Según la resolución judicial, a la que tuvo acceso La Nación, los acusados habrían cometido el delito de contrabando "al dificultar, mediante ardid y engaño, el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones, realizando actos con el propósito de someter a la mercadería a un tratamiento aduanero y fiscal distinto al que corresponde a los fines de su importación, y haciendo uso de autorizaciones especiales y certificaciones expedidas contraviniendo las disposiciones legales y específicas que regulan su otorgamiento con el fin de obtener, respecto de la mercadería que se intentó importar, un tratamiento aduanero o fiscal más favorable al que correspondiere y mediante la presentación ante el servicio aduanero de documentos adulterados necesarios para cumplimentar la operación".
Los procesados, según el expediente judicial, fueron el presidente de la Asociación Argentina Adventista del Séptimo Día (Aaasd), Carlos Gill Krug; el tesorero de la Aaasd, Carlos Giménez Graf; Roberto Giaccarini, que trabaja en la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) desde 2002; Oscar Ramos, rector de la UAP; Jorge de Sousa Matías, vicerrector de la UPA, y la despachante de aduana Nilda Saira.
A Gill Krug, Giménez Graf, Giaccarini, Ramos y De Sousa Matías se le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 2.000.000 de pesos. Para Saira el embargo fue hasta cubrir la suma de 600.000 pesos. Todos continúan el proceso en libertad.
El caso se hizo público en julio pasado, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General de Aduanas informaron que "al realizar la verificación se pudo constatar la existencia de mercadería sin declarar que viola el régimen de donación. Surgió, además, la existencia, prima facie, de una operación de contrabando documental y físico".
Según la AFIP y la Dirección General de Aduanas, se descubrieron televisores de pantalla curva de 65 pulgada; otros de 75 pulgadas, de tecnología Android TV; aparatos Samsung Smart TV de 46 pulgadas; computadoras All in One HP Pavillion, PC All in One, iMac de Apple, discos rígidos de 6 Tera byte, memorias expandibles de 1 Terabyte Samsung, placas de video de Intel, dos drones profesionales con filmación, tablets y telefonía celular de alta gama, como ser iPhone 4 y iPhone 6, y iPod. Había, además, una consola de sonido digital y una filmadora de cine.
"El análisis armónico de las probanzas colectadas indicaría también que el cargamento de tanto desecho, elemento inservible, obsoleto y arcaico podría haber sido usado para, entre tanto bártulo, confundir la mirada o virar la atención de los agentes controladores sobre los objetos electrónicos y de la medicina comprados en el exterior que se intentaron hacer pasar como donados", afirmó el juez federal González Charvay en su resolución.
Según la investigación judicial, parte de la mercadería se compró en el exterior. "Es decir no fue donada”, explicó el magistrado. “La compra de los productos embarcados se realizó, en su mayoría, durante el período comprendido entre noviembre de 2015 y mayo del año pasado, en operaciones vía internet a través de diferentes páginas tales como amazon.com, shop anatómica, Paypal, Gaylord, Archival, Best Buy, entre otras, por parte de De Sousa Matías", explicó el juez.
Para el juez González Charvay, es "muy probable" que hubieran existido otras operaciones de importación previas de "similar matriz".
"Gill Krug, en principio, habría ilícitamente sacado provecho, o permitido que sus consortes de causa lo hicieran, de los permisos y exenciones conseguidas como entidad religiosa, asociación de asistencia social, caridad, beneficencia, educación e instrucción y sin fines de lucro, en un claro beneficio de su resultado: evadir el pago de los tributos aduaneros e impositivos. El nombrado, en su calidad de presidente, como autoridad máxima de la Aaasd, debió arbitrar los medios necesarios para que se cumpla con el exclusivo propósito que tales autorizaciones tenían a los fines de garantizar un uso legítimo de aquéllas", afirmó González Charvay en su resolución.
Pero además de la productos electrónicos comprados por Internet y ocultados en la supuesta operación de donación en un primer cotejó "se advirtió la existencia de insumos hospitalarios con vencimiento operado y/o en mal estado; distintos productos sin sus respectivos envoltorios; desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros médicos y clínicas para la salud humana y animal; desechos de medicamentos y productos farmacéuticos para la salud humana y/o animal; sustancias infecciosas o desechos que podrían contener microorganismos viables o sus toxinas, agentes conocidos o supuestos de enfermedades en los animales o en el hombre".
