Por Luis María Serroels
Especial para ANALISIS DIGITAL

¿Cuál sería el temor de Gustavo Bordet a revelar la verdadera situación de las cifras del Estado provincial y consecuentemente atribuír responsabilidades por errores u omisiones en el manejo de la cosa pública? ¿Es correcto que estos datos deban buscarse por fuera?

El 16 de enero analizamos declaraciones del ministro de Economía Hugo Ballay, donde descarnadamente daba cuenta de la colosal deuda pública, la insuficiencia de recursos para atender los haberes de activos y pasivos y los acotados plazos en que se deberán cancelar obligaciones (el festival de letras lanzadas al mercado por el gobierno anterior, que hoy continúa, tarde o temprano le pasan facturas a las arcas oficiales).

El tarifazo para el consumo dé energía, en una provincia a la que desde hace tiempo no se le ha tenido compasión al fijarse el costo por kilovatio, no se detiene. No es lo mismo un incremento del 250 % para el consumo eléctrico de los pudientes privilegiados de Puerto Madero (habitualmente subsidiados en los servicios de luz, gas y transporte), a partir de venir pagando entre 25 y 60 pesos por mes, que un promedio del 35/45 % en la ya abultada tarifa entrerriana, en un territorio donde se asienta la Represa Hidroeléctrica Binacional de Salto Grande.

En medio de este latigazo, terció la Defensoría del Pueblo de Paraná, planteando al secretario de Energía de la provincia, Raúl Arroyo, la necesidad de analizar el aumento tarifario, requiriéndole datos sobre la conformación del incremento y pidiendo la realización de una audiencia pública para debatir el tema.

Sobre esta sensible cuestión, el diputado Gustavo Zavallo (UNA) denunció que en las facturas de electricidad que recibe el usuario entrerriano promedio, un 59 % del monto se compone de tasas e impuestos. Según el legislador, la propia Secretaría de Energía de la Nación consigna en un informe que Entre Ríos “se ubica a la cabeza en la lista de provincias con mayor carga impositiva en la energía residencial, trepando al 50 por ciento”. Zavallo propuso una disminución de esa carga “a fin de atenuar el aumento de la tarifa de luz (…) se trata básicamente de cuidar el bolsillo de los entrerrianos”, dijo.

Pero el nuevo impuestazo –del cual aún se desconoce cómo se traducirá en el rubro Automotor a partir de lo que sucede con el Inmobiliario-, está siendo impugnado por los diputados del bloque Unión Popular-Frente Renovador, Alejandro Bahler y Mariela Tassistro, quienes dicen haberse enterado cuando el hecho estaba consumado.

Advierten –y no es novedad- que en 2015 el gobierno manejó especulativamente la cuestión impositiva cuidando no poner en peligro sus chances electorales pero perjudicando las finanzas de la provincia. Está claro que en esta materia como en las tarifas, el no gradualismo en el manejo de los ajustes siempre conduce a acumular cargas que terminan depositándose con mayor dureza sobre los indefensos usuarios. Y peor aún, con un cuadro de depreciación salarial en el caso de los agentes públicos, librados a la impericia e insensibilidad gubernamental.

Entienden los legisladores que este ajuste no fue consultado con su bloque y mucho menos tratado formalmente, porque las sesiones ordinarias aún no comenzaron. Alguien comentó que en cierto pliegue de la ley de presupuesto 2016 estaría oculta una autorización urribarrista para efectuar estos incrementos, pero al margen de cualquier aspecto jurídico, la falta de criterio y una especie de “abuso preventivo” han quedado certificados. Los nuevos montos son muy groseros y esta cadena de impuestazos significan para los gobernados “otra vez sopa”.

