Por Luis María Serroels (*)
Se sabe que quien dilata o se interpone de cualquier modo a un juicio donde está involucrado y busca enredar la investigación, no hace otra cosa que asegurar su culpabilidad. También puede embarrar esa causa que ha venido llevando puntillosamente la justicia provincial basándose en la competencia que jurídicamente corresponde.
En los elementos que dieron apertura a este dilatado juicio (la existencia de un procedimiento ilícito de utilización de contratos truchos en la Legislatura entrerriana con jugosos réditos), jamás se entendió que estas actuaciones fuesen ajenas a la justicia provincial. Ello así porque abundan elementos jurídicamente suficientes que bastan para que esta causa se siga tramitando en los tribunales entrerrianos.
Sobran razones para la prosecución de esta tarea donde siempre estuvo y deberá continuar hasta su finalización.
Se ha dicho explícitamente que nada tiene que hacer en la Justicia Federal. Existen fundamentos suficientes que avalan a la jueza de Garantías, Marina Barbagelata. Y no deja de sorprender la insistencia en pos de adoptar caminos equivocados que no hacen más que dilatar una tarea ya salpicada por planteos que según una fuente judicial sólo buscan propósitos no claros, cuando esta causa ha sido llevada impecablemente en honor a la verdad y absoluta responsabilidad.
Un estudiante de la carrera de Derecho sabe claramente diferenciar las competencias (con más razón quienes ejercen altos cargos en la justicia federal y provincial), tanto como confundir un contrato legítimo de uno “trucho”. ¡Qué más hubieran deseado los corruptos!
Si alguien tozudamente insiste en que tal causa debe ser trasladada al fuero federal, aún con la claridad en que ha sido llevada por los funcionarios provinciales con la limpieza en que lo determina la justicia, no habrá más remedio que darle vía a la Corte Suprema. Y ello, por inveterado que sea, el perjuicio de ciertas costumbres caen en el entumecimiento.
La doctora Barbagelata ha sentado claramente la competencia donde las leyes lo indican. El magistrado federal insiste en el traslado de las actuaciones donde no deben estar según los jueces de Entre Ríos. Los encausados se sentirían de parabienes.
Es lamentable que nuestra justicia provincial sea burlada así como así. Ello implicaría –según los idóneos- un paso erróneo y peligroso que sería incomprensible y hasta un atropello a la justicia entrerriana donde las cosas se han hecho como corresponde.
Quienes conocen sobradamente sobre lo jurídico, se sorprenden cuando advierten el modo en que se favorece a gente corrupta cuando las leyes se aplican mal.
Ya hemos dicho en esta página que en tanto se trate de apañar el delito, distraerse ante la corrupción organizada y bajo la sombra de la mala política, se debe aplicar la ley con todo rigor.
Es bueno recordar que la investigación abarcó el período de una década, desde 2008 a 2018, buscándose determinar un desfalco generado al Estado, mediante celebración de contratos laborales ilegales que servirían para conformar una red de recaudación de fondos no precisamente destinados a financiar obras de caridad.
Es valioso hacer referencia a las palabras de Jean de la Bruyere (1645-1696), “Una cualidad de la justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia”.
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