El presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, rechazó la nominación del juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema, postura que sentó en una carta que envió en las últimas horas al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

En ese escrito, fundamentando la postura que lleva a rechazar las postulaciones hechas por el Gobierno nacional de Lijo y Manuel García Mansilla para cubrir vacantes en el máximo tribunal, el referente radical señaló que “las nominaciones de dos varones para integrar una Corte compuesta íntegramente por personas del género masculino, resulta claramente inconstitucional”.

“No es admisible efectuar designaciones violando, precisamente, normas constitucionales”, alertó. El recientemente reelecto titular del Colegio Público porteño advirtió que “no es una opción que el presidente de la República deba contemplar la diversidad de género cuando se trate de nominar candidatos o candidatas a la Corte”.

Por el contrario, Gil Lavedra recordó que “la diversidad de género en el tribunal es un mandato constitucional, que deriva de la reglamentación del artículo 99 inciso 4 por el Decreto 222, y también por exigencia de tratado de jerarquía internacional que tienen también la misma jerarquía constitucional”, publicó el portal de Perfil.

“Como los estereotipos, prejuicios culturales y sociales están todavía muy arraigados, muchos cuestionamientos -de personas y asociaciones respecto de las candidaturas anunciadas- han ‘naturalizado’ que no es decisivo que no se trate de mujeres y se han concentrado en los antecedentes, mal desempeño y aptitudes de alguno de los postulantes, además de señalar un supuesto acuerdo político con la principal oposición para intentar controlar la mayoría de la Corte a los efectos de obtener fallos favorables”, agregó Gil Lavedra.

Finalmente, Gil Lavedra indicó que “las candidaturas deben contar con antecedentes irreprochables, solvencia técnica acreditada, compromiso con los derechos humanos, con la democracia y con la ética en la función pública”. “Debe tratarse de personas de aquilatada integridad. Estos elementos permitirán confiar en que desempeñarán su cargo con absoluta independencia, tanto del Gobierno como de otros factores de poder”, concluyó.