Por Santiago Torrado (*)

Los presidentes progresistas de América Latina, o que se ufanan de serlo, se quejan con frecuencia de algunas decisiones judiciales. En un pasaje particularmente convulso de sus diez meses en el poder, el colombiano Gustavo Petro, que ya había alertado de una posible conspiración de los militares para derrocarlo, denunció esta semana un “golpe blando” que amenaza con diezmar en el Congreso al Pacto Histórico, la coalición de izquierdas que lo llevó al poder, mientras las grandes reformas legislativas que se propone siguen atascadas. Casi al tiempo, el mexicano Andrés Manuel López Obrador calificaba de “golpe de Estado técnico” los fallos que buscan frenar las obras de infraestructura insignias de su Administración.

La ambigüedad del mensaje de Petro –que según explicó después se refería a decisiones de la Procuraduría y no de las cortes– provocó críticas y confundió a propios y extraños, pero ilustra las suspicacias que han hecho carrera. La idea de una justicia politizada ha adquirido dimensiones regionales. En medio de los vientos de cambio que ha traído una nueva camada de izquierdas en América Latina, en varios países hablan de persecuciones jurídicas que se ceban con los Gobiernos de la nueva ola rosa. El encuentro del Grupo de Puebla que reunió a finales del año pasado a más de un centenar de dirigentes progresistas iberoamericanos en Santa Marta, en el Caribe colombiano, ya discutía en su agenda el concepto que en el mundo anglosajón se conoce como lawfare.

En ese cónclave, la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, ella misma destituida por el Congreso de su país en 2016, denunciaba “el uso de instrumentos jurídicos para destruir presidentes”, mientras el exmandatario colombiano Ernesto Samper criticaba la “politización de la justicia” que se ha “ensañado” con líderes como el hoy presidente Luiz Inácio Lula da Silva, impedido de concurrir en las elecciones de 2018 por encontrarse preso –sus procesos después fueron anulados por la justicia–. En casos muy disimiles, los líderes del Grupo de Puebla, que han venido trabajando sobre el tema, denuncian las “guerras jurídicas” que han afectado a dirigentes como Lula, Dilma, el ecuatoriano Rafael Correa o el boliviano Evo Morales. También arroparon en marzo a la argentina Cristina Kirchner, y el grupo incluso ha creado un equipo especializado de juristas para trabajar los distintos casos que incluye al español Baltasar Garzón y al argentino Eugenio Raúl Zaffaroni.

El de Petro cuando era alcalde de Bogotá es considerado un caso emblemático de lawfare. El entonces procurador encargado de sancionar disciplinariamente a los funcionarios, Alejandro Ordóñez, un ultraconservador lefebvrista de retórica incendiaria, famoso por su visión católica del Estado, lo destituyó e inhabilitó por 15 años por fallas en la implementación de un nuevo modelo de aseo en la capital colombiana. Petro consiguió medidas cautelares a su favor en el sistema interamericano de justicia, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón en 2020, cuando declaró que el Estado colombiano había violado sus derechos políticos y que debían eliminarse las facultades de la Procuraduría para destituir funcionarios electos por voto popular.

“Las guerras jurídicas son un instrumento de utilización política de la justicia”, dice Samper, uno de los principales articuladores del Grupo de Puebla junto al chileno Marco Enríquez-Ominami y al brasileño Aloizio Mercadante, al que Lula encomendó dirigir el Banco de Desarrollo de Brasil. “Es una manera de ataque que ha encontrado especialmente la derecha para cuestionar, dificultar, obstaculizar o inclusive romper la posibilidad de que haya personajes progresistas que puedan avanzar en la política”, apunta en diálogo con este periódico. Las guerras jurídicas apuntan a causar daños reputacionales, políticos y jurídicos. “Todas las municiones del lawfare tienen que ver con la afectación del debido proceso”, sea la presunción de inocencia, el derecho a la defensa o la segunda instancia. A las guerras jurídicas, añade Samper, se pueden sumar otras estrategias como sembrar desconfianza alrededor de la economía o fomentar la sensación de inestabilidad institucional con el objetivo de eliminar las bases de gobernabilidad. Un repaso al panorama de algunos países de la región.

