Por Betiana Spadillero Gaioli, de ANALISIS DIGITAL

Las organizaciones pusieron al doctor Tomaselli nervioso, le hicieron saber que cualquier funcionario está bajo la mirada de la sociedad civil. Sin embargo, el juez subrogante recibió la sutil contención de los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Con preguntas evasivas y remarcando que la Cámara Alta oyó las críticas sobre el accionar del letrado en el caso de la niña que no pudo acceder a un aborto legal, los legisladores buscaron sortear una situación que los puso en aprietos.

De todos modos, no salieron airosos, en cuanto la demanda por que se cumpla la ley vigente continuará con la misma fuerza. Siguiendo el tratamiento de la propuesta realizada por el Ejecutivo y presentando ante Urribarri un recurso de gracia. “Es un pedido al gobernador, que en definitiva tiene la última palabra, porque de acá el pliego pasa al Superior Tribunal de Justicia y luego es el gobernador el que termina de darle forma al nombramiento”, precisó a este medio Carolina Comaleras, del Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders) Entre Ríos.

Marcando presencia

Como pocas veces se ha visto, al ingreso de Casa de Gobierno personal policial revisaba bolsos y carteras de quienes se proponían ingresar al recinto del Senado. Hasta allí se trasladaron integrantes de diversos espacios y personas comprometidas con los derechos humanos: Red Alerta, Mujeres Tramando, la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) Paraná, la agrupación Todas con Cristina, Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, entre otros.

La audiencia inició con la presentación de Tomaselli, quien destacó su carrera judicial. Ponderó que comenzó en el fuero Laboral y luego se incorporó al de Familia. “Creo conocer la materia desde el nacimiento del juzgado, participé en su formación. Por eso me motiva no sólo profesional, sino personalmente estar al frente de un grupo que trabaja esta temática”, comentó el abogado.

Al momento de las preguntas, el legislador por Diamante Daniel Kramer fue el encargado de consultarlo sobre el abordaje de los abusos sexuales de menores. “Hemos trabajo con el equipo técnico y llegamos a elaborar un pequeño manual, donde se daban a entender los pasos a seguir. Incluye una tabla sobre los tipos de lesiones”, explicó. Sin reconocer la existencia de un protocolo de actuación específico que funciona en la provincia para estos casos.

Respecto a la violencia de género que tiene lugar en el ámbito intrafamiliar, se expresó en contra de la conciliación entre las partes. Según apuntó, “está prohibido por ley esta metodología entre personas que tienen un trato desparejo en cuanto al manejo del poder”. Resaltó también que el número de causas por violencia familiar aumenta en forma “paulatina” y aseguró: “Nunca tuvimos pocas causas, por eso es un tema que especialmente nos preocupa”.

Estas afirmaciones abrieron el paso para consultar al abogado sobre el caso de la niña embarazada producto de una violación y cuyo acceso a un aborto terapéutico se vio demorado por una innecesaria judicialización, logrando que la madre de la menor finalmente retire el pedido. La argumentación giró en torno a la defensa de los derechos del niño: “No puedo dejar de aplicar una normativa de la cual la Argentina debe sentirse orgullosa. Que no haya participación de un niño en un proceso en el que se ve involucrado, es razón de nulidad”, resumió.

Eso fue todo. No se habló de que se trató de un abuso sexual, cuya investigación se sigue en tribunales de Colón, ni de violencia de género. Tampoco se reformularon las preguntas. De hecho, ante el pedido de que opinase sobre el proyecto de los diputados nacionales Raúl Barrandeguy y Julio Solanas (FpV) para que se modifique el artículo 86 del Código Penal, Tomaselli deslizó: “Al artículo -referido a casos de aborto no punible- siempre se lo trató como una capítulo aparte por sus diversas interpretaciones. Nunca mereció una interpretación ni una aplicación unívoca”, se excusó, y consideró que la iniciativa sería “aclaratoria” para los funcionarios de la Justicia.

Y punto final. Se levantó la audiencia pública. Se levantaron además los carteles exigiendo justicia, con algunos comentarios, reclamos e interpelaciones al abogado y también a los senadores. “Cómo podemos confiar en ustedes. Miren cómo se están desempeñando”, exclamó una joven. Entre lamentos y fuertes críticas, el recinto volvió a quedar semi vacío.

En el patio de Casa Gris continuaron las deliberaciones. “Estábamos al tanto de cómo iba a ser la audiencia, no esperábamos gran compromiso, pero sí alguna muestra de dignidad por parte de los senadores en el modo de preguntar y de llevar adelante este caso en particular”, asentó Cristina Ingleson, integrante de Mujeres Tramando.

No obstante, enfatizó que desde las organizaciones rescatan lo positivo: “Hemos podido poner este tipo de cuestiones en debate público y la ciudadanía habla de esto, está al tanto, conoce, es como que varias caretas se han caído. Eso es importante. Le falta mucho al debate todavía, pero bueno, ese paso nos da energías para seguir”, sentenció.

Fotos: ANALISIS DIGITAL