(de ANALISIS DIGITAL)

Personal de Policía Federal con asiento en Paraná y varios de sus pares de Santa Fe detuvieron esta mañana a trece integrantes de una red del narcotráfico de Paraná. Entre ellos aparece el director de la Unidad Penal de Mujeres de la capital entrerriana, Victorio Bernardo Aguirre, al igual que su hermano, como parte de una serie de allanamientos realizados en los barrios Paraná XVI y San Agustín, al igual que en Colonia Avellaneda. La disposición la adoptó el juez federal paranaense, Leandro Ríos, pero la venían trabajando desde hacía un tiempo con la Justicia Federal de Santa Fe y Rosario, según trascendió.

En los allanamientos –para lo cual se utilizaron cerca de 200 hombres, en su mayoría procedentes de la provincia de Santa Fe-, además del funcionario penitenciario, también fue detenido su hermano Guillermo Pedro Aguirre, quien pasó por el servicio carcelario, pero había sido dado de baja años atrás por un hecho delictivo menor. Según se supo, Aguirre tenía una estrecha amistad con Marcelo Alejandro Acosta, ex chofer oficial de la Gobernación y actualmente preso en una cárcel de Santiago del Estero, tras habérsele encontrado 20 kilos de cocaína en mayo del año pasado, en proximidades de Rosario. Sucede que Aguirre estuvo primero trabajando como chofer en un área dependiente de la Gobernación -a partir de 2006- y luego pasó a ocupar un mismo lugar en el Servicio Penitenciario, donde en marzo de 2011 fue dado de baja.

En los operativos también quedó detenido Nicolás “Gordo” Castrogiovanni, un joven de no más de 32 años, que en los últimos años se había transformado en uno de los jefes del narcotráfico en la zona de Paraná XVI y San Agustín. Castrogiovanni es hijo de un policía retirado de la provincia. En poco tiempo, el narco logró un fuerte desarrollo en el negocio de la cocaína, con cifras económicas importantes y con conexión directa con Bolivia, desde donde le llegaba la droga. De hecho, le arrebató buena parte del negocio de la zona a Elbio Gonzalo Caudanna, otro de los jefes narcos de la capital provincial. Junto a él quedaron otros dos detenidos: un integrante de la Policía de Entre Ríos, en actividad, el sargento Rodrigo Medina y su padre, Hugo Medina, quien se retiró de la fuerza policial hace ya un tiempo. A ellos dos le secuestraron 2 kilogramos de cocaína de máxima pureza que, al parecer, habría pertenecido a Castrogiovanni y ellos la tenían oculta en su vivienda. El sargento Medina está destinado en el destacamento del barrio Mosconi de Paraná. Fueron detenidas además Liliana Ruiz, Edith Torres y Lorena Bianchi, al parecer allegadas al grupo que lideraba Castrogiovanni. Lo propio sucedió con Iván Castrogiovanni -hermano del jefe narco-, David Victor Villaverde, Germán Andrés Gómez y Fernando Manuel Gómez. Estos dos últimos cumplieron funciones en la Municipalidad de Paraná entre marzo de 2012 y septiembre de este año, según pudo determinar ANALISIS DIGITAL.

Las vinculaciones podrían extenderse a miembros de la familia de los Aguirre, varias de ellas en el servicio penitenciario de Paraná, desde donde se operaba con el negocio del narcotráfico, utilizándose incluso bienes del Estado. Por ello fue que quedó detenida la mujer de Guillermo Pedro Aguirre, Evangelina Priscila Alvarez, que es también agente del Servicio Penitenciario de Entre Ríos desde el 2010.

En poco tiempo, este es el caso más grave que involucra a un integrante del Servicio Penitenciario, por el rol de director del citado Victorio Aguirre. En junio de 2012 fue detenido el agente Gabriel Antonio Ríos, cuando iba conduciendo la ambulancia de la denominada Funeraria Paracao, que estaba a nombre de su mujer, Silvia Villanueva, según consta en los registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), también funcionaria penitenciaria. La firma había arrancado a mediados de 2011 con el negocio que, además de traslado de “cadáveres”, sirvió también para el movimiento de enfermos del Hospital Militar de la Segunda Brigada de Caballería Blindada de Paraná para tratamiento de hemodiálisis, previo acuerdo comercial.

Pero fueron noticia el lunes 25 de junio de 2012, cuando la ambulancia en la que iba Ríos fue interceptada por un operativo de control de Gendarmería, en el cruce de la ruta nacional 12 y la provincial 6, a escasos kilómetros de Paso de la Patria, en Corrientes. El jefe del control se comunicó con el Juzgado Federal de Corrientes y pidió una orden para requisar la ambulancia. Cuando llegó la orden judicial, los gendarmes se encontraron con cuatro bultos compactos dentro de la funda morguera y otros ocho envoltorios negros ajustados con cinta adhesiva de color ocre en el cajón de madera. Además, llevaba consigo la pistola 9 milímetros que le daba el Servicio Penitenciario. En total, aparecieron unos 350 kilogramos de marihuana en los ataúdes. Antes ya habían determinado que los datos aportados por Ríos, del certificado de defunción, eran absolutamente falsos. El carcelero fue dado de baja por el Servicio Penitenciario de Entre Ríos y luego fue condenado por la justicia correntina. Pero fue una sentencia leve. Al poco tiempo quedó en libertad y nadie más se acordó de su historial.

Cerca de las 23 fueron derivados a la Unidad Penitenciaria de Paraná la mayoría de los detenidos, a excepción de Victorio Aguirre y Evangelina Priscila Alvarez, quienes permanecieron en la sede Paraná de la Policía Federal. Si bien algunos familiares de los detenidos acudieron al abogado Marcos Rodríguez Allende para que se ocupara del caso, en función de su experiencia, éste último no aceptó la defensa de los imputados por su rol de funcionario público, según pudo saberse.

“Vamos a esperar la definición de la justicia federal”

El ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, dispuso la “inmediata” separación de la fuerza policial de la provincia del director de la Unidad Penal de Mujeres de Paraná, Victorio Bernardo Aguirre, detenido ayer en el marco de un operativo dispuesto por la Justicia Federal en el que produjeron arrestos y se secuestró droga en la capital entrerriana.

“Se van a sustanciar las investigaciones administrativas necesarias para llegar al fondo de esta situación y tomar las medidas que correspondan”, dijo el funcionario provincial.

“Nuestra fuerza de seguridad está integrada por miles de hombres y mujeres honrados y que trabajan día a día arriesgando su vida. Que tienen un enorme coraje y a quienes una situación como ésta les duele como policías y como seres humanos”, añadió Urribarri.

“Lamentablemente hay quienes no merecen la honra de una institución policial como la nuestra. Vamos a esperar la definición de la justicia federal respecto de la situación de este integrante del servicio penitenciario. En tanto se sustancie la causa fue separado de su cargo y desde la Policía provincial ya se inició la investigación administrativa”, explicó el ministro.

"Las verdaderas víctimas son los que no tienen la oportunidad de elegir, otros pueden hacerlo y optan por un camino que suele no tener retorno. Ellos responderán ante la Justicia", culminó el ministro.