Del ‘impeachment’ al asalto bolsonarista

En Brasil, la hipótesis de un golpe, que sobrevoló los cuatro años del Gobierno de Jair Bolsonaro, se hizo realidad el 8 de enero en Brasilia. Ese día, una semana después de la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, miles de bolsonaristas radicales entraron por la fuerza en el Congreso Nacional, el Palacio del Planalto (la sede del Gobierno) y el Tribunal Supremo. La movilización de la extrema derecha, que llevaba semanas acampada pidiendo una intervención de las Fuerzas Armadas, se quedó en intento golpista. A día de hoy hay 1.044 personas imputadas, y Bolsonaro está siendo investigado por presuntamente haber instigado a sus seguidores.

Además de la intentona golpista de la capital, en Brasil buena parte de la izquierda considera que el impeachment que la expresidenta Rousseff sufrió en 2016 fue un golpe parlamentario. El presidente Lula también echó mano de la tesis del lawfare para explicar su encarcelación, que le impidió participar en las elecciones de 2018. La divulgación de las maniobras del entonces juez Sérgio Moro y los fiscales para poder condenarle y el archivo de varias causas pendientes contribuyó a fortalecer su relato de que fue víctima de una persecución jurídica que pretendía acabar con su carrera política.

“Me quieren presa o muerta”

En Argentina la tesis sobre la persecución judicial determina la confrontación política desde el comienzo de la investigación del caso de corrupción por el que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue sentenciada a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua. Aunque el fallo todavía no es firme, la número dos del Gobierno ha tratado de instalar la idea de la proscripción. Esta semana lo dejó claro al afirmar, una vez más, que sus adversarios políticos, entre los que la dirigente incluye el sistema judicial, buscan apartarla de la escena política. “Me quieren presa o muerta”, escribió en una larga carta publicada en sus redes sociales. Hacía referencia a dos acontecimientos.

En primer lugar, el intento de magnicidio que sufrió el pasado 1 de septiembre, el hecho más grave que ha convulsionado Argentina en su historia reciente. La Fiscalía descartó que detrás del atentado hubiera un móvil político y decidió terminar la instrucción sobre el ataque centrándose en los tres autores materiales. En segundo lugar, Cristina Kirchner también aludía a su situación procesal. Un tribunal la condenó en diciembre por defraudación al Estado y la absolvió del delito de asociación ilícita. La vicepresidenta rechazó en su momento el falló con unas palabras durísimas: “Esta condena no es una condena por las leyes de la Constitución o el Código Penal. Esto es un Estado paralelo y mafia, mafia judicial”. Y este es el clima que permea la conversación pública y la disputa entre partidos cuando faltan menos de cinco meses para las elecciones presidenciales.

“Golpe de Estado técnico”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mantiene desde hace años un pulso con un sector del aparato judicial al que considera vinculado al pasado político del país. Esta semana, sin embargo, el mandatario fue más allá en sus señalamientos y acusó a los jueces de perseguir un “golpe de Estado técnico” contra su Gobierno. Se refería a la resolución de un juzgado federal que ordenó suspender de forma definitiva la deforestación en cuatro tramos del Tren Maya, una de las obras más importantes de la Administración y, como ninguna otra, emblema de su proyecto político, la llamada Cuarta Transformación.

López Obrador aseguró en cualquier caso que no acatará el fallo judicial y, por tanto, las obras continuarán. “Van a seguir queriendo parar las obras, pero no van a poder porque de acuerdo con la Constitución y las leyes tenemos nosotros el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo”, afirmó.

(*) Esta columna de Opinión de Santiago Torrado fue publicada originalmente en el diario El País de España.