El artículo 35 del proyecto que llevó al Congreso el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dispone que el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF) eleve su participación, al menos, al 56 por ciento en lo que hace al pago retiros, indemnizatorios y pensiones de sus beneficiarios. En tanto la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) pagará el 44 por ciento restante, o menos. Hoy día, el IAF paga el 46 por ciento, y la Anses el 54 por ciento restante. Este salto del 10 por ciento, estimado entre los 3.200 y los 3.700 millones de pesos de costo adicional, se restará del fondo de capitalización con el que cuenta el IAF, hoy valuado en más de 28.200 millones de pesos.

En la práctica, el IAF, un organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Defensa y a cargo del radical entrerriano Fabián Rogel, deberá destinar cerca del 13 por ciento de su cartera de inversión al pago de gastos corrientes, lo que en la práctica conllevará además una lenta descapitalización y menos fondos para responder a los requerimientos de militares activos y retirados.

La novedad, que se venía rumoreando desde hace semanas en el Edificio Libertador, sede de Defensa, y en varias dependencias, provocó un hondo malestar entre los militares activos y pasados a retiro, que ven al IAF (una suerte de AFJP en el ámbito público) como “la caja propia”. Es que el dinero de la capitalización proviene de la retención del 11 por ciento sobre los sueldos brutos de los activos, más otro 11 por ciento a los jubilados. Una “contribución” sin consenso.

Los cambios sobre el cálculo de los retiros y pensiones militares fue algo de lo cual en el IAF dijeron haberse enterado por el Presupuesto, dando a entender que se procedió sin acuerdo al respecto. Incluso Rogel se entrevistó en junio de 2017 con Dujovne para solicitarle una reducción del porcentual que pone el organismo para el pago de los retiros, algo que, salta a la vista, no surtió los efectos previstos. Abonando esa explicación, los militares señalan al ministro de Defensa, Oscar Aguad, y a su entorno de asesores cordobeses por “ofrecer” la “caja” de retiros y pensiones a la Jefatura de Gabinete y al Palacio de Hacienda como una “contribución”, un “esfuerzo” de la jurisdicción, para llegar al equilibrio fiscal primario en las cuentas públicas.

El presupuesto de Defensa, de acuerdo a la previsión del Ejecutivo, será en 2019 de 100.301 millones de pesos, un 16 por ciento menos en términos reales, dado el incremento nominal de 26 puntos, tras cerrar un año con la inflación, al menos, del 42 por ciento. Más del 83 por ciento de sus esenciales, como el racionamiento de alimentos y combustibles, pero se les amenaza con acabar con una fuente financiera y de previsibilidad que les otorga créditos hipotecarios y personales, a las tasas más bajas del mercado. En diversos ámbitos interpretaron que la decisión, habilitada por Aguad, es una forma de satisfacer al gobierno ante la drástica reducción del presupuesto de Defensa, sin afectar el nivel de funcionamiento de las tres fuerzas. A cambio de este “esfuerzo”, entienden, y del “ahorro” final sobre las cuentas de la Anses, el gobierno dispondrá las sumas necesarias para el gasto operacional. En concreto, que haya combustible y comida en los cuarteles.

(Cronista Comercial )