“Hay que esperar que el fallo se convierta en definitivo, aquí sólo hay trascendidos”, aseveró el titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) Santiago Gaitán en alusión al juicio que mantiene un grupo de trabajadres y jubilados de la entidad contra el Estado entrerriano cuya resolución se encuentra a la espera del dictamen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, sostuvo que “abonar 1.500 millones de pesos sería una catástrofe para la próxima gestión”, que asumirá el 10 de diciembre. Desde diversos sectores destacan que en total el juicio costará unos 350 millones de pesos. El dirigente recordó que “fui secretario general de la Federación dos veces y conozco muy bien el sistema, es decir que ese cálculo es certero. No di una cifra irresponsable”.

En diálogo con el programa A Quien Corresponda que se emite por Radio Del Plata Paraná el dirigente señaló continúa la pulseada judicial con unos 1.400 trabajadores y jubilados viales por un lado, y el Estado provincial por el otro. Según consigna el semanario ANALISIS de este jueves los obreros de esa repartición invocaron para el planteo el Estatuto Vial de reajuste de haberes y, con esa base, pidieron que se reajustaran sus sueldos.

Así, un fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) les dio la razón, y -en posición de desventaja- la provincia planteó un recurso extraordinario, por lo cual el asunto se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde algunas fuentes aseguran que permanecerá por un largo tiempo.

“La cifra de 1.500 millones de pesos no es desorbitada, pues Vialidad gasta millones anualmente y el Estado tiene una deuda de 15 años con la entidad”, continuó Gaitán, pero mencionó que “hay que esperar que el fallo se convierta en definitivo, pues sólo se cuenta con trascendidos”.

Acto seguido, admitió que la problemática planteada por los trabajadores “a favor o en contra es una bomba de tiempo” y especificó que se trata de juicios individuales “que exceden el derecho gremial”, porque cada empleado vial está representado por un abogado particular al que se deben abonar los honorarios pertinentes.

Además, y en un intento por realizar una síntesis del proceso judicial sostuvo que el mismo “tiene varias aristas” y mencionó que la cifra de la deuda provincial “no es para nada irresponsable y tiene basamento”.

En ese sentido, aseveró que una de las particularidades del litigio radica en que “la Corte Suprema no va al fondo de la cuestión sino al procedimiento” y explicó que por ello “este juicio ya está ganado por los trabajadores”, mientras que la provincia deberá buscar alternativas para cubrir la deuda.

Inmediatamente después, consideró que la cuestión no originará una catarata de demandas contra el Estado provincial, pero acotó que “nadie toma el tema con la responsabilidad que amerita y se llega a esta situación”.

En otro orden, se refirió a los supuestos entredichos que habría mantenido con el gobernador electo de la provincia, Sergio Urribarri y admitió que ambos “tienen una charla pendiente” que deseaban entablar el pasado lunes aunque por diferentes cuestiones no pudieron reunirse.