"Estoy totalmente en desacuerdo con la medida tomada por el tribunal. Hemos sido desprestigiados durante mucho tiempo en la docencia y lamentablemente estos fallos nos siguen desprestigiando", protestó la directora departamental de Escuelas de Colón, María Elizabeth García de Serpa.

También el director de Escuelas de Paraná, Roque Caviglia, cuestionó la decisión judicial. "Hay una resolución -precisó- que establece cuáles son las normas éticas que un alumno debe observar para ser abanderado. En este caso, la alumna no las respetó y por eso le quitaron la bandera".

Para Caviglia, "esta resolución de la Justicia afecta la autoridad de la escuela, y cuestiona una resolución del Consejo de Educación, que es muy prolija".

Sin embargo, el juez del Superior Tribunal de Justicia e integrante de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal, Carlos Chiara Díaz, dijo que con el presente fallo "no se interfiere en las cuestiones propias de las instituciones", pero que la Justicia debe actuar "cuando se encuentre afectado algún derecho constitucional" como, afirma, efectivamente ocurrió con la alumna entrerriana.

Puntualmente, el juez sostuvo que "para aplicar la medida no se tuvo en cuenta el derecho de defensa de la alumna" y cuestionó además "la proporcionalidad de la pena". En otras palabras, consideró que el castigo fue excesivo.

"Es una alumna excelente, abanderada, al que no se le dio la oportunidad de explicar su actitud, y con la medida de tal tenor perdía la calidad de ejemplo que supo ganarse por su desempeño", dijo Chiara Díaz en declaraciones reproducidas por La Nación.

El Consejo General de Educación estableció que las sanciones a los alumnos deben tener carácter educativo y no punitivo, y, mediante una resolución normativa, que debe garantizarse el derecho a réplica de los alumnos sancionados.

El juez Chiara Díaz admitió que ese instrumento existe y rige también para el instituto privado al que acude la alumna sancionada, pero consideró que en el caso puntual "no se respetó el derecho a la defensa". "La medida que tomó la escuela va en contra de los objetivos de la disciplina que se pregona y no cumple con los propios reglamentos internos que debería permitir escuchar a alumna", agregó.

La abogada Miriam Claría, asesora legal de organismo estatal en materia educativa, no sólo cuestionó la decisión judicial, sino también la de los padres de la alumna por acudir a los tribunales. "Antes, cuando un chico volvía de la escuela con una sanción, los padres le preguntaban por qué, qué había hecho. Ahora no, los padres se ponen del lado de los hijos y cuestionan lo que decide la escuela. Eso genera que se arme una costumbre en la que, socialmente, la escuela no puede llamar la atención a sus alumnos", planteó.

"Nosotros no somos revisores naturales de las medidas disciplinarias, pero los tribunales están a disposición de la gente cuando crea que no se respeten sus derechos", respondió el juez Chiara Díaz.