El Estado y la petrolera, tanto en el gobierno de Mauricio Macri como con la actual administración, pretendían que la causa pase a tramitarse en Argentina.
En una audiencia celebrada este miércoles por la jueza de Garantías de Colón, Natalia Céspedes, se dispuso la prisión preventiva de los cinco imputados por el hecho que tuvo como víctima al ingeniero Pascual Viollaz, de Villa Elisa.