Paula Litvachky y Manuel Tufró, especialistas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), analizaron las políticas de seguridad durante el kirchnerismo. Continuidades y diferencias entre el Gobierno Nacional y el de la provincia de Buenos Aires.

En relación al gobierno nacional, los integrantes del CELS (de cercanía con el kirchnerismo, pero con críticas en materia represiva) señalaron ambigüedades y contradicciones entre el discurso y el obrar. La designación de Berni al frente de la Secretaría de Seguridad durante el último tiempo del gobierno de CFK es un punto de tensión de dichas contradicciones: "Fue una marca, fue una forma de relación de la política con la fuerza. No sé si explica solo por Berni. Hubo una decisión política de no avanzar en una serie de reformas. Hubo un debate político que se definió de una manera determinada", señaló Tufró.

"Aun así, nosotros encontramos diferencias claras entre Nación y Provincia. En relación a la posibilidad de tratar temas graves de violencia institucional, impugnar funcionarios o abordar el tema del narcotráfico de un modo más complejo. En el gobierno nacional existieron matices, tensiones y también contradicciones. La pregunta ahora será: ¿qué pasará con el nuevo gobierno?", agregó.

En ese sentido, para Litvachky "nunca hubo desde el gobierno político un mensaje claro, políticas concretas, que implicaran repensar la Bonaerense o por lo menos problematizarla como parte del problema de la seguridad", señaló en relación al cuerpo de mayor caudal policial de nuestro país y centro de centenares de denuncias y críticas sobre vejaciones de derechos humanos. En ese sentido, lamentaron la ruptura en el proceso de reformas que inició León Arslanián. Asimismo, alertaron sobre el poder que tiene la policía Bonaerense y la postura del kirchnerismo de dicha provincia de hacer un pacto de gobernabilidad con las fuerzas de seguridad.

"La Bonaerense tiene problemas vinculados con la agenda de los derechos humanos y también hay incapacidad para construir una policía que pueda enfrentar dinámicas propias del delito. En todo caso, hubo desde el gobierno intentos por mostrar políticas efectistas, como puede ser la saturación policial del territorio. Y un mensaje que habla de la 'manzana podrida' cuando se descubre algún caso de práctica ilegal. No se puede ver que detrás de eso hay un problema institucional, estructural. Existió un claro pacto de gobernabilidad", agregó la especialista.

El problema de la inseguridad y el narcotráfico

Hasta en los especialistas en materia de estudios sociales parece natural que un gobierno deba realizar un pacto de gobernabilidad con las fuerzas de seguridad que deberían bregar por el bienestar del ciudadano y ser funcionales al gobierno electo por el pueblo. Este pacto se impone por el caudal de poder que la policía como institución ha acumulado a lo largo de años y años de libertad de acción. Esta libertad ha causado que las fuerzas que deberían combatir al delito, como estructura, son parte del crimen organizado. Una visión estructural y no de 'manzana podrida' es lo que reclaman los especialistas.

"Hay un problema grave de gobernabilidad de la Bonaerense. Además, falta profesionalizar una estructura que mantiene prácticas muy violentas en su relación con el territorio. Y, por supuesto, muy ligadas con los negocios ilegales. Hay una idea que se impuso que tiene que ver con la saturación del territorio: muchos policías, formados en muy poco tiempo para estar en la calle. No están formados para delitos complejos. Eso coincide con un discurso de lucha contra el narcotráfico", agregó Tufró. Esta política de seguridad se puede trasladar a lo que sucedió en nuestra provincia con la superpoblación de policías, luego del conflicto por sedición a finales del 2013.

- ¿Esa saturación de policías tiene algún efecto concreto?

"A veces sirve para correr geográficamente ciertos problemas. Hay muchos policías presos, de alta jerarquía, vinculados con bandas narcos. Hay que desmitificar algo: nunca es solo narco. Es una estructura de negocios vinculada con diferentes redes de delitos. Puede ser el narco o para ser más específicos, la comercialización de estupefacientes. Hay que poder determinar si son bandas internacionales o se trata de otra cosa. Nunca queda muy claro. Lo que pasó en San Martín es tan grave como lo que pasó en Santa Fe. Y a nivel mediático no tuvo mayor repercusión. Sabemos que a nivel de las instituciones de Seguridad (provinciales y nacionales) sí existió mucha preocupación. Porque es un problema, más en tiempos electorales, que esa estructura tan complicada gane autonomía. Qué se hace con eso, es otra cosa", resaltó Litvachky.

Por su parte. Tufró señaló: "Es una decisión de cálculo político. No se tiene un diagnóstico sobre los efectos que eso tiene. Nadie sabe si eso baja o no el delito. Eso opera sobre el sentimiento de inseguridad. Sí se conoce que algunos delitos bajan, sobre todo en el primer momento de esa política. Después, se reacomodan las piezas y todo vuelve a funcionar como antes. Es un cálculo que se hace a partir de una demanda concreta.

Para finalizar, Litvachky señaló en relación a las propuestas del nuevo gobierno en la materia: "Está además la definición de narcotráfico como principal problema, cuando no queda en claro que se quiere decir con eso. Es una etiqueta que genera alarma y que permite plantear medidas de excepción, de urgencia, punitivas. Nunca se explica demasiado el tema. Las medidas que se proponen no son muy diferentes a otras que se dieron en el pasado y que no dieron mucho resultado. Volviendo a tu pregunta sobre el macrismo, no parece haber en los funcionarios que asumen, en los diferentes niveles, una reflexión muy profunda sobre los problemas que las policías tienen. Para nosotros la policía es parte del problema".