Imagen de archivo que demuestra la pertenencia de Agustín Siboldi con un estudio de abogados ligado a las energías y que para algunos diputados podría incurrir en un conflicto de intereses.
La Cámara de Diputados elevó al titular del Poder Ejecutivo, Rogelio Frigerio, un Pedido de Informes para conocer cómo se realizó el acto administrativo por el cual fue designado como director de la Compañía Entrerriana de Gas SA, Agustín Siboldi.
La iniciativa fue promovida por el diputado Yari Demián Seyler y contó con el acompañamiento de sus pares en la Cámara Baja en calidad de coautores de Silvia del Carmen Moreno, Andrea Soledad Zoff y Stefanía Cora.
El Pedido de Informe -al que accedió ANÁLISIS- inquiere al Poder Ejecutivo los siguientes puntos:
1) Acto administrativo mediante el cual fue designado como director de la Compañía Entrerriana de Gas SA, el Sr. Agustín Siboldi, número y fecha correspondiente al Boletín Oficial donde fue publicado.
2) Si el Señor Agustín Siboldi continúa desarrollando la actividad de abogado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como socio del estudio O’Farrell.
3) Si el Sr Agustín Siboldi a título personal o el estudio o los estudios de abogados en los que ejerce su profesión tienen como clientes a personas humanas o jurídicas que desarrollen actividades en el sector energético que puedan tener conflicto de intereses en cuestiones relacionadas a la actividad de la Compañía Entrerriana de Gas SA.
4) En caso de que la respuesta al artículo anterior sea afirmativa, solicitamos nombre y/o razón social de los mismos.
5) Si a partir de la designación el Sr. Agustín Siboldi ha renunciado a cargos y/o designaciones en sociedades que tienen como objeto social actividades vinculadas al sector energético.
6) Si el Sr. Agustín Siboldi integra asociaciones y/o cámaras y/o agrupamientos sectoriales cuyas misiones puedan tener conflicto de intereses en cuestiones relacionadas a la actividad de la Compañía Entrerriana de Gas SA.
7) Si el Sr Agustín Siboldi a título personal o el estudio o los estudios de abogados en los que ejerce su profesión tienen como clientes a personas humanas o jurídicas que sean proveedores de la Compañía Entrerriana de Gas SA.
8) En caso que la respuesta al artículo anterior sea afirmativa, solicitamos nombre y/o razón social de los mismos.
Fundamentos
En los fundamentos, los legisladores subrayaron que Siboldi “es o ha sido socio del estudio O’Farrell con sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un reconocido estudio jurídico que representa a renombradas empresas de alcance nacional y/o multinacional”.
“Que a su vez actualmente a raíz de las decisiones del Gobierno Nacional en materia de desregulación de tarifas están produciéndose situaciones que nos preocupan por cuanto son de alto impacto en las economías domésticas como también los sectores productivos, que sin dudas condicionan a futuro las posibilidades y bienestar de los mismos”, resaltaron.
Entre otros conceptos, los diputados quieren velar que la dirección Compañía Entrerriana de Gas SA sea ejercida por un funcionario 2que garantice la defensa y el cuidado de los intereses de los ciudadanos y agentes económicos de nuestra provincia, razón por la cual como legisladores queremos asegurarnos que no exista ningún tipo de condicionamiento ético y/o profesional y/o intereses de otra índole que pueda afectar a esta compañía de los entrerrianos”.
En ese marco, es oportuno aclarar que los diputados no objetan “la idoneidad” de Siboldi, sino que resaltan “la importancia de la transparencia y la imparcialidad en la función pública, razón por la cual consideramos necesario solicitar al Poder Ejecutivo que brinde información detallada sobre los siguientes puntos que se detallan, haciendo especial hincapié en la posible existencia de incompatibilidades y/o conflictos de intereses relacionados con vinculaciones previas con empresas, organizaciones o grupos de interés que pudieran influir en su desempeño en el cargo”.
Cambios público-privados
En la página web del Estudio O’Farrell del que es parte Siboldi, se indica que en la década de los ´90, asesoraron “en la desregulación y privatización de casi todos los servicios públicos –energía eléctrica, gas, agua, telefonía, infraestructura”.
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