La entidad que recauda las retribuciones de los artistas y productores de fonogramas, AADI - CAPIF, le envió una carta documento al municipio reclamándole a la comuna el pago de una factura del año 2000 por 200 pesos, más intereses y gastos. En el Ejecutivo local entienden que el reclamo que hace AADI- CAPIF se debe a la música fonograbada que se escucha en el teléfono cuando alguien se comunica con la municipalidad.

La entidad envió una carta documento para que la Municipalidad de Gualeguaychú y pretende cobrar por el hecho que al llamar por teléfono, se ingresa la comunicación a la central, y mientras la persona espera en línea ser atendida, rompe el silencio el Vals a Gualeguaychú.

Se trata de una intimación para que la Municipalidad le pague a AADI – CAPIF porque “en el predio sito en calle Irigoyen 75, se comunicó al público el sonido de música fonograbada”. Y en ámbitos del Ejecutivo comunal aseguran que el reclamo puede ser únicamente por la música del Vals a Gualeguaychú que se escucha en el teléfono, ya que consideran que no existen otros sonidos difundidos al público.

El primer reclamo fue presentado por la entidad en marzo del 2002. En una nota firmada por el gerente de recaudaciones, Ricardo Sangiovanni, se le informaba al municipio que en los registros de AADI-CAPIF no existía cancelación de retribuciones por derechos de difusión de música fonograbada.

Según la entidad recaudadora, se trata de la falta de pago de la factura 01-030850 usuario Nº 106251 por un monto de 200 pesos, que oportunamente habría sido entregada en la Secretaría de Gobierno. Sin embargo, y de acuerdo a lo que pudo averiguar El Día, la deuda que reclama AADI CAPIF no está registrada y la boleta no se encuentra.

La carta documento está fechada el 13 de abril pero llegó a Legales de la comuna a fines de julio, firmada por el apoderado legal de la entidad, el abogado Javier Delupí. En la misma se intimó al Municipio para que “en un plazo de 72 horas de recibida la presente abone las retribuciones de los derechos adeudados con más sus intereses y gastos”.

Finalmente, para el secretario de Gobierno, Sergio Delcanto, que desde la entidad que defiende los derechos de autores y productores hay “demasiado exceso de celo, para con el municipio y para con el comercio, en un afán recaudatorio que no entendemos”.