Por Fundación Cauce, Cultura Ambiental-Causa Ecologista

Como organización de la sociedad civil reclamamos a quienes toman decisiones de política pública que lo hagan priorizando el bien común. Les pedimos que, habiendo sido elegidos como nuestros representantes, mediante el voto popular de manera directa o indirecta, cumplan con sus deberes constitucionales.

No estamos pidiendo más que eso. En esos deberes y obligaciones constitucionales de garantía y disfrute de derechos por la ciudadanía que, en la mayoría de las ocasiones parecen olvidarlos, se resumen varias acciones que debieran ejecutar y varias omisiones que debieran evitar.

Nuestra Casa Común es de todos y de todas; y es única, no tenemos otra. Debemos considerarla como parte de nuestra existencia, no como un objeto a dominar y cosificar. Así lo han entendido quienes nos han precedido, con hábitos y costumbres armoniosos con nuestra Madre Tierra. Las comunidades ancestrales y originarias nos han enseñado que ella es un sujeto más dentro de su familia y comunidad.

Evidentemente, esta no es la consideración actual que tiene la sociedad contemporánea. Lo vemos a diario, al cruzar el umbral de nuestro hogar. El extractivismo desenfrenado y el consumo desmedido nos han hecho perder paulatinamente y a la vez, vertiginosamente, la empatía y la solidaridad con otros seres humanos y no humanos. Y ello implica que estemos ciegos/as ante lo evidente: la destrucción, el ecocidio de nuestra Casa Común a lo que se suma la inacción y la complicidad de quienes nos gobiernan desde los tres poderes del Estado.

Desde los cargos que ocupan funcionarios y funcionarias en gobierno nacional, gobiernos municipales, comunales y provinciales no se logran avances en términos de protección y conservación de la naturaleza y control de actividades antrópicas que la destruyen. Todo lo contrario, se ven seducidos y seducidas por las presiones de los lobbies inmobiliario, minero y agro ganadero, industrial e incumplen con los deberes y obligaciones que les imponen las normas, desde las locales hasta las latinoamericanas e internacionales.

En nuestra Provincia tenemos una Constitución, reformada en 2008, de avanzada. Pocos artículos son realmente operativos, varias instituciones no están reglamentadas, los principios no son aplicados y las máximas que establece son desconocidas abiertamente. 

Los ejemplos abundan. Se definen proyectos y se comienzan obras sin adecuados estudios de impactos ambientales y consecuencias en la salud y calidad de vida de las comunidades que habitan los territorios, no se otorga debido acceso a la información pública ambiental pues se entrega de manera incompleta, con errores, sin sistematización de datos; la participación ciudadana es considerada un paso administrativo que se desarrolla de manera deficiente sin entender cuál es el momento adecuado para hacerla (siempre post decisiones administrativas y cuando las obras ya están comenzadas o las construcciones/instalaciones ejecutadas). Y podemos seguir enumerando varias y varias situaciones más…

Tampoco en el Poder Judicial encontramos operadores jurídicos que realmente entiendan los conceptos básicos de Derecho Ambiental y de Derecho a la Salud. Existen serios problemas respecto a las normas procesales aplicables a los procesos ambientales y una gran deficiencia en el entendimiento de los conceptos y aplicaciones de los principios ambientales (fundamentalmente, confundiendo el principio de prevención y precaución, que son muy distintos tanto en sus causas como en sus consecuencias). Además, no se considera la necesaria interdisciplinariedad y la intervención de organismos científicos específicos a los efectos de conocer en profundidad sobre determinados temas y, así, de manera muy liviana, y sin conocimientos, información ni datos se aventuran a mencionar y determinar que un ambiente está degradado, que la salud de la población no se vería afectada, que ciertos productos químicos son inocuos, que la capacidad de carga de un ecosistema no se ve superada. Y podemos seguir también…

Pero la pregunta principal que nos hacemos es: ¿hasta cuándo?

Acaso, ¿no se dan cuenta que están hipotecando nuestro futuro y el de nuestros hijos e hijas? ¿En qué mundo piensan vivir dentro de 30 o 40 años? Nos preguntamos realmente si  habilitan la canalización o entubamiento de un arroyo dándole un fin para siempre, o la fumigación con agrotóxicos sobre nuestros gurises, las quemas, la contaminación de nuestros cursos de agua, suelos, aire; la deforestación, la destrucción de humedales, la extracción de minerales sin control porque ustedes, señores y señoras, para ese tiempo en el que todo esté destruido ¿ya no van a estar o estarán en un estado de vejez en el que ya no les importará el entorno?

Esto es un llamado de atención, señoras y señores decisores. El tiempo para legislar, controlar las actividades antrópicas dañinas y tomar buenas decisiones judiciales es ahora porque seguramente mañana ya será tarde.

La Constitución y el pueblo, en sus generaciones actuales y futuras, se los demandan.