Cuando comenzaba el presente año casi se daba como un hecho que en marzo o abril el gobierno entrerriano y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) estarían firmando un convenio mediante el cual se habilitaría que la casa de altos estudios garantizara la revisión técnica vehicular en la provincia.

De ahí en más se abriría un plazo no mayor a los seis meses para que la UTN llamara a licitación y el ganador del concurso pusiera en marcha el sistema, por lo que en poco más de un mes (en septiembre) habría talleres habilitados en Entre Ríos.

Desde aquella seguridad de principios del año poco y nada se ha conocido sobre el particular. Es decir que todo sigue como cuando se realizó un anterior intento de revisión vehicular, del que quedaron cuatro talleres más o menos instalados, pero sin funcionar. Hoy habría que partir casi desde cero.

Proyectos… proyectos

Por aquellos días, al ser consultado el secretario de Planeamiento e Infraestructura, Guillermo Federik, explicó que con la UTN “además de ser un organismo estatal con el cual podemos tener convenios de cooperación recíproca, como de hecho ocurre en muchas otras materias, resulta que cuenta con un know how al respecto”.

La Universidad creó especialmente un instituto que le permite llevar adelante el control en varias provincias. Es decir, que ha desarrollado un modelo perfectamente aplicable a estos casos. Por eso se la tuvo en cuenta para la firma del convenio.

Cuando a Federik se le preguntó quién administraría los talleres, el funcionario respondió que el sistema “será concesionado a partir de un mecanismo que la UTN tiene en aplicación: por su cuenta, aunque con la auditoría del Estado provincial, llamará a licitación para la operación y explotación del servicio”.

Se le planteó, también, cómo el Estado provincial ejercerá la auditoría general. “En la auditoría provincial estará representada la Dirección de Seguridad Vial de la Policía y la Dirección de Transporte, además de la Secretaría a mi cargo, que es la contraparte que firmará el acuerdo con la UTN: lo que se controlará es que el servicio se preste, que el nivel de las instalaciones sea el adecuado y después tendrá que resolver los porcentajes de efectivización de la revisión, de lo que depende el pago del canon”, señaló, antes de recordar que “al cobro lo hará la provincia, mediante la liquidación del Impuesto Automotor; de ahí, entre el 82 y el 85 por ciento de lo efectivamente revisado le paga a la UTN que, a su vez, le transferirá un monto (a decidir en la licitación) al concesionario”.

Según señaló el funcionario, sería un operador privado el que administraría los cinco talleres fijos y los tres móviles que funcionarían, y que ese operador surgiría de un concurso nacional al que convocaría la UTN.

A esto agregó Federik que serán muchos los beneficios que quedarán para la provincia, ya que no serán de su responsabilidad ni los procesos licitatorios ni la operación; cobrará por Patente a la totalidad de los propietarios de vehículos y pagará sólo por lo efectivamente revisado. La tarifa será la más baja.

Sistema transparente

Con las diferencias que se obtengan entre lo recaudado y lo abonado por canon, se prevé conformar un fondo que la provincia, a través de una comisión que está a cargo de la secretaria general del Ministerio de Gobierno, Lucila Haidar, destinará anualmente a acciones que estén vinculadas con la seguridad vial, como campañas o programas para optimizar la señalización” pero que nada tendrán que ver con mejorar las condiciones de operación del sistema, que dependen exclusivamente del vínculo que se establezca entre la UTN y el concesionario”, señaló el secretario de Planeamiento.

Federik insistió en las ventajas del sistema: “Es más transparente, evita que el concesionario manipule recursos; además, fija taxativamente el valor de su trabajo, con lo cual se impide que en los talleres se ceda a la tentación de cobrar cualquier cosa, por ejemplo cuando se acerca la temporada de vacaciones: es el Estado el que recauda y paga contra prestación”.
El servicio será prestado en las plantas que serán transferidas a la UTN, que deberán ser adecuadas conforme un prototipo de taller para que sean de línea continua, con poca espera, según se proyecta.

Lo que hay

Mientras tanto, en Entre Ríos los controles están a cargo de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía, un organismo creado en 2006 y cuya función es garantizar el cumplimiento de la ley nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

La Policía efectúa controles en rutas nacionales y provinciales para comprobar que los vehículos estén en condiciones de circular, que tengan la documentación en regla, luces, balizas, cinturón de seguridad, matafuegos, que las cubiertas estén en buen estado, que no estén excedidos en el número de ocupantes y que los conductores no hayan consumido alcohol.

En otra parte, Gendarmería Nacional lo hace sobre vehículos de transporte de pasajeros y de carga en rutas nacionales, a partir de un convenio firmado con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), por delegación de facultades.

La “oveja negra”

La revisión técnica es una exigencia a nivel mundial y uno de los puntos contemplados en la ley 26.363, norma modificatoria desde 2008 de la ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 24.449 vigente desde 1995.

Es el control periódico del estado mecánico y de la emisión de gases contaminantes de los automotores y lo realizan obligatoriamente millones de vehículos como requisito para circular.
Pero Entre Ríos es la única en el país que no exige una Revisión Técnica Obligatoria para vehículos particulares. La Dirección de Transporte lo que hace es extender certificados en los que se hace constar que la verificación no es obligatoria.

En la provincia sólo están obligados a realizar la inspección técnica los colectivos de empresas que prestan servicio de transporte de pasajeros, para lo cual están habilitados cuatro talleres privados en las ciudades de Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. En el caso del transporte de carga, aunque no es obligatorio, se realizan revisiones de aquellos camiones que lo solicitan porque prestan servicios interjurisdiccionales.

Algunos municipios –como el de Gualeguaychú- obligan a realizar verificaciones periódicas de aquellos automóviles que prestan un servicio de transporte de pasajeros, como taxis, remises y transportes escolares, y plantean algunas restricciones para el uso de láminas de polarizado.

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En su momento, el director de Prevención y Seguridad Vial de la Policía entrerriana, comisario mayor Gustavo Maslein, admitió que “en las reuniones del Consejo Federal de Seguridad Vial se planteó la necesidad de unificar criterios en todo el país, y para eso Entre Ríos tendría que adherir a la ley nacional y habilitar los talleres que realicen las verificaciones, pero en la provincia todavía no se ha hablado de eso”, algo que también reconoció el director de Transporte, Hugo Godoy, para quien esto es “una materia pendiente”.

(Fuente y foto: Diario El Argentino)