Cupo laboral trava-trans: “Es un triunfo simbólico fuertemente político”, afirmó González

Keily González

“Por supuesto ahora estamos anhelando que se materialice lo más pronto posible. Para nosotras no solamente fue conquistar un derecho sino que fue ganar una gran batalla", celebró González.

La militante de los derechos LGBTI, Keily González, analizó la importancia de la sanción de la ley de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero, que establece que el Estado deberá contratar al menos el 1% de la dotación de la administración pública a personas integrantes de este colectivo.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), González definió que la sanción de la ley “es un abrazo para toda la comunidad que venimos luchando por la sanción de este derecho, que es histórica y anterior a la lucha por la ley de identidad de género”.

“Por supuesto ahora estamos anhelando que se materialice lo más pronto posible. Para nosotras no solamente fue conquistar un derecho sino que fue ganar una gran batalla, porque logramos que en esa institución como es el Congreso –y en este caso el Senado en particular- se apruebe esto y que puedan nombras y salga de esas bocas la palabra travesti, y el reconocimiento de la coexistencia de esta identidad como un posicionamiento político. Es un triunfo simbólico fuertemente político porque es con esas instituciones con las cuales discutimos y las que vulneran el acceso a nuestros derechos”, celebró.

Sobre la importancia de la nueva normativa, señaló que “ser parte de la comunidad trans por su identidad de género, su expresión y su orientación sexual es un factor predominante para la vulneración de derechos, la exclusión, la discriminación, etc. y discutimos con el Estado que es quien debe garantizar esos derechos: el acceso a la vivienda, a la educación, a la salud, al trabajo”.

“Esta ley contempla 15 proyectos de los cuales el principal es el de la Federación LGBT, y es muy similar al decreto 721 de hace 10 meses, tiempo en que el gobierno nacional no generó ningún cambio, por lo tanto su implementación es el gran desafío. Y además la ley actual contempla la precarización laboral, porque no van a ser todos puestos efectivos sino que hay monotributistas, locación de servicios y hasta hay municipios en que se contempla el programa Potenciar Trabajo como un trabajo genuino. Con lo cual no puede ser el Estado el primer precarizador”, explicitó.

Analizó que “según las miradas críticas, la ley es de una discriminación positiva porque además como entendemos que no está la voluntad de contemplar la incorporación de las identidades travas por la estigmatización que hay sobre las mismas, y porque somos fruto de crecer en los márgenes y nuestra educación siempre fue en la calle, siendo expulsadas de nuestros hogares de niñas y empujadas a la prostitución para poder sobrevivir. Entonces, hay una carga estigmatizadora sobre nuestras identidades y por eso la importancia de este reconocimiento simbólico de que cada senador y senadora pueda decir la palabra travesti como identidad política que está en plena lucha y en esta disputa por el reconocimiento de nuestros derechos”.

“Siendo socialista entiendo que esta ley no tiene nada de socialista porque el cupo laborar es una inserción en el mundo capitalista, pero no me puedo oponer a este avance progresivo que le permitirá a mis compañeras tener vidas mucho más vivibles. Por eso abrazo y soy parte de esta lucha que nos tiene a las disidencias siendo parte de ella, y hoy pudimos tomar la política por asalto y arrebatarle este derecho al Estado”, sentenció.

Por último, aunque dijo que no tiene constancia de la ausencia del senador entrerriano Edgardo Kueider (Frente de Todos) al momento de la votación de la ley, definió: “No me sorprendería que no haya estado en la votación o que no contemple la importancia de una prioridad para el colectivo porque es discípulo fiel del gobernador y en la provincia tenemos hace años el cupo laboral trans y no se ha implementado nunca; el gobernador Gustavo Bordet todavía no ha expresado su voluntad política de aplicarlo y las compañeras siguen sostenidas por un plan mediocre de 12.000 pesos que nos les permite ni siquiera pagar alquileres precarios”.

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