S. M.
“Es todo un tema”, sostuvo resignado un alto funcionario nacional al ser consultado por ANALISIS sobre la situación del Programa Federal de Salud en Entre Ríos (Profe).
Es que desde hace casi un año se viene denunciando la situación irregular que el programa ha mantenido y a pesar de los anuncios, no se ha logrado revertir el precario escenario por el que han pasado distintos empleados sospechados de actos de corrupción, funcionarios con débil empeño por revertir los procedimientos que como moneda corriente se han dado en el seno de esta repartición y que fueron puestos al descubierto en varios números de este semanario en ediciones del año pasado.
Así también los legisladores nacionales Juan Carlos Lucio Godoy, Sergio Varisco y Carlos Jaime Cecco lo han dejado asentado en los fundamentos de un proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, en donde resuelven “dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que a través de los organismos que correspondan se sirva informar sobre la situación actual del Programa Federal de Salud aplicado en la provincia de Entre Ríos”.
Entre los fundamentos se mencionan los datos que a través de la investigación periodística realizada por ANALISIS tomaron estado público: “Ya son varias las denuncias públicas que apuntan al Programa Federal de Salud (Profé) en donde beneficiarios del programa se lamentan de pasar un verdadero calvario a la hora de hacerse de una prestación”, sostienen los diputados nacionales de Entre Ríos al tiempo que vuelcan la información suministrada por este semanario respecto de las multas aplicadas a la provincia y sus correspondientes montos.
Por ello, en sus fundamentos indican: “Toda la ciudadanía, pero en especial los que estamos en la función pública, debemos prestar singular atención ante hechos dudosos que pueden empañar el desarrollo de programas sociales, y esto reviste de mayor importancia si estamos hablando de un programa que busca asistir a personas con alguna imposibilidad física o mental”.
De este modo, uno de los principales argumentos que presentan se basa en las sanciones económicas que recayeron sobre la provincia por el atraso en la rendición de información pertinente al programa, tal como lo reseñara este semanario en su edición del 20 de julio y el 5 de octubre del año pasado, donde se constató la aplicación de dos multas por 12.700 pesos en cada oportunidad. Del mismo modo se hace referencia a la deuda de 2,5 millones de pesos surgida del trabajo realizado por auditores internos impuestos por el Ministerio de Salud y Acción Social de la provincia, que a su vez dio lugar a un sumario administrativo en función de los sobreprecios detectados y a las serias irregularidades administrativas que -como vuelven a señalar también los diputados Godoy, Varisco y Cecco- “dan cuenta de compras directas, falta de cotejo de precios de medicamentos y las respectivas licitaciones, la adulteración de firmas, e inclusive el ‘destroquelado de expedientes’, una modalidad que implica quitar los comprobantes de medicamentos en trámite administrativo”.
Asimismo, agregan que “las sospechas sobre estas irregularidades derivaron en la separación del cargo de la coordinadora técnica administrativa Alba Balocco. La ex funcionaria denunció que el accionar de las autoridades de Salud provincial está viciado de nulidad absoluta, al tiempo que se considera un chivo expiatorio de un área ambicionada por varias personas”.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
