la provincia de Entre Ríos, las compras de los mismos son realizadas por cada efector de salud de forma directa. Con sus 65 hospitales y 212 centros de salud, el Estado entrerriano tiene un inmenso poder de compra por ser el principal consumidor de medicamentos de la provincia. Los directores de hospitales bien lo saben, porque la provisión de estos supera el 25% de los recursos económicos que manejan cotidianamente, agotando rápidamente el presupuesto. Se compra caro y con frecuencia, se compra mal.

También los medicamentos son relevantes para las obras sociales. El IOSPER por ejemplo, que se sostiene con el aporte de 300.00 entrerrianos y la contribución del Estado provincial, cerró el balance del año 2019 con un 4% de déficit (280 millones de pesos), destinando el 32% del presupuesto total a medicaciones de alto costo (incluyendo oncología) y el 4,7% en medicamentos de otro tipo. Claramente, en estos días, la situación empeoró.

A las dificultades mencionadas, se suman las peculiaridades del negocio de la industria farmacéutica. En la actualidad los medicamentos, que circulan en mercados con una amplia gama de precios para productos de composiciones químicas idénticas y con tendencias crecientes hacia el aumento de sus precios promedios, provocan en sociedades desiguales como la Argentina, particularmente en los grupos sociales más desfavorecidos, un consumo por debajo del mínimo necesario.

Sin embargo, con decisión política puede romperse esta lógica que impide a los estados garantizar la cobertura universal de los medicamentos, tratándolos como bienes sociales. Como productos con atributos determinados: accesibles y disponibles, de efecto terapéutico científicamente comprobado, de prescripción, dispensado y uso racional, con el máximo nivel posible de calidad y a precios razonables (atados a los costos de producción).

Ante la ausencia de políticas públicas de salud combinadas que provean de medicamentos seguros, eficaces y a costos adecuados, la creación de un laboratorio entrerriano bajo la forma de una sociedad del Estado es una opción que en otras provincias ocasiona resultados positivos. Gestionada de manera profesional y transparente, sometida a los órganos de contralor, ajustada a los modernos estándares de calidad de la industria farmacéutica y con el objetivo de contribuir a garantizar el derecho a la salud, abastecerá de bienes a los efectores de salud y las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que brinden prestaciones de salud. Más de 70 años de experiencia del laboratorio industrial farmacéutico (LIF) santafesino demuestran su factibilidad.

La sociedad del Estado podrá desarrollarse en dos etapas. En la primera, la empresa realizará compras centralizadas según criterios de criticidad, sanitarios, gastos elevados, etc. cuyas magnitudes brotarán de los relevamientos de las especialidades médica de los efectores público de salud y demás. Rápidamente, por la cantidad y la escala de las compras el estado entrerriano y el IOSPER (por ejemplo) ahorrarán mucho dinero, liberando a los directores y responsables de los centros de salud de las compras en sí. En simultáneo, la empresa irá adentrándose en el dinámico mercado farmacéutico con sus jugadores, ofertas y demandas, precios de mercados, regulaciones, patentes, etc.

Los conocimientos y la experiencia acumulada desde dentro del “mundo farmacéutico” combinados con datos estadísticos e información sistematizada en base a las necesidades de los efectores de salud, serán claves en la segunda etapa: de producción pública de medicamentos. Hoy en día, la cadena de valor farmacéutica argentina está estructurada alrededor de los laboratorios privados, porque ellos, al poder definir los precios de venta al público (PVP) de los medicamentos, fijan de antemano los márgenes de ganancias (expresados en términos de descuentos sobre el PVP final) para las distribuidoras, droguerías y farmacias.

De eliminarse las cuantiosas ganancias que terminan en los bolsillos de un puñado de capitalistas (sin descontar los fondos de reserva para inversiones) y con una productividad del trabajo normal, el laboratorio público estará en condiciones de producir medicamentos a valores muy por debajo de los precios actuales de mercado con que hoy se abastece el sistema estatal de salud y las organizaciones de la seguridad social sin fines de lucro. A modo de ejemplo, el LIF produce especialidades médicas por un equivalente al 30% del menor precio del mercado.

Anualmente el gobierno provincial definirá un presupuesto, y el laboratorio público industrial elaborará sus planes productivos según criterios epidemiológicos, qué se consume más en el sistema de salud; sanitarios, producir lo que ninguno hace; y económicos, porque el presupuesto es finito.

La implementación de políticas públicas de este tipo también generará trabajo decente. En el caso de la industria farmacéutica, ocupa fuerza de trabajo calificada, con salarios y tasa de registración superiores a la media de la economía.

Asimismo, contribuyendo con el desarrollo del norte, una posible zona para la instalación del laboratorio sería el centro del norte entrerriano, en Federal por ejemplo. Esta ciudad favorece la conexión con los centros urbanos situados hacia el norte y también, con las dos ciudades más pobladas de la provincia: Paraná a 200 km. y Concordia a 110 km. Otra posibilidad: instalarlo cerca de Santa Fe para que la novel empresa, convenios mediante, aproveche el expertise del Laboratorio de Especialidades Medicinales (LEM) de Rosario o del mencionado LIF de la ciudad de Santa Fe.

Resumiendo, la creación de una moderna sociedad del estado para la gestión de compras centralizadas y producción pública de medicamentos mejorará la cobertura de salud y generará trabajo decente. Ahorrará dinero, y el Estado provincial crecerá en soberanía al momento de garantizar un derecho humano fundamental, como el derecho a la salud. Más adelante, podrá abastecer o intercambiar medicamentos en la red nacional de laboratorios públicos.

*Militante del Partido Socialista