La maniobra
Según publicó, en tanto, Infobae, las escuchas del caso permitieron descubrir la maniobra.
El 22 de julio del año pasado, el pastor Jorge de Sousa Matías le dijo a un confidente desde su teléfono celular, claramente preocupado: "No para que lo comentes, pero por ahora estamos mal, nos bajaron todo y hace tres días que están abriendo cada caja. Sigan orando". Quizás, de cara a la situación, el hombre necesitaba más que plegarias para salvarse. Cuatro días después de ese llamado, De Sousa Matías recibió una comunicación de una mujer de su entorno con una sugerencia un poco inusual para un hombre de su investidura y fe: "Pastor, ¿no habrá algún político influyente con el que se pueda hablar?". "Buena idea", respondió el hombre: "Estamos viendo lo del político influyente".
De Sousa Matías, al momento de esa comunicación, era el vicerrector de la Universidad Adventista del Plata, el ala educativa en Entre Ríos de uno de los mayores cultos cristianos de la Argentina, precisamente, la Iglesia Adventista, o la Asociación Argentina de los Adventistas del Séptimo Día, tal como está registrada ante la AFIP, con 1055 templos inscriptos en su unión en todo el país.
Sin embargo, lo que De Sousa Matías ignoraba al hablar con tanta preocupación como soltura era que su teléfono estaba siendo intervenido por orden del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en una causa instruida junto al secretario Matías Latino. Poco después, el vicerrector y pastor terminaría allanado y detenido.
No estaba solo en el expediente: la cúpula nacional del culto cayó junto a él. Fueron investigados Carlos Ursus Gill Krug, también pastor y presidente de la Asociación, la cabeza nacional del culto, Carlos Daniel Gimenez Graf, su tesorero y Roberto Osvaldo Giaccarini, director de ADRA, la asociación de ayuda humanitaria del culto así como apoderado de la Asociación. La acusación en su contra: contrabando.
En su indagatoria, el pastor De Sousa Matías respondió sobre los artículos médicos vencidos con una excusa curiosa: dijo que era para "un centro de simulación médica" con fines educativos, "el único en el país", para ser usado con fines educativos, no en seres humanos sino "en muñecos". El pastor Gill Krug, por su parte, aseguró no saber nada en su propia indagatoria y cargó todo el peso en el vicerrector de la Universidad. La despachante Saira aparece con consejos para el ardid. "En lugar de pantallas que diga equipamento para aulas", le escribe a De Sousa Matías en un mail. El hombre cuenta luego en un correo electrónico a una tercera persona cómo Saira se ofreció a "ir a Cancillería" para agilizar trámites con el Consulado argentino en Washington D.C.
De Sousa, por su parte, fue señalado como el responsable de recolectar las donaciones del culto para Argentina en Estados Unidos. La división Delitos Federales de la Policía Federal fue la encargada de investigar la documentación secuestrada, una pesquisa que llegó hasta la sede porteña del culto adventista en la calle Uriarte. Delitos Federales detectó que toda esta maniobra de envíos disfrazados se vendría realizando al menos desde 2013. También, la división determinó que existe un amigo americano: un tal "John Grinswell", con base en Texas, que se habría encargado de canalizar a través de ADRA compras en sitios como Amazon y Best Buy con pagos vía Paypal, el servicio online de depósitos con tarjeta de crédito, algo fácilmente rastreable.
Esto es un giro inaudito para una organización a simple vista higiénica en sus manejos que hizo de la vida recta y sin vicios el centro histórico de su discurso. La Iglesia Adventista no solo controla la Universidad en Entre Ríos: también cuenta con clínicas y sanatorios en zonas como Belgrano, además de sus "centros de vida sana" para tratar adicciones, tabaquismo y obesidad. Controla la cerealera Granix, reconocida por sus galletitas entre otros productos.
Con 25 domicilios fiscales en todo el país registrados por la Asociación y sin contar múltiples subsidiarias y satélites, la Iglesia creció exponencialmente en la última década. En 2006, por ejemplo, cerró su balance de acuerdo a registros comerciales con un activo de 203 millones de pesos. Dos años después, esa misma categoría ascendió a 275 millones. Hoy, el poderío es mucho mayor: los últimos datos del Banco Central reflejan una deuda reciente de la Asociación entre cinco bancos de 210 millones de pesos en total.
Foto: Afip.
