Desde la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas informaron sobre su “inquietud y desaprobación a los Estudios de Impacto Ambiental presentados en relación al proyecto de habilitación de la vía navegable desde Paysandu-Colón hasta Concordia-Salto”. Informaron que dirigieron “estas mismas críticas y observaciones al Sr. Alejandro Nardin, de la Secretaría Técnica Comisión Administradora del Río Uruguay, y a los consultores de dicho organismo”.

“La participación social es crucial en estos proyectos porque permite que las comunidades y organizaciones aporten sus conocimientos y preocupaciones. Garantiza que las decisiones consideren las perspectivas locales y los intereses comunes. Sin participación activa, se corre el riesgo de pasar por alto impactos significativos de carácter social y ambiental. Específicamente en las comunidades que dependen del río. La inclusión de la sociedad en el proceso de toma de decisiones es esencial para sociedades con justicia social y ambiental”, agregaron en un comunicado.

Y completaron: “Hay que evaluar estos proyectos con una visión integral de la cuenca. O sea analizar no solo la zona específica del proyecto, sino también afectaciones sobre toda la cuenca. Esto incluye posibles impactos aguas arriba y aguas abajo, la calidad del agua, la biodiversidad, la salud de los ecosistemas, y los posibles efectos en las comunidades que dependen del agua para la vida y el trabajo”.

En relación a los estudios desde la Asociación formularon las siguientes observaciones:

“Inexistente visión de cuenca: Los estudios realizados limitan su enfoque al área del proyecto de canalización, careciendo así de una visión integral de la cuenca. Esta limitación impide abordar impactos sociales y ambientales no estudiados, violando principios fundamentales de prevención y precaución.

Evaluación Ambiental Estratégica (EAE): La ausencia de una Evaluación Ambiental Estratégica es evidente. La sucesión de hechos propuestos, con probabilidad de consumarse en etapas a corto y mediano plazo, requiere una EAE previa. Tanto la normativa vigente del Ministerio de Ambiente de Argentina, como la Constitución de Entre Ríos respaldan esta necesidad, considerando que la provincia es la titular originaria de los bienes naturales que podrían ser afectados.

Licitaciones sin finalización del proceso de estudios y participación social: Resulta sorprendente la convocatoria a licitaciones sin la finalización de estudios exhaustivos y la participación social correspondiente. Esta práctica omite consideraciones cruciales para la toma de decisiones informadas y la protección de los bienes comunes.

Instamos a una revisión exhaustiva de los estudios presentados, la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica y la inclusión de la participación social como componente esencial en la toma de decisiones relacionadas con este proyecto.

Destacamos la importancia de considerar los impactos acumulativos de la intervención propuesta, como la necesidad de estudios más profundos sobre los procesos acumulativos de impactos a mediano y largo plazo. Además, subrayamos la ausencia de evaluaciones sobre las condiciones naturales del río y la necesidad de transparencia en los Términos de Referencia de los consultores.

Entre las preocupaciones específicas, destacamos la afectación a áreas protegidas, como el Sitio Ramsar Palmar Yatay, y la falta de consideración de la Ley 10735/2019 que declara áreas naturales protegidas en la región.

Enfatizamos la importancia de aplicar el principio precautorio y solicitamos la participación de los organismos ambientales nacionales y provinciales, así como la conformación de un Panel de Expertos Independientes para la evaluación de los estudios. En su estado actual, el proyecto actual no puede continuar. Proponemos la construcción social de los Términos de Referencia para una Evaluación Ambiental Estratégica.

Solicitamos por último la extensión del plazo para observaciones, para lograr la participación activa de comunidades y organizaciones sociales, promoviendo un diálogo de saberes entre diversos actores interesados en la preservación de los ecosistemas asociados al Río Uruguay”.