El presidente del directorio obrero del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), Fernando Cañete, brindó detalles del conflicto suscitado con el Caice, que comanda el ministro de Salud de la provincia, Guillermo Grieve.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Cañete sostuvo que “ya se vivió una situación similar; el año pasado (Grieve) también ya tuvo una posición similar, de expresarles a los familiares de afiliados internados que el IOSPER no otorgaba los incrementos arancelarios que él requería y los enviaba a reclamar en la obra social, caso contrario se dejaría de brindar las prestaciones. Pero este año, tiene esta función de ministro y eso hace que sea difícil sopesar la situación; no obstante eso, lo que hacemos es garantizar a todos los afiliados que tendrán la continuidad del servicio, ya sea en el CAICE o con cualquier otro prestador que tiene la obra social”.

Puntualizó que “actualmente no llegan a 15 afiliados en rehabilitación que pueden ser tranquilamente tratados, hay dos que están intubados, a quienes posiblemente se les ofrecerá la posibilidad de una internación domiciliaria y el resto tienen rehabilitación que se puede hacer en otros centros. La realidad de esto es que no podemos otorgar ningún incremento superior al que hemos dado que fue del 10% en julio, pero el Caice pretende un aumento superior”.

Aseveró que “hoy tenemos 16 afiliados y le estamos pagando módulos de 2.760.000 pesos cada uno, mientras él está pidiendo alrededor de 3 millones y un poco más por ese módulo, y así con otras prestaciones que pretende aumentos de entre un 20 o 30%”.

De todos modos, reiteró que “nosotros hemos dado información a todo el mundo de que, en estos siete meses, hemos dado casi un 85% de aumento de aranceles cuando la obra social lo que recibió fue un 50% de su actualización de financiamiento. Estamos muy por encima de lo que recibió la obra social y de lo que ha sido la inflación de enero a la fecha. Aparte de eso estamos abonando en tiempo y forma, mañana o pasado, a menos de 18 días de haber entregado la facturación estaremos abonando el mes de julio”.

Admitió asimismo que “en estos momentos hay familiares de afiliados que están reclamando en la puerta de la obra social y ya encomendé a los gerentes que se los atienda para explicarles esta situación y que nosotros nos comprometemos para continuar la prestación del servicio, sea con el Caice o con cualquier otro prestador”. En este marco, acusó a la entidad médica de “extorsión” porque “si se junta a todos los afiliados y le dicen que no van a dar más servicios y que cortan el servicio, cuando hay algunos pacientes que están internados es una manera de presionar, lo tomo como una extorsión”.

Consultado por la negociación con Caice, indicó que “a la carta documento la envió una especie de CEO que tiene el Caice pero a las negociaciones las lleva adelante el propio ministro. Cuando ocurrió esta situación, convoqué al asesor médico y a los dos gerentes, definimos la cuestión presupuestaria y en función de eso determinamos los pasos a seguir. En este caso el asesor médico del IOSPER, Osmar Yasda, es quien tiene contacto directo con la negociación con el doctor Grieve, en virtud de que se discuten cuestiones técnicas médicas, yo le doy las directivas en función del presupuesto y la razonabilidad económica que tiene la obra social para ver hasta dónde podemos llegar. El 14 de julio recibimos una carta documento y desde ese momento, una o dos veces por semana estuvo en comunicación directa con el doctor Grieve. E incluso esta mañana Yasda me informó que el doctor Grieve se comunicó para manifestarle que, si hoy no tenía una respuesta favorable al aumento arancelario superior al que hemos dado, a partir de mañana estaría en condiciones de no brindar más servicio”.

Aclaró que “ese es un procedimiento que no corresponde, porque lo que debería hacer el Caice –independientemente del corte de la relación contractual- es seguir manteniendo los pacientes internados hasta que se les dé el alta y los pacientes ambulatorios nosotros tomar la decisión de darles otros servicios”.

En cuanto a la posición del ministro que siendo funcionario público negocia como prestador privado con la obra social, Cañete consideró: “A mi juicio hay incompatibilidad, según me parece, pero no soy yo quién para determinarlo. Por esto ya estuve en conversación con el equipo de abogados para saber si mi rol como funcionario público no amerita que haga una presentación ante algún organismo para cubrirme la espalda, porque si como funcionario creo que hay una comisión de delito, debo denunciarlo. Porque si no, voy a terminar siendo responsable yo”.

Por último, sobre posibles acciones del gobierno provincial contra la obra social analizó: “Creo demasiado inteligente al gobernador como para que tenga alguna acción de esa naturaleza, no obstante lo cual, estoy tratando de hacer todas las cosas para generarme los debidos resguardos y que no ocurra absolutamente nada”.  

Imagen de archivo de la sede central del Iosper.

El Iosper ratificó la voluntad de sostener el convenio con el Caice