Así las cosas, el último fin de semana se dieron declaraciones que instalan un cambio de rumbo impensado en la estrategia de Bordet respecto del otrora prosternado Sergio Urribarri ante Cristina Fernández, que significó un grave retroceso institucional. Y además hubo duros cuestionamientos del sempiterno diputado del FPV José Allende, hacia el ex gobernador, por su sed de poder mirando hacia la normalización del justicialismo (un retardado paso sobre el cual el vicegobernador Adán Bahl –extrañamente sacado de escena- ha lanzado duras advertencias). Bordet colocó a Urribarri entre los posibles candidatos para conducir el Consejo Nacional partidario, pero no faltan quienes recuerdan que se trata de una persona denunciada penalmente por presuntos actos dolosos (¿es este el paradigma que necesita el movimiento para superar su crisis?).

Las buenas migas de Bordet con el macrismo -provocadas más por necesidades perentorias que por afecto y cuya satisfacción resultará compleja- lo llevaron a expresar que no tendría problemas en apoyar la propuesta argentina a los fondos buitres. No deja de ser pragmática esta postura en tanto a los gobernadores les salpicará muy fuerte el resultado final, tanto en lo bueno como en lo malo.

“Hay acuerdos para asegurar la gobernabilidad. El presidente necesita llevar sus programas adelante”, dijo el gobernador en un lenguaje que debe haber erizado la piel de los cistinistas puros. Aunque es bueno recordar que la escasa muñeca y corto vuelo negociador del inexperto Axel Kicillof hizo que nuestro país vea elevarse en 6.000 millones de dólares la deuda con los holdouts. Es que se exhibió una gran prepotencia, como si Argentina fuera la nación acreedora.

Las picantes declaraciones del diputado Allende dirigidas al ex gobernador, con duros reproches, no son casuales. Seguramente percibe que su destinatario se va quedando fuera del esquema político del sucesor y ello lo lleva a caer en desgracia con riesgos de un desgaste con destino de ocaso.

Si a la situación urticante ante la justicia se agrega el paulatino avance de un rechazo que se hallaba larvado pero que ahora empieza a asomar, está claro que quien hasta hace unos meses acumulaba poder soñando con ser presidente de la nación, hoy no sabe si podrá seguir presidiendo la cámara baja. Sorprende que Bordet lo avale, porque además el concordiense está sufriendo el presente griego que le dejó su copoblano.

Es bueno advertir que quien salió a torear a Urribarri, dispone de riendas adicionales para conducir el carro interno, por su condición de Secretario General de UPCN, un gremio que aglutina a una buena porción de agentes estatales. Alguien cercano al ex mandatario chicaneó que Allende también tendrá que rendir cuentas ante los jueces, pero lo que importa es el hoy y mal de muchos consuelo de tontos. ¿Quién tendrá el lomo más duro?

El sindicalista observó que “sacando al gobernador somos todos militantes”, rematando que “los personalismos son los que casi han hecho que este justicialismo se vea derrotado”. El destino del flechazo es fácilmente advertible. Apenas días después, desde el Frente Renovador de Entre Ríos se difundió un extenso, meduloso y preciso informe de sus técnicos contables sobre la grave situación fiscal de la provincia. El déficit en este rubro que en 2011 fue de 457 millones de pesos, arribó a 2015 con un proyectado de 4.000 millones, porque “se gasta más de lo que recauda”, sintetizan.

Sobre la deuda flotante, indican que al culminar 2007 era de $ 339 millones, alcanzando los 3.119 millones al finalizar 2014, desconociéndose aún las cifras de 2015 (la deuda pública consolidada, según datos oficiales, asciende a 13.000 millones de pesos. En Análisis Digital del pasado jueves se publica el extenso trabajo sobre el cual el gobierno debería dar explicaciones y certezas. Este descalabro tuvo como principal artífice a una persona que se pasó mintiéndole a los entrerrianos hasta ser devorado por su relato.

Como dijera alguien sabiamente: “¿Quieren saber el tamaño de una mentira? Muy fácil: midan el largo de la explicación por el ancho de la excusa”.