Este martes 3 de junio se inicia en los tribunales federales de Comodoro Py un juicio clave para el sector cultural que pone bajo la lupa la gestión de recursos públicos en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Los ex presidentes del organismo Liliana Mazure y Jorge Álvarez, quienes encabezaron el INCAA entre 2005 y 2013, enfrentarán cargos por presunta defraudación al Estado en el marco de una causa que también involucra a tres conocidos productores audiovisuales. La Justicia investiga una supuesta maniobra sistemática de otorgamiento irregular de subsidios para producciones cinematográficas, en la que se habrían liberado millones de pesos sin los controles requeridos por ley.

La investigación judicial, que se remonta al año 2007 y fue impulsada por el fallecido juez Claudio Bonadio, sostiene que durante más de una década se firmaron convenios con productoras que recibieron aportes económicos significativos, muchas veces anticipados, sin verificar el avance efectivo de las producciones ni exigir la presentación de documentación respaldatoria adecuada. En la mayoría de los casos, no se habrían exigido balances finales que permitieran constatar en qué se utilizaron los fondos entregados, lo que habría facilitado el desvío de recursos y el incumplimiento de los compromisos asumidos.

Según la elevación a juicio, los funcionarios avalaron desembolsos sin implementar mecanismos de seguimiento que permitieran comprobar si las películas avanzaban conforme a lo previsto. En varios expedientes, incluso, se detectó que las películas comprometidas nunca se realizaron o no fueron entregadas, generando un daño económico concreto al Estado nacional. En algunos casos, los aportes superaron el porcentaje máximo autorizado por la Ley de Cine N° 17.741, que permite al INCAA financiar hasta el 70% del costo total de un proyecto. También se firmaron adendas que modificaron las condiciones originales de los convenios sin justificación clara.

Los ex funcionarios llegaron a esta instancia procesal acusados como coautores del delito de defraudación contra la administración pública. Por su parte, los productores Fernando Sokolowicz, Pablo Luis Rovito y Alejandro Juan Tossenberger serán juzgados como partícipes necesarios de la maniobra. La Fiscalía argumenta que el esquema de administración de fondos implementado durante esos años generó un circuito opaco de financiamiento, sin la rendición de cuentas correspondiente, lo que favoreció el desvío de recursos en perjuicio del patrimonio estatal.

La causa reviste especial gravedad, no solo por el volumen de fondos comprometidos, los cuales se tratarían de cientos de millones de pesos en subsidios durante el período investigado, sino también por el impacto institucional que puede tener sobre un organismo clave en el fomento de la producción audiovisual nacional. La fiscalía considera que este proceso servirá para establecer responsabilidades individuales en un contexto donde la falta de controles, la laxitud en los criterios de rendición y la firma de convenios sin respaldo adecuado generaron un terreno fértil para la irregularidad.

A lo largo del juicio se presentarán decenas de pruebas documentales, testimonios de funcionarios actuales y anteriores, y peritajes contables que buscarán determinar el grado de responsabilidad de los imputados.